Los tribunales dejaron sin aclarar cerca de 80 atentados parapoliciales en Navarra entre 1975 y 1985

El navarro Josu Imaz podría presumir de haber nacido tres veces. La primera, el 8 de mayo de 1957 en Altsasu. La siguiente, el 17 de diciembre de 1981, cuando tuvo la buena idea de no abrir una sospechosa caja de puros que le habían enviado a casa y que, según comprobó después un experto, contenía 100 gramos de explosivo plástico. Volvió literalmente a nacer dos años después, cuando le pareció que había algo extraño en su coche. Era Goma-2, estaba dentro del vehículo y tenía la potencia necesaria para hacerle volar por los aires. 

Imaz tiene un currículum de atentados contra su persona que le convierten en un sobreviviente, pero no en una víctima: al menos hasta ahora, el Estado no ha considerado que aquellos ataques, perpetrados e ideados con la clara finalidad de matarle, le hayan hecho merecedor de la categoría de víctima del terrorismo. 

Hoy no es víctima ni tampoco tiene un victimario concreto, con sentencia de por medio, al que señalar. Tanto el intento de asesinato con el paquete bomba –que coincidió además con un envío idéntico de explosivos a un concejal de Herri Batasuna en el vecino municipio de Etxarri-Aranatz– como el atentado con Goma-2 en su vehículo no fueron aclarados por los tribunales. "Solo hubo impunidad", apunta este navarro de 64 años desde Lakuntza, donde reside en la actualidad.

Los atentados que sufrió Imaz estuvieron precedidos de pintadas contra la librería de su familia y de amenazas en formato de octavilla, lanzadas en Altsasu por manos tan anónimas como las que poco después pretenderían acabar con su vida. Una hoja lanzada por el pueblo señalaba a este militante abertzale –había sido detenido por la Guardia Civil en 1980, tras lo cual denunció torturas, y pasó seis meses en prisión– como uno de los "responsables y colaboradores de ETA en Alsasua". 

Su caso está hoy recogido en el informe titulado El terrorismo desconocido. Atentados terroristas de extrema derecha en Navarra (1975-1985), presentado por el Gobierno de la Comunidad Foral que dirige María Chivite (PSN) y elaborado por historiadores de la Universidad Carlos III de Madrid.

Los investigadores identificaron 23 atentados de lo que denominaron "terrorismo de ultraderecha", concepto bajo el que incluyeron acciones cometidas por el Batallón Vasco Español (BVE), Guerrilleros de Cristo Rey, Comando Adolfo Hitler o Terrrorismo AntiETA, entre otras organizaciones. Añadieron además un atentado mortal a cargo del GAL: el asesinato de Ángel Gurmindo Lizarraga, natural de Olazti (Navarra), en la localidad vascofrancesa de Hendaia en febrero de 1984.   

En total, el documento –que fue presentado por el Gobierno de Navarra en febrero pasado y que posteriormente ha sido objeto de actualizaciones– señala que esa veintena de acciones terroristas dejaron un saldo de tres muertos, ocho heridos y una persona desaparecida (se refieren al caso de José Miguel Etxeberria, Naparra, natural de Pamplona y secuestrado en el sur de Francia en junio de 1980. El acto fue reivindicado por el BVE.

El estudio reconocía además que resultaba imposible cuantificar el número de personas amenazadas por ese tipo de terrorismo debido a la "diversidad de actos", entre los que cita expresamente "pintadas, daños a locales, paquetes-bombas, explosivos en vehículos, etcétera". 

Poco después de que se conociera ese informe, la plataforma memorialista Sanfermines 78 Gogoan dio a conocer una valoración, publicada en la sección de opinión del diario Gara, en la que advertía que el número de atentados era mayor. En tal sentido, remarcaba que el libro La guerra no declarada. Terrorismo de Estado en Euskal Herria, editado en 2014 por la asociación Euskal Memoria, había documentado "78 atentados cometidos por grupos de extrema derecha".

"No se trata de agresiones de poca monta, sino que están perfectamente detalladas y contrastadas: atentados con bombas y explosivos, ametrallamientos, ataques con cócteles molotov, incendios provocados, palizas a cargos electos, violaciones...", señalaba Sanfermines 78 Gogoan.

Más allá de las diferencias en torno al número de atentados, hay un aspecto en común para la mayoría de los casos: la ausencia absoluta de esclarecimiento judicial sobre lo ocurrido. "Cuando las víctimas denunciaban, se hacía una investigación corta, la cerraban y punto", resume a Público el profesor Ignacio Pérez Macías, uno de los autores del informe entregado al Gobierno de Navarra.

"En otros casos no denunciaban –señala el investigador–, porque los antecedentes eran disuasorios y había cierto hastío entre estas personas: para qué voy a denunciar si luego no pasa absolutamente nada".

De hecho, el informe sobre estos casos registrados en Navarra destaca que "los actos terroristas de extrema derecha tienen como una de sus peculiaridades el escaso éxito de las investigaciones policiales y judiciales para determinar a sus autores y cómplices". "En algún caso, las investigaciones pudieron determinar a los autores, pero fueron eximidos por aplicación de la Ley de Amnistía o por indultos", remarca.

"Terrorismo de Estado"

El historiador Iñaki Egaña, uno de los mayores expertos en torno a la represión salvaje sufrida en Navarra desde 1936, advierte que el denominado "terrorismo de ultraderecha" no fue otra cosa que terrorismo de Estado. De hecho, sostiene que hubo una continuidad entre la represión que se vivió en ese territorio  durante el franquismo y las acciones contra militantes abertzales producidas a partir de 1975. 

"Lo único es que sucede es que Franco está muerto, y lo que cambia es el escaparate"

"Cuando llega cierta época que exige una mayor pulcritud en algunas cosas, esa represión legal se convierte en ilegal o paralegal, pero eso no es el comienzo ni el fin de nada: se trata de una continuidad. Lo único es que sucede es que Franco está muerto, y lo que cambia es el escaparate", sostiene Egaña. En tal sentido, cree incorrecto hablar de terrorismo de ultraderecha, "salvo que consideremos que la ultraderecha está implantada en el Estado".

En torno a este punto, el estudio de los investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid cita expresamente el informe de la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco que recogía precisamente que "la Triple A, el Batallón Vasco Español y los Grupos Armados Españoles eran grupos bien organizados de extrema derecha que actuaban con un importante nivel de tolerancia, cuando no de complicidad, con importantes sectores

de los aparatos policiales de la época".

Mercenarios

En esa línea, Sanfermines 78 Gogoan advertía precisamente en su artículo sobre "las evidentes connivencias y complicidades que se daban entre los grupos de extrema derecha y los cuerpos policiales". "Una de las consignas que se gritaban en la calle en las concentraciones y manifestaciones de protesta por aquellas acciones era: 'De noche incontrolados, de día uniformados'. Esta frase resumía perfectamente la percepción popular de quién estaba detrás de aquellos atentados", apunta.

"A la gente que en los años cincuenta la detenían en la calle, la llevaban a un descampado, le pegaban una paliza y amenazaban a su familia, en los años setenta lo que hacen es quemarle la casa o quemarle el coche, y luego reivindicarlo con alguna de las distintas siglas, mientras que para la fase más dura se van a incorporar mercenarios pagados por el Estado", señala por su parte Egaña. Casi cuarenta años después, Josu Imaz y otras víctimas de ese terrorismo de Estado siguen pidiendo justicia.