De las 'guerras sucias' judiciales al control del Supremo: las amenazas a la justicia que Marchena obvia en su libro

El libro del magistrado Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959), La justicia AMENAZADA, (Espasa), que sale a la venta la semana próxima, se preocupa por "la aspiración a que el fiscal general sea imparcial, la crisis del Consejo General del Poder Judicial, el privilegio de una clase política blindada frente a investigaciones penales por el aforamiento", entre otras cuestiones que el juez español más influyente de la última década pone como ejemplo de amenazas para la justicia.

Pero el juez Marchena, destinado desde 2007 a la Sala Segunda del Supremo, la que juzga a los aforados, se calla algunas cosas en su libro, al que ha podido acceder Público. No menciona, por ejemplo, lo que motivó esa crisis por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre finales de 2018 y el verano de 2024: cinco años y medio de bloqueo del Partido Popular tras descubrirse que quería nombrar al propio Marchena presidente del Supremo para controlar la Sala Segunda "desde atrás". Después de filtrarse el wasap del senador del PP Ignacio Cosidó donde se evidenciaba el objetivo de controlar el Tribunal Supremo a través de la presidencia de Marchena, este dio marcha atrás y renunció a su candidatura. 

Con 66 años, Marchena se ha despedido ya de ocupar la primera plaza de la cúpula judicial, como presidente del CGPJ y del Supremo, pero su influencia, tras dejar la presidencia de la Sala Segunda, que ejerció desde 2014 a 2024, sigue intacta, apuntan fuentes del Supremo. En la actualidad es magistrado de dicha Sala.

Ni una palabra de autocrítica en relación a la actuación de sus colegas dedica Marchena en su ensayo sobre las amenazas que recibe la justicia. Ni una mención a causas tan estrambóticas como fue el llamado caso Neurona contra Podemos, por ejemplo, que se podría enmarcar en la llamada 'guerra sucia' contra Podemos. El juez Juan José Escalonilla mantuvo imputado a Podemos como partido y a varios de sus dirigentes durante tres años. Llegó a imputar a una trabajadora del partido por coger en brazos a los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias y la acusó de ser una 'niñera' pagada con fondos del partido.

Todas las piezas separadas fueron archivándose poco a poco al quedar patente la inexistencia de indicios de delitos sobre la financiación de Podemos. Las acusaciones personadas, Vox y la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege, de la misma órbita ultra, lograron alargar la causa con interminables recursos. 

La causa del juez Peinado

La instrucción del juez Escalonilla se asemeja a la que está realizando en estos momentos el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que podría ser considerada parte de una aparente ofensiva judicial sin precedentes contra el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez. 

Precisamente este viernes la Audiencia Provincial de Madrid le ha corregido y ha vuelto a dejar fuera de la investigación las ayudas públicas que recibió la aerolínea Air Europa durante la pandemia. También ha revocado la Audiencia de Madrid dos imputaciones: las del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y la del exconsejero del PP de Madrid y actual directivo del Instituto de Empresa Juan José Güemes.

El control del Poder Judicial y el ataque al TC

En los últimos años, coincidiendo con la crisis abierta en el CGPJ por la estrategia de control del PP, y por la turbulenta oposición de la formación de Feijóo a todo lo que saliera del Gobierno de Pedro Sánchez, se ha retratado claramente una derecha judicial que ha llegado a boicotear la renovación del Tribunal Constitucional para evitar que hubiera por primera vez en una década una mayoría progresista.

Los sectores conservadores del CGPJ y del propio TC han ido consolidando una indisimulada fuerza judicial a la derecha, que trata de erosionar la nueva mayoría de izquierdas en el Constitucional y la aparente neutralidad lograda en el CGPJ tras el acuerdo entre populares y socialistas, en junio de 2024, para la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Así, desde la órbita de esa derecha judicial, política y mediática se han ido lanzando mensajes que cuestionan a un Constitucional presidido por el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, con quien Marchena se disputó la presidencia de la Sala Segunda. Mensajes sobre una supuesta politización del tribunal de garantías --curiosamente ahora que la mayoría es progresista--, que han provocado por primera vez en la historia el cuestionamiento por escrito de una resolución del TC. 

No hay "carta blanca" para el TC

Se trata de las sentencias sobre el caso ERE de Andalucía, donde fueron condenados los dirigentes de la Junta, bajo el Gobierno del PSOE. El Constitucional las ha tumbado por vulneración de derechos fundamentales, obligando a la Audiencia de Sevilla a anular las condenas. Los jueces sevillanos han mostrado su enfado en una providencia donde dicen que las valoraciones del TC pueden que "no sean del todo compatibles con el derecho de la Unión" y se plantean acudir a la Justicia de la UE.

Los ultraderechistas no tardaron en plantear querellas contra los siete magistrados progresistas por las sentencia de amparo a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el Supremo las ha inadmitido, al considerar que el criterio adoptado por el tribunal de garantías se hizo de manera "argumentativa y con legalidad constitucional". Pero recuerda que si bien las resoluciones del TC "no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado", esto "no supone el otorgamiento de carta blanca al Tribunal Constitucional para resolver sin atenerse jurídicamente a la cuestión (...)" 

La inhabilitación de un diputado 

El Tribunal Constitucional se vio especialmente señalado en otro caso, cuando corrigió al propio Marchena, que había condenado al diputado de Podemos Alberto Rodríguez por haber dado supuestamente una patada a un policía durante una manifestación, sin más prueba que la palabra del agente, y provocando con esa condena la pérdida del escaño, una "medida desproporcionada", dijo el TC.

La mayoría progresista del tribunal de garantías anuló la condena y también la pérdida del escaño, aunque de manera simbólica. Aquella resolución de amparo al exdiputado de Podemos supuso un varapalo para Manuel Marchena. 

Relacionado con este tema

Historia del 'lawfare' español: así socavó el Tribunal Supremo los avances de la Segunda República

Ana María Pascual

No investigar al líder del PP ni al rey emérito

Pese a que la Sala Segunda del Supremo vio indicios de trato de favor en el máster que la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) aseguró que había superado Pablo Casado, el que luego sería líder del PP, acabó cerrando la puerta a la investigación penal.  "Aunque pueda considerarse que de las actuaciones resultan indicios de que se ha dispensado un trato de favor al aforado, esto merecería otro tipo de consideraciones ajenas al Derecho Penal". 

Es decir, que el Supremo acreditó que Pablo Casado no fue a clase y que la universidad le convalidó 40 créditos por deseo expreso de los profesores, pero no vio en ello motivo para reproche penal.

De igual manera, recientemente el Supremo ha cerrado la puerta a investigar los presuntos delitos fiscales del rey emérito, al archivar la querella que un grupo de juristas e intelectuales había presentado contra Juan Carlos de Borbón por cinco delitos fiscales. Marchena tardó cuatro meses en responder a los querellantes, que han recurrido en súplica ante el mismo órgano. 

Todo el libro de Marchena rezuma crítica al "poder político" y en concreto al Poder Ejecutivo, es decir, al Gobierno de Pedro Sánchez, pero sin dar nombres y sin referirse claramente a casos pendientes de resolución para evitar posibles recusaciones.