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Familiares de asesinados por ETA apoyan los reclamos de verdad y justicia para las víctimas del GAL

La campaña lanzada por Pilar Zabala para reclamar que se investiguen los crímenes no resueltos del terrorismo de estado ha recibido el respaldo de personalidades de distintos ámbitos. Sus promotores analizan ahora posibles vías judiciales. 

Zabala y Jauregui
Pilar Zabala (izquierda), víctima del GAL, junto a María Jauregui, víctima de ETA, durante la presentación de la plataforma B-Egiaz el pasado 4 de junio en Madrid. EFE

La plataforma B-Egiaz, creada para pedir que se conozca la verdad sobre el terrorismo de estado que encarnó el GAL, ha conseguido en 30 días más de 4.000 apoyos. La iniciativa impulsada por Pilar Zabala, hermana de un joven asesinado por ese grupo criminal en 1983, ha recogido muestras de respaldo desde distintos ámbitos. En el largo listado hay varias víctimas de ETA. 

"Las personas que firmamos este manifiesto pedimos a las instituciones públicas que investiguen y clarifiquen de una vez por todas la Verdad con mayúscula sobre los GAL. Instamos al Gobierno español a que reconozca su responsabilidad y el dolor ocasionado, y realice gestos decididos de calidad humana para implementar medidas de reparación", señala el texto lanzado por esa plataforma y que en el momento en que se terminaba de redactar este artículo contaba con 4.385 firmas.

Entre quienes han mostrado su apoyo a ese reclamo figuran unas 15 víctimas de ETA. La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), Consuelo Ordoñez –hermana de Gregorio Ordoñez, el concejal del PP asesinado en enero de 1995 en Donostia–, el periodista Gorka Landaburu –que sufrió la amputación de varios dedos por un paquete bomba– o María Jauregi Lasa, hija de Juan Mari Jauregi, el gobernador civil de Gipuzkoa y militante del PSE muerto a manos de ETA en julio de 2000.

"Todas las víctimas del terrorismo, sea la violencia que sea, tenemos el mismo derecho a la justicia, verdad, memoria, reconocimiento y reparación. Es penoso que la clase política siga sin reconocer todas estas injusticias y violencias, que son iguales", afirma Carmen Hernández, otra de las firmantes. Su marido, el concejal del PP en Durango (Bizkaia) Jesús María Pedrosa, fue asesinado un par de meses antes del atentado mortal contra Jauregui. 

Pili Zabala destaca el valor de estos apoyos por parte de quienes sufrieron el terrorismo de ETA y que hoy se unen al reclamo de justicia por parte de aquellas familias que padecieron los crímenes perpetrados por GAL. "Ha llegado el momento de reivindicar todos los derechos para todas las víctimas", comentó. 

Carmen Hernández le anima a no bajar los brazos. "Habrá que seguir adelante, apoyándoles. Queremos que se haga justicia, caiga quien caiga", afirma esta víctima de ETA, al tiempo que lamenta la actitud mantenida por los dos grandes partidos que han ocupado La Moncloa. "Los que han estado en el Gobierno estatal, tanto con el PSOE como con el PP, han querido echar carpetazo en este asunto, cuando el Estado tendría que ser el garante de todas las personas", subrayó.

El manifiesto lanzado por B-Egiaz también ha recogido el respaldo de la historiadora Rosa Lluch, hija del socialista Ernest Lluch –asesinado por ETA en noviembre de 2000 en Barcelona–, o de Carmen Torres, viuda del periodista José Mari Portell, quien sufrió un mortal atentado en junio de 1978 en Portugalete (Bizkaia).

"Las instituciones españolas cumplirán con los estándares internacionales de derechos humanos cuando reconozcan y reparen a todas las víctimas sin excepción. Y la verdad, que jamás prescribe, representa, sin lugar a dudas, el derecho más anhelado por todas ellas", dice el texto que precede a sus firmas.

La declaración también ha recibido el apoyo de periodistas, músicos, activistas de derechos humanos y excargos públicos del País Vasco, entre los que se encuentra el exlehendakari Karlos Garaikoetxea o Dani Arranz, ex gobernador civil de Bizkaia durante el último Gobierno de Felipe González. 

Hoja de ruta

Mientras la lista de apoyos sigue creciendo, la plataforma encabezada por Zabala analizan las posibles vías judiciales que intentarán recorrer tras el portazo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en un escrito redactado en abril pasado rechazó la petición formulada por esta víctima del GAL para que se investigase la presunta responsabilidad de Felipe González en los crímenes cometidos por el terrorismo de estado. El Ministerio Público alegó que los hechos ya habían prescrito. 

"Seguimos estudiando de qué forma articular los próximos pasos. Obviamente, vamos a seguir", afirmó Zabala. En su agenda ya hay una cita: el próximo 26 de julio está previsto un primer encuentro con funcionarios gubernamentales. Posteriormente intentarán reunirse con miembros del Ejecutivo de coalición, ya sea con ministras o ministros o, incluso, con el presidente Pedro Sánchez.

Una treintena de asesinatos

"Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron un grupo terrorista formado por miembros de las fuerzas de seguridad y mercenarios a sueldo que practicaron crímenes de estado contra personas que presuntamente pertenecían a ETA o a su entorno. Los GAL estuvieron activos entre 1983 y 1987; en ese periodo cometieron 27 asesinatos, incluidas desapariciones forzadas", recuerda la plataforma B-Egiaz en uno de los apartados de la página web que han puesto en marcha para recoger nuevas adhesiones.

Subraya que "durante un proceso judicial posterior, quedó probado que sus actividades fueron financiadas con fondos del Ministerio del Interior español del primer gobierno de Felipe González (PSOE)". "Los GAL se crearon para responder desde las propias cloacas de un estado 'democrático' a los asesinatos de ETA", explica B-Egiaz.

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