Las elecciones generales de 2011 fueron las que llevaron a Mariano Rajoy por primera vez a La Moncloa, y ahora la Audiencia Nacional investiga si la trama Púnica también financió irregularmente la campaña del presidente en las mismas, según informa El Confidencial.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comenzó la investigación a principios de este año siguiendo una pista sobre la empresa madrileña Gráfica Punto y Seguido ante las sospechas de que esta sociedad pudo ayudar a sobrepasar los límites de gasto electoral del PP de Madrid.

Antes las dudas, la UCO solicitó toda la "documentación vinculada con los trabajos facturados en el año 2011" por Gráficas Punto y Seguido en favor de la fundación Fundescam, la fundación satélite del PP sin ánimo de lucro que está en el epicentro de la investigación de la financiación irregular, y el Partido Popular. Estas facturas acaban de ser incorporadas al sumario de la trama Púnica sobre la caja B del PP de Madrid, que lideraba Francisco Granados.

Gráficas Punto y Seguido facturó 3.785 euros por retirar un total de 43.000 carteles con la imagen de Rajoy empleados para la campaña electoral del 20 de noviembre de 2011. La factura fue emitida al PP de Madrid 17 días antes de los comicios, con el concepto 'elecciones generales 2011'. 

La empresa facturó ese mismo día al partido madrileño otros 14.539 euros, esta vez por la impresión de 565.000 dípticos de propaganda electoral. Ademas, Gráficas Punto y Seguido trabajó también con el PP en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de ese año, facturando 84.000 euros por realizar los carteles electorales de todos los candidatos populares que se presentaban a todas las alcaldías de la Comunidad de Madrid.

De esta forma, estos fondos habrían permitido a Génova rebasar los límites legales de gasto, acudiendo a las elecciones en ventaja con respecto a sus competidores políticos.

La UCO y la Fiscalía Anticorrupción manejan indicios de irregularidades económicas del PP en tres elecciones: las municipales y autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008 (con Rajoy como candidato). Las generales de 2011 serían los cuartos comicios en los que el partido conservador comete manipulaciones sobre su inversión electoral. 

En 2008, el PP de Madrid, entonces presidido por Esperanza Aguirre, aportó 685.000 euros no declarados a la campaña de Rajoy en las elecciones generales de este año, según informó El Confidencial. Pues, según la operativa, esta situación podría haberse repetido tres años después. 

Concretamente, en las elecciones adelantadas de 2011 que se vio obligado a convocar José Luis Rodríguez Zapatero ante la crisis económica que azotaba a España. Estas fueron los terceros comicios a las que se presentaba el actual presidente del Gobierno como cabeza de lista del PP nacional.

La UCO también ha pedido facturas a otras dos empresas que trabajaron con Fundescam. Se trata de Hermanos Barral González y Demométrica. Esta última es una vieja conocida de la UCO, dedicada a las encuestas electorales y los estudios de mercado.

La Audiencia Nacional investiga desde el principio del caso Púnica si el exconsejero Salvador Victoria, imputado en la causa, ordenó a la empresa Indra, una de las adjudicatarias que más trabajan con la Comunidad de Madrid, que pagase una deuda que el PP de Madrid mantenía con Demométrica por unos sondeos sobre la evolución de la intención de voto realizados en 2014. 

Demométrica trabajó con Fundescam en el año 2011. Los investigadores creen que el PP de Madrid recurrió a Fundescam para evitar los controles de los organismos de fiscalización. De este modo, se quiso contratar supuestos informes sobre los efectos de la crisis económica en el mercado de trabajo que, en realidad, eran sondeos de intención de voto en municipios de máximo interés para Génova.

Se trata de cuatro facturas de Demométrica que suman 39.156 euros y que fueron abonadas por Fundescam. Las pesquisas realizadas hasta la fecha han permitido comprobar ahora que el PP de Madrid acudió a las elecciones de 2011 con una superación sistemática del gasto permitido en las campañas, de casi 1.546.000 euros, basado en donaciones ilegales y desvíos de subvenciones públicas, según la investigación.

La Guardia Civil intentar demostrar, por tanto, si la empresa que hizo los carteles de Rajoy se une a la red de empresarios que los investigadores tienen identificados y que presuntamente ayudaron al partido a sobrepasar de forma sistemática los límites de gasto electoral en los comicios de 2007, 2008 y 2011.

No es la primera vez que una trama de corrupción mancha una campaña de Rajoy. El sumario del caso Gürtel revela que la trama liderada por Francisco Correa también ideó el lema de la primera campaña electoral del actual presidente, la que perdió en el año 2004. Una de las empresas del entramado societario de Correa, Rialgreen SL, se asoció al 50% con la conocida firma de publicidad McCann Erickson para llevar la creatividad y la publicidad de varias campañas del PP, como la de 2004, donde Rajoy se presentó con el lema 'Juntos vamos a más'.