El acuerdo entre el Gobierno y el Govern de la Generalitat de Catalunya para acometer la ampliación del aeropuerto de El Prat había provocado una sacudida del momento político a varios niveles. En primer lugar, se trataba de un gran pacto entre dos administraciones que en los últimos años se han dado la espalda a raíz del conflicto político catalán, y nada menos que a las puertas de la mesa de diálogo, que previsiblemente tendrá lugar la próxima semana.

También se trataba de un acuerdo polémico que generaba tensión a las dos partes. El proyecto, en el que el Ejecutivo tenía pensado invertir la cantidad de 1.700 millones de euros, amenazaba con afectar a la zona de La Ricarda, un espacio protegido por la red Natura 2.000, por lo que se había granjeado el rechazo frontal de numerosos colectivos y espacios ecologistas, municipios de la zona, y también la oposición de Unidas Podemos (socio de Gobierno de Sánchez), de los comuns y de las CUP, entre otros partidos de izquierdas.

La situación se había vuelto incómoda en los últimos días debido a la presión y a las críticas (está prevista una manifestación el día 19 de septiembre en contra de las obras), y lo único que mantenía vivo el proyecto era el acuerdo y la unidad entre el Gobierno de Sánchez y el Govern de ERC y de Junts. Sin embargo, de forma sorprendente, el Ejecutivo anunció el miércoles que suspendía la operación y paralizaba la inversión; la ampliación de El Prat no será una realidad, al menos de momento.

Ahora, tanto desde el Govern como desde el Gobierno se señalan mutuamente como los responsables del fracaso y, pese a que ambas administraciones han desvinculado este hecho de la mesa de diálogo, los recelos y la desconfianza parecen haber vuelto a apenas una semana de que se convoque este foro.

Para el Ministerio de Transportes (el departamento que cerró el acuerdo en la Comisión Bilateral con el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró) lo que dinamitó el proyecto fue la marcha atrás de ERC y de Pere Aragonès, que, a juicio del Gobierno, se descolgó del acuerdo.

Aunque la ampliación parecía inamovible, en las últimas semanas los independentistas han pasado, según el Ejecutivo, del 'sí' a las dudas y de las dudas a las críticas. La presión de los movimientos ecologistas, de las CUP y de los comuns en Catalunya pusieron a ERC en una posición complicada respecto al impacto ambiental que el proyecto podría tener en La Ricarda. El pasado viernes, Transportes empezó a detectar lo que califican como "mensajes negativos" por parte de Aragonès y de otros dirigentes de Esquerra hacia el proyecto.

Aragonès denuncia una "maniobra de presión" del Gobierno

La gota que colmó el vaso fue el anuncio de la portavoz de la formación independentista, Marta Vilalta, sobre que ERC acudiría a la manifestación que se ha convocado en contra de la ampliación de El Prat; incluso, Vilalta dejó la puerta abierta a la posibilidad de que acudiera algún consejero del Govern.

El Ejecutivo de Sánchez no ve coherente la posición de los de Aragonès y no se quiere exponer a las críticas después de haber mostrado su disposición a invertir 1.700 millones en Catalunya. Pese a todo, desde Transportes aseguran mantener la "mano tendida", pero avisan de que un proyecto de esta envergadura no puede llevarse a cabo sin consenso.

Por su parte, ERC y Junts han mantenido la unidad a la hora de responsabilizar al Gobierno del fracaso de la ampliación del aeropuerto. Aragonès ha elevado el tono contra Sánchez y ha advertido de que "no vamos a aceptar esta maniobra de presión del Gobierno español". "Esto necesitaba tiempo y diálogo. Con la decisión de ayer, se constata que en Madrid no tienen voluntad de diálogo y que desprecian mantener espacios protegidos de la Unión Europea. Lo que plantean es que o deciden ellos y aceptamos nosotros o nada. Y eso no lo podemos aceptar. Y nunca han tenido la intención de invertir en Catalunya. Ponen como excusa la falta de consenso con la Generalitat", ha argumentado el president del Govern.

Sin embargo, ha precisado que ERC no había respaldado ni acordado la ampliación del aeropuerto hacia el este, donde se encuentra el espacio protegido, como constaba en el acuerdo que sí suscribió su vicepresidente, Puigneró (Junts), con Transportes.

El propio Puigneró ha coincido con Aragonès en responsabilizar a Sánchez del fracaso del proyecto, pero ha criticado las declaraciones de ERC en contra del acuerdo y el hecho de que anunciaran que acudirían a la protesta del día 19: "Yo no he roto ningún acuerdo ni he dicho que iría a ninguna manifestación. Los gobiernos tienen que ser maduros, todos ellos y no dar volantazos".

Pese a todo, el vicepresident de la Generalitat ha mostrado la intención de seguir negociando y ha defendido que el pacto sellado con Transportes "es un buen acuerdo". Aragonès ha insistido en separar el conflicto surgido a raíz de la ampliación de El Prat de la mesa de diálogo y ha asegurado que "si las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno central se han tensionado, la mesa de diálogo es más necesaria que nunca".