La voluntad de Juan Carlos I de vivir en Abu Dabi prolonga la incógnita sobre el dinero público que supone su estancia

Un manto de impunidad cubre el dinero público que el Estado español dedica a la protección y asistencia de Juan Carlos I en la capital de Emiratos Árabes Unidos, donde reside desde el 3 de agosto de 2020. En Abu Dabi, el rey emérito ha encontrado "tranquilidad", según expresa en la misiva enviada a su hijo hace unos días, en la que le comunica que su decisión es seguir viviendo en el pequeño emirato del Golfo Pérsico, donde reside como invitado del príncipe Mohammed bin Zayed. 

Sin embargo, el destierro voluntario de Juan Carlos I no le sale gratis a la ciudadanía española. Hace un año el Gobierno español admitía que tres asistentes acompañaban al emérito en su día a día en Adu Dabi y que Patrimonio Nacional sufraga sus viajes, estancia y nóminas. Pero el Ejecutivo no indicó a cuánto asciende el coste total de esa privilegiada asistencia.  

El Gobierno justificó que el rey emérito siga contando con ese tipo de asistentes "de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente", pero no señaló a qué ley se refiere. Ni en la que regula el Patrimonio Nacional ni en las de los Presupuestos Generales de 2021 y 2022 aparecen mención ni partida concreta para sufragar los gastos de asistencia de rey emérito. Tampoco el Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa del Rey indica qué aportaciones económicas podrá recibir el jefe de Estado cuando deje de serlo. 

Cuando Juan Carlos I abdicó en 2014, su sucesor decidió que de la partida que recibe la Casa del Rey de los presupuestos generales del Estado cada año asignaría a sus padres, los reyes eméritos, dos sueldos vitalicios. Oficialmente la Casa del Rey tiene asignada en 2022 una partida de 8,4 millones de euros, más otra adicional de 7,2 millones y otras que se desconocen porque quedan diluidas en los diferentes presupuestos de los ministerios. 

En 2020 Juan Carlos de Borbón tenía asignado un sueldo anual de 198.845,10 euros, de los que sólo pudo cobrar 37.000 antes de que Felipe VI le retirara la asignación en marzo de 2020, tras conocerse el escándalo por la sociedad offshore en la que aparecían como beneficiarios tanto el padre como el hijo. 

Por su parte, la reina emérita tiene asignado un sueldo de 114.000 euros anuales procedentes de la Casa del Rey. Un total de  900.692 euros desde 2014, cuando la reina Sofía se convirtió en reina emérita. En su caso, el Gobierno tampoco es transparente y no aclara si proporciona asistentes a cargo de Patrimonio Nacional para su residencia en Londres.

Petición de la Casa del Rey

Aunque le retiró la asignación como un gesto de reprobación por sus negocios opacos, Felipe VI pidió al Gobierno que sufragara con dinero público, al margen del destinado a su Casa, el coste de enviar a Abu Dabi y mantener a tres asistentes personales para Juan Carlos I. 

Así, la entidad adscrita al Ministerio de Presidencia sufraga el pago de las nóminas del personal desplazado a Emiratos Árabes, los gastos derivados de su estancia allí y sus viajes. Se trata de un personal de libre designación que ejerce labores de asistencia al exjefe del Estado y que se organiza por turnos, según explicó en enero de 2021 la entonces ministra de la Presidencia, Carmen Calvo. 

El Gobierno es reacio a dar cifras y no contesta a las solicitudes de información a través del Portal de Transparencia sobre el dinero público que cuesta el destierro voluntario del rey emérito, aduciendo que se trata de actividades privadas que corresponden a un miembro de la Familia Real pero que no pertenece ya a la Casa Real. 

Como los expresidentes del Gobierno

La exministra Carmen Calvo apuntó en varias entrevistas hace un año que el rey emérito tendría que tener la misma consideración que los expresidentes del Gobierno, que amparados en el Estatuto de los Expresidentes, gozan de un sueldo vitalicio y de la asistencia también de por vida de dos funcionarios. "Dichos puestos de trabajo se incluirán en la relación de puestos de trabajo correspondientes a la Presidencia del Gobierno prevista en la del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno", consta en el artículo 3 del Estatuto de los Expresidentes del Gobierno.

Según la exvicepresidenta Carmen Calvo, Juan Carlos I tiene derecho a un "pequeño staff" como la tienen los expresidentes: "Las personas que tienen esos cargos tan importantes, que son ex jefes de Estado, tienen un pequeño 'staff' de personal y seguridad para el resto de su vida, incluso algunos presidentes autonómicos".