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De los indultos al "ya está prescrito": así protege el Estado a los terroristas del GAL

Cerca de 30 personas asesinadas por grupos parapoliciales siguen sin ser reconocidas como víctimas por el ministerio del Interior. Alrededor de 100 casos no fueron aclarados por los tribunales o acabaron con beneficios para los pocos condenados. La Fiscalía ha cerrado ahora la posibilidad de investigar el papel de Felipe González en esos crímenes. 

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El expresidente Felipe González durante un acto celebrado en febrero de 2020. María José López / EUROPA PRESS

No están. No son. No cuentan. Ni Josean Lasa ni Joxi Zabala han recibido el reconocimiento oficial del Estado como víctimas del terrorismo, por lo que sus trágicas historias no encuentran lugar en el Memorial que el rey Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez inauguraron el pasado martes en Vitoria. Tampoco tienen hueco en las carpetas de la Audiencia Nacional: la Fiscalía ha decidido que no habrá investigación sobre los vínculos de Felipe González con los crímenes del GAL. Ni recuerdo, ni justicia.

Pili Zabala no tiene previsto bajar los brazos. La hermana de Joxi Zabala ha decidido dar un impulso al eterno reclamo de verdad en torno a los asesinatos perpetrados por el GAL. Lo hará desde la plataforma B-Egiaz, donde estará apoyada y acompañada por personalidades de distintos ámbitos. El objetivo: lograr que se conozca quiénes crearon, armaron y protegieron a los terroristas de la denominada "guerra sucia" contra ETA. 

En un informe elaborado en 2018, el Foro Social Permanente –una organización que trabajó activamente a favor del fin de la violencia en Euskadi– concluyó que el 61,3% de los crímenes perpetrados por el Batallón Vasco Español (BVE) y el GAL quedaron sin ser aclarados. "Basándonos en los datos del Gobierno Vasco son 849 las personas muertas por ETA y 78 del BVE o los GAL. Sin embargo el porcentaje de los casos sin esclarecer es mayor en los casos de terrorismo practicado por la extrema derecha o los funcionarios públicos del Estado", apuntaba.

En tal sentido, el documento recogía que el 23,2% de los asesinatos de ETA están sin esclarecer", mientras que "en el caso de los asesinatos producidos por el BVE, el porcentaje es ligeramente mayor: 24,39%". "En el caso de los GAL, el porcentaje se ve incrementado hasta el 37% de los casos", añadía.

Según datos proporcionados entonces por la fundación Euskal Memoria, 53 muertes provocadas tanto por el terrorismo de Estado como por las fuerzas policiales acabaron archivadas. Otros 33 fueron sobreseídos, mientras que en 37 casos no hubo ni siquiera una investigación.

Indultos y excarcelaciones

Tampoco faltaron los indultos o beneficios penitenciarios para los pocos condenados. En el marco de distintos procedimientos judiciales, los tribunales dictaron sentencias contra una docena de políticos, policías y guardias civiles por sus responsabilidades en los crímenes del GAL.

Varios de los condenados –entre los que se encontraban el exministro del Interior José Barrionuevo; el exsecretario de Estado Rafael Vera; el exdirector general de Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal; y los comisarios Francisco Álvarez y Miguel Planchuelo– fueron indultados por el Gobierno de José María Aznar. Otros, como el general Galindo o el ex gobernador civil Julen Elgorriaga, condenados por los asesinatos de Las y Zabala, fueron excarcelados por razones de salud. 

"Las torturas y los crímenes de lesa humanidad no prescriben"

El recorrido judicial de los crímenes del GAL acabó con esas condenas. Pili Zabala, respaldada por la plataforma B-Egiaz, ha intentado reactivar esa vía para tratar de esclarecer las responsabilidades políticas de la trama GAL. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha aferrado a la supuesta prescripción de los hechos para dar un portazo. Sin embargo, Zabala recordaba este viernes que las torturas y los crímenes de lesa humanidad "no prescriben", por lo que prevé recorrer otros caminos judiciales, tanto a nivel nacional como internacional, para pedir que se haga justicia.

"Creemos que, durante el gobierno de Felipe González, por medio de los GAL, determinadas personas transgredieron ambos preceptos, convirtiéndose a la vez en policías, fiscales, jueces y verdugos, mientras que existen indicios de que a otras, como mínimo, no les tembló la mano a la hora de tolerar crímenes de Estado que conceptualmente no se diferencian del terrorismo perpetrado por grupos organizados", señala el manifiesto impulsado por la plataforma bajo el lema "Pido saber la verdad sobre los GAL". 

Sin reconocimiento

Los frenos de la justicia se mezclan con las ausencias de reconocimientos. Ni Lasa ni Zabala aparecen en el listado de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior. Según datos de la fundación Egiari Zor, creada para reivindicar la memoria de las víctimas de la guerra sucia, existen alrededor de una treintena de casos de personas que fueron asesinadas por organizaciones como el GAL o el Batallón Vasco Español y que aún siguen sin ser incluidas en los listados oficiales de Interior, lo que implica que el Estado no les reconoce como tales. De hecho, el Gobierno actual se niega incluso a considerar la actividad del GAL como terrorismo de Estado. 

"Son muchas las víctimas que aún quedan por reconocer y añadir al mapa de vulneraciones de Derechos Humanos", sostiene la plataforma Memoria Osoa, integrada por colectivos memorialistas del País Vasco, en un manifiesto elaborado ante la apertura del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que ha dejado fuera a casos como los de Lasa y Zabala. Pili, la hermana de Joxi, volverá a luchar para que el olvido no sea política de Estado. 

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