"Los Derechos Humanos están por encima de cualquier concordato", así de tajante se muestra el teólogo Evaristo Villar, portavoz de Redes Cristinas, la principal comunidad de cristianos de base de España. Su organización lleva años denunciando la vigencia de los acuerdos de España con la Santa Sede, de 1979, que actualizaron el concordato franquista de 1953. En virtud de estos acuerdos de tipo económico, judicial y educativo con el Vaticano, la Iglesia goza aún de privilegios de dudosa constitucionalidad. 

Uno de ellos es la inviolabilidad de "los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española (CEE), a las Curias Episcopales, a las Curias de los Superiores Mayores de las Órdenes y Congregaciones religiosas, a las Parroquias y a otras Instituciones y Entidades eclesiásticas", consta en uno de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, firmados en enero de 1979, tras la proclamación de la Constitución; acuerdos que no pasaron por el Parlamento, por lo que algunos juristas interpretan que no son constitucionales. 

En virtud de la protección que reciben los archivos eclesiásticos, llegado el caso de un pulso judicial para que la Conferencia Episcopal entregase ciertos documentos a la Justicia española, la Iglesia podría invocar la inviolabilidad a la que se comprometió el Gobierno de Adolfo Suárez con el Vaticano "y no está claro quién ganaría el pulso", alega Miguel Ángel Hurtado, activista que lucha por el fin de la impunidad que rodea la pederastia en el seno de la Iglesia. Él fue víctima de abusos de un monje cuando era menor de edad. Ha organizado una campaña de recogidas de firmas en la plataforma Change.org para que España investigue en profundidad el alcance de la pederastia eclesial. Lleva ya 67.000 firmas de apoyo. 

Según Hurtado, si se diera ese trance, "se pondrían de manifiesto las partes más lesivas del concordato, las que inciden en la impunidad de los delitos de abusos sexuales por parte de religiosos". 

La futura investigación sobre la pederastia eclesial aún no tiene ni fecha de inicio ni institución que la dirija. Sobre la mesa hay tres propuestas: la del PSOE, que aboga porque sea el Defensor del Pueblo quien se encargue de organizar una comisión de expertos para afrontar el estudio del escándalo; la de Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu que piden crear una comisión de investigación en la Cámara Baja;  y el PNV que también ha registrado una PNL para pedir al Gobierno que constituya un grupo de trabajo formado por personas expertas e independientes. 

El papel de la Iglesia en esa futura investigación aún es un enigma. El ministro Félix Bolaños ha pedido formalmente a la Conferencia Episcopal que se una como parte integrante de la futura comisión. Esto despierta recelo en algunas víctimas y expertos: "¿Se sentará la Iglesia como parte investigada o como parte investigadora? --se pregunta Miguel Ángel Hurtado--. No se puede investigar a sí misma, porque hay que profundizar en el tema del encubrimiento: durante años la Iglesia ha apartado a los curas pederastas llevándoselos a otros destinos, evitando que fueran juzgados". 

"La Iglesia no puede ser juez y parte", opina María Teresa Compte, presidenta de la Asociación Betania, de atención integral a las víctimas de abusos sexuales en el contexto religioso; única entidad de este tipo que existe en España. 

La llave de los archivos

Pero otros especialistas abogan precisamente por la presencia de la Iglesia en la investigación del fenómeno de los abusos sexuales en su seno, como una forma de "limpiar su imagen". Evaristo Villar, de Redes Cristianas, considera "importante" que esté representada la Conferencia Episcopal en la futura investigación porque "es la que tiene la llave de los documentos que prueban el encubrimiento que se ha hecho durante años del tema de los abusos; tiene la llave de los archivos que prueban la magnitud real del escándalo", dice este teólogo, que añade: "Que esté en la investigación pero sin capacidad de decisión; la Iglesia no puede decidir en este tema, como viene haciendo desde siempre, haciendo oídos sordos". 

Desde la Asociación Infancia Robada, formada por víctimas de pedofilia en el ámbito eclesiástico, ven con buenos ojos que se invite a la Iglesia a colaborar en la investigación, "obligándola a abrir los archivos", apostilla Ana Cuevas, confundadora de la entidad y madre de un niño que fue abusado por un profesor en un colegio del Opus Dei. El docente, pese a haber sido condenado en primera instancia a once años de prisión, vio su condena rebajada por el Tribunal Supremo a los dos años y jamás ingresó en prisión. 

¿Qué hay en los archivos?

¿Qué pueden contener los archivos de la Iglesia sobre la pederastia eclesial? Una de las mayores fuentes para conocer la envergadura del problema sobre la pederastia en la Iglesia son los expedientes canónicos sobre esos casos que se guardan bajo candado en los archivos de la Conferencia Episcopal. La Justicia Canónica actúa con independencia de la Justicia española, según sus propias reglas. La pena más alta que impone la Justicia Canónica a los sacerdotes pederastas es la expulsión del estado clerical, pero no tiene obligación de trasladar el caso a las autoridades judiciales, por lo que muchos delitos de abusos han prescrito sin recibir el reproche penal adecuado.

En 2001, el Vaticano ordenó a la Conferencia Episcopal que centralizara todas las denuncias que llegaban a las diócesis sobre abusos sexuales en la Congregación para la Doctrina de la Fe, un organismo de la Santa Sede que, entre otras cosas, se encarga de las cuestiones disciplinarias. En veinte años, los obispos españoles informaron a esa institución sobre 220 sacerdotes denunciados por pederastia.

Esa es la cifra (muy alejada de los casos en otros países, como 14.000 en Irlanda o 10.000 en Francia) que reconoce como oficial la Conferencia Episcopal Española sobre los casos de pederastia eclesial. En abril de 2021, la Conferencia Episcopal informó de esos datos e indicó que de las 220 denuncias, 151 casos ya se habían resuelto y 69 continuaban abiertos. Pero en sus archivos deberían constar muchos más casos, señala Miguel Ángel Hurtado: "Todos los casos que sistemáticamente la jerarquía católica ha encubierto; todos los expedientes que han ido acumulando los obispos". 

La petición de la Fiscalía cayó en saco rato

La inviolabilidad, sobre el papel, de esos archivos de la Iglesia augura un mal comienzo a una comisión de la verdad. De hecho, existe un precedente que hace desconfiar de la disposición de la Conferencia Episcopal a abrir sus archivos. En 2019, la Fiscalía General del Estado advirtió de que las medidas para evitar y denunciar los abusos sexuales a menores en la Iglesia eran "deficientes" y pidió a la Conferencia Episcopal que trasladara a la Justicia las denuncias, prescindiendo de "comprobaciones o filtros internos de verificación". Pero la Iglesia hizo caso omiso. En algunos casos recientes, las oficinas diocesanas de Abusos de los obispados están poniendo en conocimiento de la Fiscalía las denuncias, según ha podido saber este medio. 

Ahora, la Fiscalía General ha vuelto a interesarse por el asunto y ha pedido a las 17 Fiscalías Superiores de España que le remitan todas las causas que se estén tramitando actualmente sobre agresiones y abusos sexuales cometidos por religiosos. 

Precisamente este martes la Fiscalía de Castilla-La Mancha ha remitido a la Fiscalía General una relación de cinco procedimientos que se siguen en las fiscalías de Ciudad Real, Toledo y Cuenca contra sacerdotes denunciados.