La jueza de la DANA rechaza citar como investigada a la delegada del Gobierno

La jueza de Catarroja (València) que investiga la gestión de la DANA ha rechazado citar a declarar como investigada a la delegada del Gobierno en el País Valencià, Pilar Bernabé.

La magistrada, que responde así en un auto notificado este martes a la solicitud presentada por una acusación popular, fundamenta su decisión en la normativa que considera aplicable en este caso, según la que el Govern valenciano es "el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en el País Valencià en el ámbito de sus competencias", tal y como informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

"Se pretende obviar de forma total la distribución competencial expuesta, efectuando un salto de la competencia autonómica en protección civil a la estatal, como base de la responsabilidad del Gobierno central", añade la instructora, entre otras consideraciones.

La jueza insiste en el auto en que "la patente inactividad, conectada con los fallecimientos y lesiones del día 29 de octubre, se produjo en el ámbito autonómico". Además, añade que los recursos y medidas legales que debieron haberse adoptado a posteriori del 29 de octubre "carecerían de conexión alguna con la presente instrucción".

La jueza ha dictado también este martes otros dos autos. En uno de ellos rechaza la solicitud de otra acusación popular dirigida a la obtención de las grabaciones de los vehículos que entraron en el Centro de Coordinación de Emergencias entre las 16.30 y las 23.59 horas del pasado 29 de octubre, el día de la DANA. En el segundo, ordena la acumulación de denuncias y diligencias de otros juzgados que se han inhibido en favor del de Catarroja en una pieza separada.

El órgano judicial también ha notificado una providencia donde se da cuenta de la remisión de un atestado de la Guardia Civil por el fallecimiento de dos de sus agentes en el cuartel de Paiporta el día de la DANA y de la renuncia de una representación letrada para ejercer la acusación particular en nombre de familiares de 64 de los fallecidos.

La jueza habla de una "evidente pasividad"

La magistrada considera "evidente", tras ver los listados de las llamadas y comunicaciones aportadas por los investigados, que el Govern de Mazón "concurrió una evidente pasividad ante una situación gravísima", ya que en el momento en el que se lanzó la alerta, a las 20.11 horas, ya se habían producido la práctica totalidad de los fallecimientos.

Agrega además que las llamadas, cuando fueron atendidas, "no llevaron desgraciadamente a que se tomara ninguna decisión en el ámbito autonómico para salvar a la población". La exconsellera Salomé Pradas no pudo hablar con el president entre las 18.30 y las 19.43 horas del día de la catástrofe.

"Quienes habían de tomar las decisiones manifiestan ser ajenos a las llamadas del 112, a las previsiones meteorológicas de la Aemet, a las comunicaciones sobre el estado y el caudal de los barrancos, ya fuera a través de correos o a través del SAIH", continúa la jueza, para luego añadir que no había pantallas en la sala del Cecopi, tal y como señala en el auto.

Un lugar, añade, "en que parece que nadie poseyera teléfonos, en el que los técnicos no les informaban o lo hacían mal, y en el que eran igualmente ajenos a las decisiones de instituciones de tanta relevancia como la Universitat de València que, con la misma información meteorológica de la que poseía la administración autonómica, decidió salvaguardar a los alumnos, trabajadores y profesores del grave riesgo al que estaban expuestos".

Según la jueza, parecía que los presentes en el Cecopi "permanecían en una burbuja, aislados del mundo exterior, sin posibilidad de abandonar la sala" y mientras "el tiempo transcurría lentamente, demorándose la toma de decisiones, mientras el agua y el barro se desbordaban de los barrancos y de los cauces de los ríos".

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Catarroja ha practicado hasta la fecha unas 250 declaraciones testificales, mayoritariamente de familiares de las 227 víctimas mortales y una persona desaparecida en la catástrofe. En la causa se han personado de momento 40 acusaciones, de las que ocho ejercen la acción popular y las 32 restantes, la acusación particular.