El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha abierto un nuevo expediente sancionador a una agencia inmobiliaria que opera en todo el país. Según un comunicado del ministerio al que ha tenido acceso Público, la inmobiliaria podría haber llevado a cabo "posibles prácticas abusivas contra inquilinos e inquilinas" en la gestión del alquiler, como el cobro de comisiones ilegales u obligar a contratar servicios no solicitados.

En el marco complejo de la vivienda, marcado por el aumento de los precios o las dificultades en el acceso, se trata del segundo expediente que ha abierto el Ministerio a través de la Dirección General de Consumo, después del que abrió a finales de marzo a Alquiler Seguro por estas mismas posibles prácticas abusivas.

Estos expedientes se enmarcan en la investigación que Consumo está llevando a cabo desde el pasado mes de octubre en el ámbito de la gestión del alquiler inmobiliario. Según la información a la que ha podido acceder este periódico, "se abrió por denuncias del Sindicato de Inquilinas CECU y de asociaciones de consumidores como FACUA y OCU". Asimismo, la investigación sigue abierta con la posibilidad de abrir nuevos expedientes a otras empresas por haber cometido estas u otras prácticas.

Estas organizaciones denuncian actos como "obligar a los inquilinos a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratación de servicios no solicitados".

Por su parte, desde el Ministerio de Consumo indican que la Ley 12/2023, del 24 de mayo, sobre el derecho a la vivienda, establece de forma clara que no se puede trasladar a los inquilinos los costes relacionados con la gestión inmobiliaria ni con la formalización del contrato. Asimismo, informan que este tipo de prácticas "pueden ser constitutivas de infracciones". De esta forma, según la Ley de Defensa a los Consumidores, podrían clasificarse como graves o muy graves, siendo sancionadas con multas de hasta 100.000 euros o un millón de euros, respectivamente.

Estos dos procedimientos sancionadores iniciados contra las agencias inmobiliarias se suman a los expedientes que la Dirección General de Consumo tiene actualmente en curso en el ámbito de los pisos turísticos, otro de los grandes retos para la vivienda. Puesto que la proliferación de alquileres turísticos ha contribuido a la escasez de oferta y al aumento de los precios en algunas zonas.

Se suman a otras acciones 

Desde la Dirección General de Consumo investigan a Airbnb porque "mantiene miles de anuncios" que fueron considerados como "publicidad ilegal". A su vez, tienen abierto un expediente contra varias empresas que gestionan viviendas turísticas en distintas Comunidades Autónomas tras detectarse que estarían ofreciendo "información falsa o, aun siendo cierta, presentada de forma que pueda inducir a error a los consumidores", lo que constituye una práctica comercial engañosa.

En este marco, el Ministerio de Consumo ha ordenado el "bloqueo de más de 65.935 anuncios ilegales" en la plataforma Airbnb como parte de sus esfuerzos por reforzar el control sobre el mercado de alojamientos turísticos.

"La vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la ley", afirma el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy. Por ello, todas las iniciativas mencionadas "se enmarcan en el objetivo de proteger el derecho de acceso a la vivienda" para defender los derechos de las personas consumidoras.

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En lo que respecta a los derechos de los inquilinos, Consumo ha desarrollado campañas informativas dirigidas a los agentes del sector para alertar sobre posibles conductas abusivas en los contratos de arrendamiento. Además, desde la Dirección General de Consumo aclaran que la apertura de este expediente sancionador no "prejuzga el resultado final de la investigación".