De Airbnb a Alquiler Seguro: Bustinduy despliega toda la maquinaria de Consumo para intervenir en vivienda

La crisis de la vivienda se ha convertido en uno de los principales campos de batalla del Ministerio de Consumo. Frente al encarecimiento del alquiler, la proliferación de pisos turísticos ilegales y las prácticas abusivas de algunas empresas inmobiliarias, el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha decidido utilizar su capacidad sancionadora para tratar de atajar esta problemática. 

El golpe más contundente ha llegado este lunes al anunciar una multa de 64 millones de euros a Airbnb, la segunda mayor sanción del ministerio, solo por detrás de la impuesta a Ryanair. El Ministerio castigó a la plataforma de alquiler turístico por publicar 65.122 anuncios de alojamientos sin licencia, una práctica que, según Consumo, contribuye de forma directa a reducir la oferta de vivienda residencial y a tensionar los precios.

El expediente sancionador se abrió en diciembre de 2024. Durante meses, Airbnb se negó a eliminar los anuncios irregulares, pese a los requerimientos del Gobierno, y no fue hasta este verano cuando los borró. La retirada, sin embargo, no evitó la sanción porque las infracciones ya se habían cometido y el procedimiento siguió su curso.

Consumo considera que la plataforma incurrió en prácticas comerciales desleales y publicidad engañosa, tipificadas como infracciones graves en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Entre las irregularidades detectadas figuran anuncios sin número de licencia, licencias falsas o que no se correspondían con los registros oficiales, así como información incompleta o engañosa sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones. A estas infracciones se suman sanciones adicionales por negarse a facilitar información a la Administración y por incumplir medidas provisionales destinadas a proteger a las personas consumidoras.

Airbnb no ha sido la única plataforma señalada. La web Booking también tuvo que retirar anuncios de viviendas turísticas tras un requerimiento del Ministerio. En junio eliminó 4.093 anuncios, la mayoría situados en Canarias. Para Consumo, estas actuaciones forman parte de su estrategia para contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, el que consideran uno de los principales problemas del país. 

"Este ministerio va a salvaguardar y proteger el derecho constitucional a la vivienda, erradicando las prácticas especulativas y lesivas", ha subrayado este lunes Bustinduy. 

En varias ocasiones, el Ministerio de Consumo ha tenido un papel central en la gestión de la crisis de la vivienda. Mientras el Ministerio de Vivienda trabaja en proyectos a largo plazo, Consumo se muestra más activo y visible en el día a día del mercado. El departamento de Isabel Rodríguez ha puesto en marcha reformas importantes, como la creación de la empresa pública Casa 47, la cesión de suelo y viviendas al parque público o la preparación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030; si bien, sus avances tardan en materializarse y aún tienen un impacto limitado en el acceso real a la vivienda.

Notificaciones a ayuntamientos y comunidades  

En esta línea, el Ministerio de Consumo ha iniciado una campaña de colaboración -y presión- con ayuntamientos y comunidades autónomas para facilitar la detección y sanción de pisos turísticos ilegales. Aunque el ministerio puede multar a las plataformas por cómo gestiona los anuncios y la información a los usuarios, la competencia sobre el control de licencias y la sanción directa a los propietarios recae en los órganos municipales.

En junio, Consumo facilitó al Ayuntamiento de Madrid un informe con 2.300 direcciones de viviendas turísticas sin licencia, que se suman a otro envío anterior con más de 1.200 direcciones. Junto al listado, el ministerio entregó una carta firmada por Bustinduy en la que señalaba que el objetivo del envío era "facilitar la labor de inspección y sanción" del consistorio y "contribuir a recuperar vivienda para el uso residencial de la ciudadanía".

El propio ministro llegó a declarar que su departamento estaba "haciendo el trabajo que el Ayuntamiento de Madrid" no había hecho, instando al alcalde a actuar con la información proporcionada. 

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También el ministerio informó en abril que detectó en Galicia más de 9.000 anuncios ilegales de pisos turísticos en la región. En Santiago de Compostela identificaron en una plataforma 406 anuncios, frente a 66 licencias concedidas oficialmente. En una reunión con la alcaldesa de la capital gallega Goretti Sanmartín, Bustinduy le trasladó las direcciones de 221 pisos turísticos que se anuncian de manera online en la ciudad para facilitar la apertura de procedimientos por parte del consistorio para retirar estos anuncios, solicitar el cese de su actividad e, incluso, abrir posibles expedientes sancionadores. En este caso, el ministro reconoció los "pasos firmes" que estaba dando el ayuntamiento gallego para frenar el descontrol de los pisos turísticos.

Sanción a Alquiler Seguro  

La estrategia del Ministerio no se limita al alquiler turístico. El pasado viernes, el ministerio sancionó a la empresa Alquiler Seguro con una multa de 3,6 millones de euros. La compañía, que ha intermediado en más de 76.000 contratos que afectan a cerca de 97.000 inquilinos, está acusada de cobrar comisiones ilegales y de imponer cláusulas abusivas. Entre las prácticas detectadas figuran la obligación de contratar seguros de hogar y servicios adicionales no solicitados, la imposición de costes derivados de posibles impagos, la autorización para incluir a los inquilinos en ficheros de morosos y la exigencia de estudios de solvencia.

El expediente tiene su origen en varias demandas del Sindicato de Inquilinas tramitadas desde 2023 y en denuncias de organizaciones como Facua y OCU. En otoño, además, una serie de investigaciones periodísticas de Público sacó a la luz las polémicas prácticas de la compañía. 

Tras este caso, el ministerio abrió en junio un nuevo expediente sancionador contra otra agencia inmobiliaria con presencia en todo el país, cuyo nombre no ha trascendido, por posibles prácticas abusivas similares. Ambas actuaciones se enmarcan en una investigación más amplia iniciada en octubre de 2024, que sigue abierta y podría derivar en nuevas sanciones a otras empresas del sector.

Prórroga de los contratos de alquiler

Más allá de las sanciones, Bustinduy ha reclamado este lunes medidas legislativas para proteger a los inquilinos frente a la escalada de precios. Según los datos de Consumo, alrededor de 630.000 contratos de alquiler vencen en 2026, lo que podría afectar a cerca de 1,6 millones de personas.

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El ministro ha instado al PSOE a apoyar el decreto ley presentado por Sumar para establecer una prórroga automática de estos contratos y extender la prohibición de desahucios para familias en situación vulnerable. "Es incomprensible que no se haya hecho ya", ha afirmado este lunes, reclamando una actuación inmediata "sin más demoras ni excusas".

"Depurar responsabilidades y actuar de manera decidida con la prórroga de los alquileres, renovación de la moratoria antidesahucios, subir el salario mínimo... creo que es la única manera de hacer sostenible la legislatura hasta 2027", ha añadido.