La última disputa entre PSOE y Sumar: el 'foie'

En los meses de octubre y noviembre, se ha producido en el Congreso de los Diputados un cruce de escritos entre el Grupo Plurinacional Sumar y el Gobierno a cuenta de la alimentación forzada de patos y ocas para obtener foie, uno de los alimentos tradicionalmente más valorados en la alta cocina y, por otro lado, cada vez más al alcance del común de la población. Sumar registró a mediados de octubre una serie de preguntas parlamentarias por escrito con la idea de pedir al Ejecutivo una limitación de esas prácticas para evitar el sufrimiento de dichos animales. Sin embargo, el PSOE ha respondido con una negativa. No habrá cambios en la legislación.

Lo cierto es que el primer movimiento en este sentido no lo protagonizó Sumar, sino la Fundación Igualdad Animal. El 8 de octubre, Francisco Javier Moreno Belmonte, representante de dicha entidad, presentó un escrito dirigido al Gobierno y a la Mesa y diputados de la Comisión de Agricultura anunciando que su fundación había recogido 102.217 firmas para pedir "el fin de la alimentación forzada para la producción de foie gras en España".

En la carta, Igualdad Animal califica esa práctica de "una de las más crueles" y que "más sufrimiento genera a los animales de la industria ganadera". De hecho, España es uno de los únicos cinco países europeos en los que está permitida la alimentación forzada a patos y ocas para elaborar foie. Además, solo Francia, Bulgaria, Bélgica y Hungría lo permiten. Desde la fundación insisten en que España debe estar "en la vanguardia de Europa" en cuanto al bienestar animal y por eso piden que se lleven a cabo reformas legislativas para prohibir la práctica y que "el interés por la protección de los animales" de la ciudadanía española se vea reflejado en la acción gubernativa.

Sumar cogió el testigo. En el Congreso de los Diputados, existe una herramienta al alcance de todos los grupos parlamentarios que consiste en registrar preguntas por escrito al Gobierno para pedirle que se posicione en cuanto a algún tema en concreto e, incluso, para instarle a llevar a cabo alguna acción. Habitualmente, se utilizan como una medida de presión al Ejecutivo. 

Así, el 15 de octubre, Sumar registró una batería de preguntas insistiendo al Gobierno en la misma línea que la Fundación Igualdad Animal. En concreto, puntualizaba que el Comité Científico de la Salud y el Bienestar de los Animales de la Unión Europea concluyó en 1998 que la alimentación forzada es perjudicial para las aves. 

En el escrito, explican que la práctica, utilizada en patos y ocas para engordar sus hígados ―de donde se obtiene el foie― "implica introducir un tubo metálico por sus gargantas y administrarles grandes cantidades de alimento, lo que causa sufrimiento y enfermedades, como la esteatosis hepática". Además, también abundan en la rareza que supone que España, a diferencia de países como Italia, Argentina, Austria o Alemania, siga permitiendo la práctica.

Sumar, por medio de su diputado Nahuel González (Izquierda Unida), pregunta al Ejecutivo, en concreto, por su posición sobre el tema a la luz de los datos y le interroga sobre si tiene intención de abordar algún tipo de reforma legislativa o si considera la posibilidad de eliminar el foie gras de los menús de banquetes y recepciones oficiales. Todo ello, teniendo en cuenta que el artículo 333 bis del Código Civil obliga a los propietarios de los animales a asegurar su bienestar.

Según datos oficiales del Gobierno, en España se criaron, en 2019, alrededor de un millón de patos y se produjeron 600 toneladas de foie.

Respuesta del Gobierno

La respuesta del Ejecutivo llegó el 22 de noviembre y fue escueta. En un escrito al que ha tenido acceso este medio, el Gobierno explica que la alimentación forzada a la que se refieren Sumar y la Fundación Igualdad Animal está sometida al Programa nacional de control oficial del bienestar animal en las explotaciones ganaderas y el transporte de animales y también remarcan que la Unión Europea no la prohíbe.

Por otra parte, argumentan que "habida cuenta de la necesidad de garantizar el mercado interior y de evitar situaciones de desventaja competitiva de los ganaderos españoles respecto a otros de la UE, no está previsto tomar medidas legislativas adicionales".

Desde Sumar, en conversación con Público, deslizan que "es bastante decepcionante que un ministerio progresista no esté por lo menos preocupado por prácticas abusivas con los derechos animales que en Europa se están empezando a regular" y se comprometen a "seguir trabajando" para que llegue ese cambio legislativo que prohíba "esta tortura y sufrimiento terrible en los animales".