La Ley de Secretos Oficiales franquista cubrió de impunidad el mayor atentado del GAL

Marijo Etxaide tiene memoria y, precisamente por eso, poca esperanza. La memoria le vale para recordar que su hermano fue asesinado por el GAL en el mayor atentado cometido por esa organización. La poca esperanza tiene su fundamento en lo visto y vivido desde aquel 25 de septiembre de 1985 en un bar de la localidad vascofrancesa de Baiona: fue entonces cuando dos mercenarios acribillaron a Sabin Etxaide y a otros tres presuntos militantes de ETA. El Estado nunca aclaró cuál fue su papel en este caso: la información sigue bajo llave gracias a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo, aún vigente.

En la televisión estaba el partido entre España e Islandia. El reloj marcaba las 21.15. Sabin Etxaide, José María Etxaniz, Agustin Irazustabarrena e Iñaki Astiasuinzarra estaban a punto de caer ametrallados. Pierre Frugoli y Lucien Mattei, dos miembros del hampa marsellesa, entraron al Hotel Monbar, se colocaron en dos puntos estratégicos y empezaron a descargar balas sobre los presentes. Los cuatro vascos murieron, mientras que otra persona que se encontraba allí resultó herida.

Los mercenarios cobrarían 100.000 francos por el atentado y recibirían otros 50.000 por cada muerto. Así lo habían pactado previamente en una reunión mantenida en el Hotel Orly de San Sebastián con dos hombres que les encargaron este crimen. Uno de ellos, según dijo Frugoli posteriormente, se parecía al subcomisario José Amedo, una de las piezas clave del GAL.

Aquel sangriento 25 de septiembre de 1985, Frugoli y Mattei no lograron escapar. Testigos del atentado corrieron detrás y lograron apresarles. Luego llegó la Policía francesa y se los llevó. Ambos fueron condenados a penas de prisión en Francia por la autoría material de este atentado. Sin embargo, a este otro lado de la frontera hubo un aspecto que nunca se aclaró: quiénes encargaron el crimen y en qué condición lo hacían.

"Frugoli y Mattei afirmaron haber sido reclutados por agentes de los servicios secretos españoles, identificando a Amedo y al también policía Michel Domínguez como tales. En 1990 un camarero del hotel Londres y un empleado de seguridad del casino Kursaal de San Sebastián declararon haber visto a Amedo y Domínguez en varias ocasiones en compañía de Mattei y otros mercenarios de los GAL", destaca a Público Ane Muguruza, portavoz de Egiari Zor (Una deuda con la verdad), una fundación que reclama precisamente justicia y verdad para las víctimas provocadas por el Estado.

En junio de 1995, el juez Baltasar Garzón reabrió este expediente en la Audiencia Nacional. En aquel contexto, el exjefe de la Policía Nacional en Bilbao, Miguel Planchuelo, declaró ante el magistrado que el CESID y la Guardia Civil estaban relacionados con el atentado. Según trascendió entonces, Planchuelo vinculó los asesinatos en el Hotel Monbar con la información que el jefe del CESID en Euskadi, Jesús Somontes, y el coronel de la Benemérita Enrique Rodríguez Galindo obtenían en la Jefatura de Policía de Bilbao sin su autorización. En esas mismas fechas, Amedo también apuntó al fallecido Somontes como posible conocedor de lo que había ocurrido, al tiempo que rechazó haber encargado el crimen.

Seis años después, Garzón tiró la toalla: el juez ordenó el archivo de la causa sin decretar ninguna condena ni aclarar quiénes habían ideado, dirigido y pagado el atentado de Baiona. "Los responsables intelectuales no sabemos quiénes han sido. Tengo la sensación de que esto no se va a aclarar nunca. Quedará en el olvido", afirmó a este periódico la hermana de Sabin Etxaide en vísperas del 35 aniversario de aquel hecho.

"Mancha de aceite"

Joxerra Bustillo, integrante de la asociación Euskal Memoria, advierte que "en todos estos atentados hay una mancha de aceite que va tocando a militares, guardias civiles, policías, servicios secretos… Es que es una telaraña que no se ha podido desvelar aún". No en vano, sostiene que tanto este caso como el resto de atentados cometidos por el GAL "están cerrados a cal y canto". "No creo que el Estado español esté en disposición de abrir sus archivos más delicados, los relativos al terrorismo de estado, porque sería suicidarse", apunta Bustillo.

"Hasta el día de hoy, el Estado ha mantenido una actitud de negacionismo. No sólo con los GAL, sino con el terrorismo de estado en general", afirma por su parte Muguruza. Su padre, el diputado de Herri Batasuna Josu Muguruza, fue asesinado por la guerra sucia en noviembre de 1989.

Una ley franquista

La matanza del Hotel Monbar, que ostenta el récord de haber sido el atentado con más víctimas por parte del GAL, figura precisamente en el listado de casos sobre los que aún faltan cosas por aclarar. "No conocemos la verdad completa en lo relativo a todas las responsabilidades derivadas de estos cuatro asesinatos, cometidos por mercenarios a sueldo, pagados con dinero público, reclutados por agentes secretos españoles, que dependían directamente del ministerio de Interior", señala la portavoz de Egiari Zor.

En tal sentido, Muguruza subraya que la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista, aún en vigor, continúa permitiendo que la verdad "siga secuestrada bajo el yugo de silencio". En otras palabras, esa ley de 1968 permitió y permite que el Estado mantenga en secreto la documentación relacionada con los GAL. Actualmente, el Congreso tramita la propuesta del PNV dirigida precisamente a reformar esa normativa, lo que permitiría desclasificar la documentación relacionada con el GAL. 

"Desde Egiari Zor exigimos que se encare con honestidad democrática esta cuestión. Exigimos que, de una vez por todas, se derogue esa Ley y se desclasifiquen los documentos que, sin duda, contienen informaciones relevantes sobre todos estos asesinatos y responsabilidades derivadas de aquellos crímenes", afirma Muguruza. 35 años después, la masacre del Hotel Monbar sigue bajo un manto de silencio.