El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha aceptado la querella de la Fiscalía contra el excandidato de Vox a la presidencia de la Junta, Francisco Serrano. En un auto que firma el mismo presidente del tribunal, Lorenzo del Río, junto a otros dos magistrados, Juan Ruiz-Rico y Miguel Pasquau, afirma que, "sin perjuicio de lo que finalmente resulte de la investigación", los hechos tal cual vienen descritos por el Ministerio Público "podrían incardinarse" en un delito de fraude en subvención pública o en otro de estafa.

La Fiscalía considera como hechos que una sociedad limitada, de la que era socio Serrano, recibió fondos públicos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad por importe de 2,4 millones de euros, para lo cual la empresa debía aportar un capital social en consonancia con el proyecto a desarrollar. Sin embargo, "la sociedad se constituyó realizándose por los socios aportaciones no dinerarias consistentes en maquinaria diversa que se afirmaba como de su respectiva propiedad, cuando ello indiciariamente no se ajustaba a la verdad", afirma la Fiscalía.

Añade la Fiscalía que "en el desarrollo de la actividad sufragada parcialmente con fondos del Ministerio de Industria, no consta la realización del proyecto comprometido de fabricación de peleas en la localidad de Niebla (Huelva) y no se ha llevado a cabo el reintegro de la deuda". Además, una parte de la subvención, 438.000 euros, según el Ministerio Público, se desvió para "préstamos a terceros, retiradas en efectivo, pago de facturas y gastos varios, ninguno de ellos relacionados con la finalidad para la que fue concedido".

Apariencia de capital suficiente

El alto tribunal andaluz, que se ocupa del caso porque Serrano ha decidido aferrarse al escaño después de abandonar su partido, considera en su auto que se "hace imprescindible comprobar si [Serrano y su socio] se concertaron para constituir una SL con aportaciones dinerarias ficticias o inexistentes que le permitiese concurrir" a la subvención que otogba el Estado en el marco de la "política pública de industrialización".

Añaden los magistrados que deben dilucidar si con ello, los socios generaron "una apariencia de capital social suficiente para alcanzar los umbrales mínimos de viabilidad económica y financiera y para servir de base para el importe de la ayuda solicitada".

Por último, el auto recoge que "es preciso investigar si esas cantidades fueron empleadas total o parcialmente para fines distintos a aquellos para los que se concedió el préstamo público y la participación concreta de cada uno de los querellados y de terceras personas en las decisiones adoptadas sobre el empleo" de los 2,4 millones de euros.

La maquinaria judicial se puso en marcha después de que la organización de consumidores Facua presentase una denuncia y tras una investigación del periodista Ángel Munárriz publicada en Infolibre.es.