El PNV estará este jueves un poco más cerca de conseguir la reforma de la ley de secretos oficiales de la dictadura franquista, una normativa que los gobiernos democráticos han utilizado durante más de cuarenta años. Se trata, por ejemplo, de la misma ley que empleó el Gobierno de Felipe González en 1987 para decretar el hermetismo en torno a la venta de armas y que hoy continúa vigente.

Según ha podido confirmar Público, únicamente Vox mantiene abierta la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad a la iniciativa de los nacionalistas. El pasado 23 de junio, cuando el Congreso votó mayoritariamente a favor de la tramitación de la propuesta del PNV, únicamente la ultraderecha votó en contra, mientras que PP y Ciudadanos se abstuvieron.

Fuentes del Grupo Popular en el Congreso señalaron a Público que no presentarán una enmienda a la totalidad a la iniciativa de la formación nacionalista vasca, aunque sí prevén formular enmiendas parciales cuando llegue su turno.

Las miradas apuntan ahora a Vox. Tras el debate de junio pasado, el partido de extrema derecha señaló en un comunicado que preveía formular una "enmienda con texto alternativo", argumentando que si bien consideraba "necesario" reformar la ley de secretos oficiales, entendía que debía hacerse "desde la protección de los intereses fundamentales de España". Fuentes de esa formación rechazaron confirmar a este periódico si presentarán finalmente una enmienda a la totalidad. Tienen tiempo para hacerlo hasta las 14.00 de este jueves.

Mientras tanto, en filas del Gobierno de coalición existe plena disposición para poner punto final al recorrido de esta ley franquista. Así consta en el Plan Anual Normativo del Ejecutivo, donde se especifica concretamente que buscará sacar adelante "una ley nueva, porque han transcurrido más de 40 años desde la última modificación realizada en el año 1978". Según se detalla en ese documento, dicha tarea quedará en manos del ministerio de Defensa.

Negocio armamentístico

La modificación sustancial de la ley de 1968 es una de las principales reivindicaciones de la plataforma Armas Bajo Control –compuesta por Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y FundiPau–, ya que a día de hoy se trata del principal escollo para acceder a información sobre las autorizaciones de exportaciones de materiales militares.

En marzo de 1987, el Gobierno de Felipe González se amparó en esa ley franquista para declarar secretas las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Armas y Explosivos. Actualmente, la Secretaría de Estado de Comercio se ampara en esa resolución para bloquear las solicitudes de información sobre los permisos de venta de armas a regímenes involucrados en ataques militares, como ocurre con Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, responsables de la intervención en Yemen.

Garantía de acceso

En ese contexto, la propuesta del PNV que ahora avanza en el Congreso establece que "la declaración de 'materias clasificadas' no afectará al Congreso de los Diputados ni al Senado, que tendrán siempre acceso a cuanta información reclamen, en la forma que determinen los respectivos reglamentos".

La iniciativa plantea además que "toda clasificación de una materia en cualquiera de sus dos categorías fijará el plazo de su vigencia, sin que este pueda exceder de veinticinco años para materias calificadas secretas y de diez años para las calificadas reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada, en el exclusivo caso de las materias secretas, por un nuevo período máximo de diez años".