Las víctimas de las residencias apelan a Mur: "Que aclare de una vez quién le ordenó firmar el protocolo de la vergüenza"

Tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso volverán a comparecer ante un juez por el abandono sanitario que sufrieron miles de mayores durante la primera ola de la pandemia. Están citados a declarar como investigados el próximo martes 10 de febrero, a partir de las 10.00 horas, en el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid.

Los imputados son Carlos Mur de Víu, entonces director general de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los protocolos de la vergüenza; Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el principal artífice de esas directrices y sucesor de Mur en el cargo, y Pablo Busca Ostalaza, responsable en aquel momento del SUMMA 112, el servicio encargado de gestionar las ambulancias públicas. En el mismo procedimiento también figura como investigada la entonces geriatra de enlace del Hospital Ramón y Cajal. 

La causa que se instruye parte de la querella interpuesta por una mujer cuya madre residía en el centro Manoteras, en Madrid, en la primavera de 2020. El escrito acusa a los investigados de un delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria. Se trata del quinto procedimiento judicial en el que estos ex altos cargos figuran como imputados. 

Aplazamientos, inhibiciones y ausencias   

El periplo judicial ha estado marcado por aplazamientos y suspensiones. El 26 de mayo de 2025, Mur y Peromingo debían declarar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, pero la comparecencia se suspendió después de que ambos alegaran no haber tenido acceso previo a las actuaciones. Semanas después, el 17 de junio, el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés decidió inhibirse en favor del Juzgado 3, al considerar que este ya investigaba los mismos hechos. El 9 de diciembre, Peromingo sí declaró en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid; Mur estaba citado ese mismo día, pero no acudió. 

Un día después, el 10 de diciembre, Peromingo volvió a declarar, esta vez ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba. Mur también estaba citado, pero tampoco compareció.  Finalmente, este último prestó declaración el pasado 26 de enero por videoconferencia desde Andorra. Hasta ahora, Peromingo ha declarado en dos ocasiones y Mur en una. El tercer imputado, Pablo Busca, sigue sin haber comparecido ante ningún juzgado: sus citaciones se han ido aplazando por cuestiones procesales o por problemas de salud.

Mur aseguró que el contenido de los protocolos fue conocido por la cúpula de la Consejería de Sanidad: Enrique Ruiz Escudero y Ana Dávila 

En sus dos comparecencias ante el juez, Peromingo reconoció  que las directrices tenía un carácter "discriminatorio" y descargó toda la responsabilidad de su redacción en Mur. Este último, por su parte, en la única declaración que ha prestado hasta ahora, se desmarcó de la autoría del documento: aseguró que se limitó a firmar un texto ya elaborado y sostuvo que su contenido era conocido por la cúpula de la Consejería de Sanidad, incluido el entonces consejero Enrique Ruiz Escudero y la viceconsejera Ana Dávila. Ambos permanecen aforados. Ruiz fue designado senador autonómico en 2023 y Dávila fue ascendida por Ayuso y ocupa actualmente la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

 "¿Por qué Ayuso no medicalizo las residencias?"

Desde las asociaciones de familiares de las víctimas, Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia, valoran que, por primera vez en sede judicial, Mur haya señalado a sus superiores políticos. Pero consideran insuficiente ese paso. "Le pedimos que aclare de una vez quién le dio la orden de firmar y remitir a los hospitales los protocolos de la vergüenza", reclaman. 

Recriminan también los "insultos" públicos de la presidenta madrileña, quien hace unos días los calificó como "plataforma de frustrados". A su juicio, las descalificaciones no logran tapar una pregunta que sigue sin respuesta seis años después: "¿Por qué el Gobierno regional no envió a las residencias los 1.826 médicos y enfermeros de los que disponía en marzo y abril de 2020 para medicalizar los centros?". 

La decisión fue otra, afirman. "La mayor parte de esos profesionales —1.421 médicos y enfermeras— fueron destinados al hospital de campaña de Ifema, convertido por la propaganda del Ejecutivo madrileño en el hospital milagro, y otros 351 a los hoteles medicalizados. A las residencias solo llegaron 54 sanitarios", argumentan tajantes.