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La guerra sucia contra ETA, el invento de Carrero Blanco que el Estado cubrió de impunidad durante la democracia

El terrorismo de estado que ejerció el GAL fue ideado y lanzado por la dictadura franquista a principios de los setenta. Las víctimas siguen reclamando justicia frente a los temores de caer en el olvido.

Enrique Rodríguez Galindo
El ya fallecido general Enrique Rodríguez Galindo, condenado por su vinculación con el GAL, en una imagen de archivo. EFE

"Tener esta vida no es fácil". La reflexión de Pilar Zabala, hermana de un joven asesinado por el GAL en 1983, está seguida por un breve suspiro al otro lado del teléfono. Luego habló de esperas eternas. De esperanzas rotas. De dudas sin resolver. Hace diez años, cuando ETA anunció el cese definitivo de la violencia, Zabala y otras víctimas del GAL llevaban ya unos cuantos años mirando hacia el Estado, esperando un gesto de verdad y otro de justicia. Hoy siguen igual que entonces.

"Lo que pasa es que aquí hay víctimas de primera y de tercera", explica desde otro punto del País Vasco Joxerra Bustillo, portavoz de la asociación Euskal Memoria. Habla con una pequeña lista del horror delante de sus ojos: "El caso del atentado de Alonsotegi (Bizkaia), ocurrido el 20 de enero de 1980, quizás sea el más paradigmático: hubo cuatro muertos, se abrió una investigación ridícula a cargo del comisario José Amedo, famoso por sus implicaciones en el GAL".

El atentado registrado aquel día del invierno de 1980 en ese pequeño municipio vizcaíno –localidad natal del lehendakari Iñigo Urkullu– forma parte de los expedientes nunca resueltos de la guerra sucia. Amedo, el investigador a cargo, resultaría condenado en 1991 a 108 años de prisión por una serie de atentados perpetrados por el GAL en suelo del País Vasco francés. 

Según datos del Foro Social Permanente –una entidad que trabajó en el proceso de paz del País Vasco y que hoy aborda distintos asuntos derivados de los años de violencia–, el 61% de los crímenes cometidos en el marco de la guerra sucia contra ETA quedaron sin resolver. El 37% corresponde a casos del GAL y el restante 24% a acciones de su predecesor, el Batallón Vasco Español (BVE)

"En general hay una impunidad absoluta. En muchos casos ni siquiera se ha abierto una investigación y en otros se archivó al poco tiempo. Cuando ha habido juicios, las penas han sido leves; en aquellos casos en que los jueces han sido más escrupulosos, posteriormente se ha recurrido al indulto", describe el portavoz de Euskal Memoria.

En el centro de documentación de esta fundación aparecen nombres e historias de los casos de terrorismo de estado nunca resueltos. Se recogen crímenes del GAL, pero también de más atrás. "A nivel intelectual, la guerra sucia empieza a partir de marzo de 1972 con la puesta en marcha del Servicio Central de Documentación (SECED) por parte del almirante Luis Carrero Blanco", remarca Bustillo.

En ese sentido, el investigador subraya que "la guerra sucia es muy anterior al GAL", ya que sus orígenes se remontan en realidad a la propia dictadura. "Viviendo Franco ya había guerra sucia –subraya–. Luego se mantuvo durante todo el mandato de la UCD con la aparición de la Triple A, por lo que hay una continuidad en esa práctica fomentada por el Estado".

Entre esos casos figura el asesinato de Iñaki Etxabe, ametrallado por desconocidos en Elorrio el 5 de octubre de 1975. Una semana después fue asesinado el taxista Germán Aguirre en el embalse de Santa Engracia de Legutio. "Al parecer –destaca Bustillo– Aguirre habría sido testigo del asesinato de Etxabe". 

Secretos oficiales

Las víctimas del terrorismo de estado reclaman que estos casos sean aclarados y que se conozca el papel de las instituciones en tales crímenes. Sin embargo, sigue existiendo un muro: la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista, aún vigente. 

"Aquí hay secretos que amparan a autores de graves vulneraciones de derechos humanos", lamenta Pili Zabala, ahora involucrada en la plataforma B-Egiaz, creada precisamente para reclamar que se conozca la verdad sobre los  crímenes perpetrados por el GAL.

El pasado 17 de septiembre, la hermana de Joxi Zabala se desplazó a Ginebra para comparecer ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas como integrante de la asociación Berridatzi Elkartea. Allí reclamó que se preste atención a la posible modificación de la Ley de Secretos Oficiales, ante el temor de que las informaciones relativas al GAL vuelvan a quedar protegidas por una nueva normativa. 

Zabala lamenta que a día de hoy "el Estado siga amparando determinadas vulneraciones de derechos humanos por parte de personas que ostentaron cargos importantes en gobiernos anteriores". También le duele el "silencio atroz" que, a su juicio, se produce cuando aparecen informaciones sobre "ese pasado oscuro de determinados miembros de un partido que estuvo en el Gobierno". "Esos agravios comparativos son de tal magnitud que no deseo a nadie estar en nuestra tesitura", afirmó.

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