La defensa de Begoña Gómez pide en la 'vistilla' con Peinado el archivo de la causa "porque no hay delitos"

Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, no ha acudido este sábado al juzgado, donde le había citado el magistrado Juan Carlos Peinado para concretar su imputación por malversación, al considerar su defensa que su presencia no es indispensable para este trámite, indican fuentes cercanas a la causa. El personal de seguridad de La Moncloa se retiraba de los juzgados de Plaza de Castilla pasados pocos minutos de las seis de la tarde, cuando estaba programado el inicio de la vistilla. 

Tampoco el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acudido a los juzgados de Plaza de Castilla; ni la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, citó para este sábado a las 18.00 horas a todas las partes para cumplir con el trámite legal que supone el paso al procedimiento del tribunal de jurado, pues sería el encargado de juzgar a la esposa del presidente del Gobierno por el delito de malversación de caudales públicos en caso de que finalmente acabara sentada en el banquillo.

"Es un derecho pero no una obligación", ha dicho tras concluir la vistilla Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, en relación a la citación efectuada por el juez, que esperaba que los investigados acudieran personalmente, según fuentes jurídicas. "No es una obligación comunicárselo previamente al juez", ha matizado Camacho, que ha pedido el archivo de la causa, como ha indicado a la prensa, "por no ser los hechos constitutivos de delito, igual que ha hecho el fiscal". Camacho también ha informado de que no ha solicitado nuevas diligencias.

Esta era la quinta vez que Begoña Gómez estaba citada por el juez Peinado, que precisamente este sábado cumplía 71 años y que está de guardia, de ahí que haya fijado para esta tarde de sábado la vistilla, en la que siguiendo con el procedimiento de la ley del jurado, las partes concurren para que el juez les concrete las imputaciones. Sin embargo, la ley no obliga expresamente a que acudan los investigados a la vistilla, basta con que estén sus representantes legales. Y a esa posibilidad se han acogido los tres investigados, plantando al juez y al centenar de congregados frente a los Juzgados de Plaza de Castilla, que protestaban con pancartas contra Begoña Gómez.

En la instrucción de esta pieza separada por presunta malversación queda pendiente conocer el informe de la UCO sobre los correos electrónicos de Begoña Gómez aportados por el exvicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio. Además, el juez pidió los correos electrónicos de Gómez a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno y al Instituto de Empresa.

Las acusaciones populares, bajo la dirección letrada de la organización ultra Hazte Oír, han solicitado en la vistilla que declare Pedro Sánchez como testigo en esta pieza separada, según indican fuentes jurídicas.  

Por otra parte, fuentes de la Fiscalía han informado de que se ha pedido el sobreseimiento respecto a los tres investigados porque el Ministerio Público considera que los hechos no revisten tipo delictivo "y menos malversación", ya que ninguno de ellos es funcionario.

Una imputación exprés

La imputación de Begoña Gómez por un presunto delito de malversación por el uso de su asesora para cuestiones privadas, como era la codirección de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense, la armó el juez Peinado en solo un mes. Fue a raíz del varapalo que sufrió el magistrado por parte del Supremo, el 15 de julio pasado. El Alto Tribunal rechazó la petición de Peinado de imputar al ministro Félix Bolaños por presunta malversación en el marco de la contratación de Cristina Álvarez cuando era secretario general de la Presidencia (2018-2021). 

El Tribunal Supremo respondía al juez Peinado que "no hay el más mínimo respaldo indiciario" respecto a Bolaños. "La mera detentación de un cargo público y el desarrollo de sus funciones no puede suponer una atribución automática y objetiva de una conducta de apropiación del patrimonio público, ni de una omisión que permita que otra persona se apropie del mismo".

Un mes después de esta contundente resolución, Peinado rubricaba un auto de imputación contra Begoña Gómez. Curiosamente hasta poco antes había sostenido el juez que no había fundamento para investigar por malversación a la esposa del presidente ni a su asesora. Decía Peinado en mayo pasado que "no se alcanza a percibir en qué medida la destinataria del nombramiento, Cristina Álvarez, por desarrollar el trabajo que se le viene encomendando y percibir la cantidad que tiene asignada, pueda tener responsabilidad penal alguna en la presunta malversación". 

Respecto a Begoña Gómez indicaba en aquel momento que no había indicios de que participara en el nombramiento de la asesora "ni en el pago de los emolumentos, limitándose a hacer uso de sus servicios profesionales, aunque para fines personales". Sí imputaba al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en relación a la contratación de Álvarez, "por su condición de Secretario General de la Presidencia del Gobierno, en el mes de julio del año 2021", por ser entonces "el responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez Rodríguez", decía Vox en su querella, admitida a trámite por Peinado y que dio lugar a esta pieza separada por la que propone juzgar a Begoña Gómez a través del tribunal del jurado.

Este sábado, la defensa de Begoña Gómez se ha aferrado a ese pronunciamiento previo del juez sobre que ella no participó en el nombramiento de la asesora ni en el pago de su salario, según fuentes jurídicas, para incidir en que no existe indicio alguno de delito de malversación.