La sección primera de la Audiencia de Sevilla, que enjuicia a 22 ex altos cargos en la pieza política de los ERE, ha rechazado la petición realizada por la acusación popular que ejerce el PP andaluz para que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, declarase como testigo en el juicio.

En un auto dictado este lunes, el tribunal rechaza la declaración de Susana Díaz como testigo "al no justificarse mínimamente la relevancia que pueda tener dicha testifical en relación con los hechos a enjuiciar en la presente causa".

La acusación popular del PP dio un golpe de efecto en la presentación de sus cuestiones preliminares al juicio al plantear, fuera de plazo, la citación de Susana Díaz. Las defensas de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán les reprocharon esta acción “extemporánea y extrajudicial” (dado que el número de testigos, 117, se conoce desde hace meses) y acusó al PP de querer “politizar” el proceso.

Los jueces han resuelto que el argumento esgrimido por los populares “en relación a las manifestaciones públicas realizadas (por Susana Díaz) sobre los hechos aquí enjuiciados no la convierte en testigo relevante de los mismos”.

El tribunal que juzga entre otros a los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sí considera pertinentes el resto de pruebas propuestas por la acusación particular del PP-A, que también solicitaba la declaración en el juicio del vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y de la senadora del PSOE y exconsejera andaluza de la Presidencia, Mar Moreno.

En este auto, la sección primera de la Audiencia solo resuelve las cuestiones previas de las partes relativas a nuevas pruebas pero no el principal asunto planteado por la Fiscalía para que concrete que en este juicio solo se juzga a los acusados por crear o mantener el procedimiento específico por el que se daban las ayudas pero no la concesión o pago de cada una de esas ayudas.

El Ministerio Público planteó que en caso de que se incluyan las 270 ayudas, se trajeran al juicio las diligencias de todas las piezas separadas incluidos sus testigos.

La Audiencia rechaza esta petición "para el caso de que el tribunal entendiera que en el seno de este procedimiento procede enjuiciar también todas y cada una de las ayudas individuales, sin perjuicio de que al tiempo de resolverse esta cuestión previa se acordará, en su caso, lo procedente".

El tribunal acuerda aportar a los peritos de la Intervención General del Estado, autores del informe clave para la acusación, la documentación del caso, no para que hagan otro informe como solicitó la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, sino para que la conozcan con vistas a su interrogatorio.

También admite pedir a la Dirección General de Empleo del Ministerio un informe sobre las ayudas sociolaborales del Estado en la misma década, informe que acaba de requerir la jueza María Núñez en la instrucción de la pieza sobre el ERE de la Faja Pirítica.