Las víctimas dudan de que la investigación del Defensor del Pueblo sobre los abusos pueda obligar a la Iglesia a cooperar

Un mes y medio después de que el Congreso pusiera el foco sobre la necesidad de investigar los abusos sexuales a menores en la Iglesia, un problema estructural silenciado durante décadas y cubierto por el manto de la impunidad, una amplia mayoría del hemiciclo (todos los partidos, menos Vox) ha avalado este jueves la propuesta de PSOE y PNV para encomendar al Defensor del Pueblo la creación de una comisión independiente sobre esta cuestión.

Unidas Podemos, ERC y EH Bildu abrieron la veda al presentar una iniciativa que perseguía la creación de una comisión de investigación en el Congreso, un espacio que diera voz a las víctimas de los abusos y pusiera cara a los responsables y encubridores de las atrocidades cometidas sobre niños en dependencias de la Iglesia católica.

PSOE puso otra propuesta sobre la mesa, a la que más tarde se sumó PNV, y tras semanas de negociaciones con sus socios gubernamentales y parlamentarios, ha sido respaldada este jueves por 286 votos a favor, un resultado anómalo en un Parlamento dividido en bloques. 

Pese al gran avance en esta materia, según reconocen los partidos y las víctimas, la comisión de expertos liderada por el Defensor del Pueblo, tal y como está planteada en la propuesta que ha recibido luz verde, no tiene los recursos suficientes para obligar a los obispos a que declaren personalmente en la comisión ni a que aporten documentación. Esto se debe al acuerdo todavía vigente de España con la Santa Sede, el cual establece que los archivos de la Conferencia Episcopal Española son inviolables.

Así lo advirtieron tanto las víctimas como los grupos que pidieron una comisión de investigación. Y después de que el PSOE rechazara este martes la propuesta de sus socios, estos se vieron avocados a mover ficha para llegar a un punto de encuentro y remar todos en la misma dirección con la única alternativa que había sobre la mesa.

En este sentido, a escasas horas de la votación, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han anunciado un "principio de acuerdo" por el que admiten que sea el Defensor del Pueblo el encargado de investigar los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica. Un preacuerdo alcanzado con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, del que se han dado pocos detalles a la espera de concretar más adelante la fórmula para dotar de poder a la comisión de expertos de manera que "obligue a la Iglesia a cooperar", tal como han asegurado los representantes de dichas formaciones.

Si bien, fuentes del grupo socialista trasladan que, en todo caso, ese órgano creado por el Alto Comisionado de la Cortes Generales podrá "indicar" a la Iglesia que facilite información, no "obligar". También están por definir aún los ámbitos que se tendrán en cuenta en dicha comisión, así como el plazo para su creación.

En este sentido, estas dudas dejan para las víctimas de la pederastia clerical un sabor agridulce en una jornada que se presuponía histórica. "La proposición no de ley aprobada hoy es una declaración de buenas intenciones, que no va acompañada de un buen informe jurídico-técnico que nos clarifique elementos importantes de la investigación: qué presupuesto va a tener, qué poderes coercitivos, qué metodología de investigación, y si se van a abrir los archivos o no, los cuales son fundamentales para determinar si la investigación va a tener éxito o no", critica Miguel Hurtado, víctima de abusos sexuales por parte de un monje de la abadía de Montserrat, en una conversación con Público.

El fundador de Mans Petites, Manuel Barbero, también se pronuncia en esta línea. "Las víctimas quieren una comisión de la verdad. Nos están vendiendo la moto y tenemos que seguir trabajando para que sea una realidad esa propuesta", es decir, solicita más información sobre la dotación económica que recibirá la comisión, cómo se van a valorar a las víctimas, y sobre todo, "habrá que ver cómo se va a articular que la Iglesia esté obligada a cooperar". "Muchas preguntas por hacer", remacha.

Javier Paz, otra víctima de la pederastia clerical, reconoce el avance dado este jueves, "tanto a nivel político como social, ya que no se puede mirar hacia otro lado". No obstante, asume que la tarea encomendada al Defensor del Pueblo es un "camino que hay que empezar a andar" y "hay que ir mejorando", entre otras cuestiones porque la "Iglesia tiene inmunidad". "Es cierto que hay que trabajar para obligar a que coopere, pero que estén dispuestos a hacerlo todo sin que se les obligue, es complicado", añade.

Asimismo, Teresa Conde, que sufrió abusos por parte de un sacerdote de su pueblo, tiene claro que "lo importante es que se comience a caminar" gracias al paso que el Congreso ha dado este jueves. Sin embargo, también expone sus dudas sobre el papel que jugará la institución eclesiástica, lo que podría afectar a los resultados de la comisión. "Lo terrible es que la Iglesia tiene una situación que le permite no tener que dar explicaciones. Pueden mentir y no pasa nada. Pueden ponernos en solfa, e incluso denunciarnos por difamación".