El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está procesado por dos presuntos delitos fiscales que suman 350.951 euros y otro de falsificación documental. Y además está investigado en una pieza separada por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal por la utilización de una sociedad pantalla vinculada a Quirón Prevención. Un panorama aciago en lo judicial, que en lo relativo a su procesamiento parece inamovible.

La prueba de cargo en su contra es un rotundo informe de la Agencia Tributaria, ratificado y explicado en marzo pasado en el juzgado por las dos inspectoras responsables de la investigación de los ejercicios fiscales de 2020 y 2021; un informe de 187 folios que llevó a la Fiscalía a presentar, en marzo de 2024, una denuncia contra la pareja de Ayuso.

Así pues, en el origen del probable juicio que se la abra a González Amador, dueño de dos consultoras del sector sanitario, está el trabajo de las dos técnicas de Hacienda, a cuya declaración en audio ha podido acceder Público. Dicha declaración evidencia la trama de facturas falsas que desplegó el empresario desde un pueblo de Sevilla hasta México, pasando por Costa de Marfil para simular una facturación irreal y así tributar menos a Hacienda.

Ganar más y pagar menos

Las técnicas de Hacienda constataron el aumento considerable de los ingresos del ejercicio 2020: 2.330.000 euros más que en 2019. Sin embargo, pese a ese incremento de los beneficios, fruto de la comisión que obtuvo por su intermediación en un negocio de mascarillas en plena pandemia de coronavirus, el novio de Ayuso no quería pagar a Hacienda todo lo que le correspondía. Por lo que ideó una trama de facturas falsas, según han explicado las inspectoras en el juzgado, para aparentar trabajos ficticios con los que desgravarse ante Hacienda, pero se le fue de las manos porque llegó a tributar menos que otros ejercicios. 

"El hecho de que se incremente la facturación en una empresa no suele ser llamativo. Lo que es llamativo es que baja la tributación, es decir, incrementando de forma tan considerable los ingresos, no nos resulta lógico que baje la tributación. En 2019 tuvo unos ingresos de 375.000 euros aproximadamente. Si pasó a tener 2.330.000 tendré que incrementar la cuota ante la Hacienda Pública y nos damos cuenta que no", dijo la inspectora.

Para el ejercicio 2021 [año en el que da comienzo la relación sentimental con Ayuso] se sucede esta misma actuación, indicó la perito: "La cuota tributaria se mantiene muy baja" ese mismo año. 

Las facturas falsas

A las inspectoras les llamó la atención una factura aportada por González Amador que justificaba un trabajo en México, en 2020, por el que había facturado 620.000 euros. Pero no encontraron respaldo real para dicha factura. Lo explicó así la inspectora Mercedes Urbano ante la jueza Inmaculada Iglesias: "Es una factura falsa que ha sido utilizada para reducir la carga fiscal. Como tenía mucha carga fiscal ese año, porque tenía muchos beneficios, pues es una forma de hacerlo mediante la emisión, la recepción de facturas falsas o la utilización de esas facturas falsas".

Pero había otra factura falsa aún de mayor envergadura, en el ejercicio 2021. Se trata de un trabajo relacionado con una empresa de Costa de Marfil por 900.000 euros. Las inspectoras comprobaron que el trabajo era ficticio.  

"Cuando hemos detectado esta irregularidad (por la factura del país africano), es el momento en que el contribuyente reconoce que va a anular contable y fiscalmente esa factura", desveló la inspectora en el juzgado y aclaró que la factura en cuestión estaba recogida en la contabilidad y se la había deducido fiscalmente. "Entonces, vamos a decir, esta regularización, la hace cuando ya me ha pillado la Agencia Tributaria (...) Es cuando quiere un poco ajustar o arreglar su situación", indicaba la perito.

Hay que recordar que en el mismo año en el que comienza la relación sentimental entre Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador, 2021, es cuando el empresario llevó a cabo presuntamente el grueso de la operativa de facturas falsas. 

Solo en un pequeño pueblo de Sevilla, Arahal, se ubica el orgien de 13 facturas falsas, por valor de 178.000 euros, emitidas por "seis empresas carentes prácticamente de medios humanos y materiales", dijo la inspectora. Todas ellas, emitidas a Maxwell Cremona, la empresa de González Amador, con el objetivo de desgravarse esa suma de dinero ante Hacienda. 

Rifirrafe en el juzgado

Durante la declaración de las peritos de Hacienda, el abogado defensor de Alberto González Amador desplegó una estrategia encaminada a plantear que la Agencia Tributaria conocía que el empresario al que investigaba era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero la inspectora Urbano zanjó la cuestión negando que ese dato "personal" constara dentro del informe.

Ayuso ha intentando desacreditar esa investigación del fisco a su novio, a la que calificó de "salvaje", haciendo ver que se le investigaba para hacerla daño a ella, en su línea de falsa victimización. Pero la declaración de la inspectora Urbano, diseccionando el informe de la Agencia Tributaria, parece dejar poca duda de la comisión de los delitos fiscales. Respecto a esto, el propio abogado de González Amador confesó en su nombre en un correo electrónico enviado al fiscal de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid, el 2 de febrero de 2024, la autoría de la defraudación de 350.000 euros a Hacienda. La filtración de dicho correo ha acabado provocando el inédito procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Apertura de juicio oral

En dicho mail, el letrado Carlos Neira comunicaba la voluntad de González Amador de alcanzar un acuerdo de conformidad penal, con el que evitaría la entrada en prisión. "Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública", remataba el letrado. 

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González Amador se enfrenta a una petición de prisión de cinco años de cárcel por parte de la acusación popular ejercida por PSOE y Más Madrid. La Fiscalía y la Abogacía del Estado, por su parte, solicitan tres años y nueve meses de cárcel. En las próximas semanas, el juez Antonio Viejo, sucesor de la anterior intructora, Inmaculada Iglesias, que se jubiló este verano, suscribirá el auto de apertura de juicio oral para el novio de Ayuso, indican fuentes jurídicas. Será este magistrado el que continuará la instrucción de la pieza separada contra González Amador por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, en relación a una mercantil vinculada a Quirón Prevención.