El verdadero origen de la fortuna del rey emérito (5)Juan Carlos I utilizó Patrimonio Nacional para pagar lujos a sus amantes y los gastos de sus palacios, yates y viajes

En el capítulo anterior de esta serie de investigación ya planteamos el misterio sobre el origen y el motivo del "regalo puro" por valor de 65 millones de euros que recibió Juan Carlos I en Suiza, el 8 de agosto de 2008, sólo cinco meses después de que su intervención ante el Tribunal Constitucional lograse librar de prisión, a costa de un grave enfrentamiento interno en el Poder Judicial, a Los Albertos (Alcocer y Cortina) que administraban su fortuna.

Esa transferencia llegó a la cuenta 505.523 que acababa de abrir (el día anterior) el propio Juan Carlos I en la banca Mirabaud de Ginebra, como titular y en nombre de la "cocontratante Fundación Lucum de Panamá", dando como residencia "Palacio de la Zarzuela – Madrid". Según el extracto bancario de esa cuenta correspondiente a agosto y septiembre de ese año, que publicó la Tribune de Genève, el ordenante fue el "Ministerio de Finanzas de Riad", y el concepto "donación del rey de Arabia Saudí" por 100 millones de dólares (64.884.405,58€).

Lo que no está aclarado, y actualmente investiga el fiscal federal suizo Yves Bertossa, es la verdadera razón de que el Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas regalase al rey de España esa cantidad astronómica (unos 10.800 millones de las antiguas pesetas). Un "obsequio" cuya recepción había anunciado meses antes Juan Carlos I a sus dos brókers suizos, Arturo Fasana y Dante Canonica, quienes constituyeron (como presidente y secretario) la Fundación Lucum en Panamá, el 31 de julio de 2008, precisamente para percibir tan enorme cuantía de dinero.

Para explicarlo, aseguran a Público fuentes de toda solvencia que tenían estrechas relaciones con el monarca en aquellos años, hay que remontarse a septiembre de 2004, cuando el presidente José Luis Rodríguez Zapatero presentó ante la ONU su proyecto de la  "Alianza de Civilizaciones", como respuesta no militar al terrorismo islamista del 11-S y 11-M. Su gran aliado en esa iniciativa, duramente criticada por la derecha española, fue el entonces primer ministro de Turquía, Recep Tayip Erdogan, y dos años después EEUU se sumaba al respaldo obtenido de la Liga Árabe y de una veintena de países europeos, latinoamericanos, asiáticos y africanos.

En abril de 2007, el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, nombró al expresidente portugués Jorge Sampaio como Alto Representante de la Organización para la Alianza de Civilizaciones y dio el espaldarazo definitivo a ese foro mundial. Algo que no gustó nada a la dinastía Al Saud, gran rival de Turquía desde el Imperio Otomano y que padecía oprobio internacional por su financiación de Al Qaeda y los talibanes.

Juan Carlos I devolvió el favor al rey saudí, y cobró otra vez

Así que el rey Abdalá bin Abdelaziz al Saud pidió a su "hermano" Juan Carlos I (a quien tanto había apoyado Riad financieramente desde que empezó a fraguar su fortuna con la venta de armas a países árabes) que le ayudara a blanquear su régimen teocrático y a contrarrestar la influencia turca en el panorama internacional. La respuesta del hoy emérito fue inmediata: invitó al monarca saudí a visitar España a finales de junio y le concedió el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, la mayor distinción que el soberano español puede conceder a título personal, sin consultar al Gobierno, y la de más prestigio en todo el mundo. Un hecho sin precedentes porque condecoró al rey de Arabia Saudí, cabeza del wahabismo salafista más integrista e impulsor del régimen talibán, con una sagrada orden de caballería cristiana cuyos principios originales eran la lucha contra el Imperio Otomano y "la liberación de los Santos Lugares".

En enero de 2008 se celebró en Madrid el primer Foro de la Alianza de Civilizaciones, presidido por Zapatero y Erdogan, con la presencia de más de 400 personalidades entre jefes de Estado y de Gobierno, cancilleres, dirigentes religiosos, políticos, empresarios y académicos. Unos actos cuyo coste fue muy criticado por los medios españoles de derechas, pero que dieron paso, a finales de 2009, a la resolución de la Asamblea General A64/L14, aprobada por consenso y copatrocinada por 96 países, que formalizó el apoyo de la ONU a la iniciativa española.

La respuesta de Juan Carlos I, en apoyo de sus "hermanos saudíes", fue también rápida: a mediados de julio ejercía de anfitrión en el Palacio del Pardo, conjuntamente con el rey Abdalá bin Abdelaziz, de una Conferencia Internacional para el Diálogo interreligioso, con expertos musulmanes, judíos, cristianos y de otros credos. Aparte de ellos dos, las más importantes personalidades que asistieron a ese foro fueron el secretario general de la Liga del Mundo Islámico, Abdalá al Turki, y el ministro de Cultura libanés, Tarik Mitra. Pero el monarca de Arabia Saudí quedó reivindicado a pesar de que su país hubiera financiado e instigado a los que cometieron las matanzas del 11-S y el 11-M.

Donaciones y regalos por los que el rey nunca tributó

Las fuentes consultadas por este diario subrayan que "el puro regalo de cien millones de dólares del rey saudí Abdalá llegó a la flamante cuenta de Juan Carlos I en Suiza exactamente tres semanas después de que terminara el inútil Diálogo Interreligioso en El Pardo, que no tuvo continuidad internacional ninguna, ni siquiera repercusión mediática en España. Esa coincidencia de una donación de semejante calibre por parte del monarca que acaba de ser beneficiado por los únicos fastos y condecoraciones que puede conceder personalmente el jefe del Estado español, sin depender de las decisiones del Gobierno, es más que sospechosa".

En cualquier caso, Juan Carlos I debería haber tributado por ese "regalo" saudí, según obliga el Impuesto de Donaciones a todos los contribuyentes, pero a lo largo de su reinado jamás tuvo que pagar impuestos por los millonarios obsequios y donaciones que recibía, gracias a que el Gobierno de UCD aprobó en 1982, justo antes de dejar el poder y a través de una nueva Ley Reguladora del Patrimonio Nacional, "las donaciones hechas al Estado a través del Rey". Legislación que el PSOE respaldó en 1987 con un reglamento que permite al monarca recibir donaciones ilimitadas, para su uso personal, y disfrutarlas sin condicionantes ni plazos para que pasen al Patrimonio público.

Esa ley y su reglamento siguen hoy vigentes y han eximido a Juan Carlos I de pagar impuestos por todos los bienes que recibía, al ingresarlos en el Patrimonio Nacional pese a disfrutarlos él personalmente, como la finca de La Mareta en Canarias (regalo del rey de Jordania), los yates Fortuna II y Fortuna III, o la colección de más de 70 coches de alta gama: desde Ferraris, Porsches y Maserattis, hasta el majestuoso Maybach Côte d´Azur 57S que le regaló el presidente de Daimler-Chrysler, Dieter Zetsche, pasando por el Audi RS6, el Lancia Delta HF Turbo o el Nissan 350ZX que le enviaron esas marcas.

De hecho, muchos fabricantes de vehículos (coches y motos) de lujo, como Mercedes o Honda, regalaron año tras año sus modelos más suntuosos de la gama al rey de España, quien no sólo los aceptaba, sino que incluso los reclamaba para sí (igual que decenas de relojes de altísimo precio), según han narrado en detalle a Público varios de los que frecuentaron La Zarzuela a lo largo de esos años. En cuanto a motocicletas, Juan Carlos I recibió la Harley Davidson del magnate Malcolm Forbes y la MV Augusta que le dejó en herencia el diseñador Nicola Trussardi. Una flota automotriz tan amplia que obligó a la Guardia Real a dedicar a su mantenimiento una unidad especial de 42 militares y once civiles.

La Casa Real nunca ha informado sobre el monto total de las donaciones que Juan Carlos I ha recibido para su disfrute personal, aunque una valoración aproximada de los regalos conocidos supera fácilmente los 100 millones de euros.

La reforma del palacete de Corinna junto a la Zarzuela

Más grave aún, es que Patrimonio Nacional se hizo siempre cargo con fondos propios del mantenimiento o rehabilitación de todos esos bienes, y de los salarios de los más de cien (122, en 2015) asistentes personales de la familia real en la Zarzuela, e incluso de los gastos generados por las numerosas amantes de Juan Carlos I, especialmente por Marta Gayá, Bárbara Rey y, sobre todo, Corinna Larsen, cuya residencia durante más de cuatro años en la finca La Angorrilla (en el monte de El Pardo, a sólo 19 kilómetros de la Zarzuela) acabó desencadenando un escándalo que fue tapado a duras penas por el Gobierno de Rajoy.

Aquel tan notable año de 2008, Juan Carlos I encargó una reforma integral de La Angorrilla para que se instalara allí su amante y socia (de negocios y de comisiones) con su hijo. La propia Corinna decidió las mejoras, supervisó las obras y dio el visto bueno a los acabados, todo ello sufragado por Patrimonio Nacional, de cuyo presupuesto se abona la conservación de todos los palacios que disfruta el rey y sus huéspedes, como La Zarzuela, El Pardo o La Almudaina en Mallorca (el Gobierno balear paga los gastos del Palacio de Marivent).

En La Angorrilla, oculta bajo el seudónimo Ingrid, y protegida por un despliegue sin precedentes de medios de la Guardia Real y del CNI (también a cargo de los contribuyentes), Corinna Zu Sayn-Wittgenstein (apellido del aristócrata con el que estuvo casada) convirtió aquella finca de guardias forestales en un palacete con piscinas de invierno y de verano, modernos salones y todas las comodidades, con una vía rápida asfaltada hasta La Zarzuela. Una reforma que costó, según la revista Lecturas, dos millones de euros.

Cuando finalmente estalló el escándalo, en 2013, la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría desplegó una pormenorizada exposición sobre la ley de Patrimonio Nacional para argumentar que su normativa impide al Ejecutivo tener datos sobre el patrimonio "exclusivamente afecto" al uso de la Jefatura de Estado, pese a que todos sus gastos de conservación y seguridad corren a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Ese mismo año, 35 años después de la aprobación de la Constitución democrática, la Casa Real hizo público por primera vez el sueldo asignado a Juan Carlos I: 292.000 euros anuales.

Este pasado marzo, ante las preguntas de parlamentarios, el Gobierno se ha limitado a informar de que, entre 2006 y 2020, Patrimonio se gastó casi 700.000 euros en las 39 casas forestales que posee la familia real en El Pardo, una extensión de 16.000 hectáreas, sin especificar cuánto se dedicó a reformar La Angorrilla.

En la donación a Corinna se agregó la fecha a mano

Aquel revuelo sobre La Angorrilla desenmascaró definitivamente a Corinna Larsen no sólo como amante del monarca sino también, y sobre todo, como conseguidora en negocios estratégicos para empresas españolas. Desde el intento de compra de acciones de Repsol por las gigantes rusas Lukoil y Gazprom, o la compra por Abu Dhabi de Gemasolar en Fuentes de Andalucía (Sevilla), hasta las negociaciones para la adjudicación del AVE La Meca-Medina (donde la mediadora fue Shahpari Azam Zanganeh, tercera esposa del traficante de armas Adnán Khashoggi), cuya comisión es la que ahora alega Corinna que corresponde a los cien millones de dólares recibidos en la cuenta de la Fundación Lucum en Mirabaud Ginebra y procedentes del Ministerio de Finanzas saudí.

No obstante, como ya explicamos anteriormente, esa versión es inverosímil "pues es muy raro, casi imposible, que se cobre tres años antes de la adjudicación del proyecto del AVE a La Meca [que no concedió Riad hasta octubre de 2011] y que no lo pague el contratista sino el órgano adjudicador, que ya abonará el astronómico importe total del proyecto", como explicó a Público una fuente que conoció en el pasado el manejo de comisiones por parte de Juan Carlos I y de los administradores de sus fondos.

Supuestamente, el hoy emérito hizo en 2012 una "donación irrevocable" a Corinna Larsen por los 65 millones de euros que recibió en 2008, mediante una transferencia desde la banca Mirabaud hasta una cuenta que ella abrió para ese propósito en Gonet Bahamas, a nombre de Solare, otra sociedad instrumental creada con la ayuda de Canonica, que gestionó la operación en la central de la vetusta banca Gonet en Ginebra con el propio Nicolas Gonet (director y socio propietario de la entidad), según su declaración judicial. Después, Corinna reenvió la mitad de esa cantidad a su recién constituido Chycknell Trust en Inglaterra y a una cuenta en Nueva York, pero nada se sabe de la otra mitad. ¿Sigue en Gonet Bahamas?

Además, otro misterio envuelve ese trasiego de capitales: el documento de "donación irrevocable" de Juan Carlos I a Corinna Larsen tiene la fecha escrita a mano, a diferencia del resto del redactado en ordenador, con lo que da la impresión de haber sido preparado sin fecha, en previsión de presentarlo a las autoridades judiciales con la más conveniente para su defensa si se abría una investigación. Es decir, el rey habría preparado una excusa para trasladar el dinero a otro paraíso fiscal en vista de que Suiza negociaba en aquel momento adherirse a las normas de intercambio automático de información de la OCDE.

Lo que costaron a Patrimonio los yates 'Fortuna' del rey

Aquel 2013 del escándalo de La Angorrilla llovía sobre mojado porque el año anterior había salido a la luz el papel de Corinna Larsen en la desastrosa cacería de elefantes en Botsuana donde el rey se rompió la cadera. Así que (tras el famoso "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir") tocaba también renunciar al tercer yate Fortuna de Juan Carlos I, que fue devuelto a los empresarios de Baleares que se lo regalaron en 2000 y alegaron trece años después que su donación a Patrimonio Nacional era "modal y finalista para el uso y disfrute de su Majestad el Rey y de los miembros de la Familia Real", y no una verdadera donación al Estado.

De esta forma quedaba claro que los carísimos regalos (ese yate había costado 3.000 millones de pesetas, unos 18 millones de euros) de los que disfrutaba el monarca eran exclusivamente suyos y no tenían razón ninguna para estar exentos de impuestos. Igual que quedó de manifiesto el mal uso, para su mantenimiento, de los recursos de Patrimonio Nacional, que tuvo que desembolsar además íntegramente los 1.253.441 euros del pago de las indemnizaciones a los diez trabajadores de la tripulación, cuyos elevados salarios habían salido del bolsillo de los contribuyentes durante más de una década.

El enorme tamaño (41 metros de eslora) y gran lujo de ese yate real Fortuna (considerado uno de los más rápidos del mundo, con una velocidad máxima de 70 nudos, ó 130 km/h, gracias a sus potentes motores Rolls Royce) queda patente en la siguiente imagen de un detalle de su salón principal, tal como se muestra en el catálogo de la empresa Royal Yacht Brokers, que lo tiene en venta (con el nuevo nombre de Forners) por sólo 3,9 millones de euros:

Pero Juan Carlos I ya había tenido que renunciar, veinte años antes, a otro mega-yate que pidió que le construyeran en su desmedida ambición por superar en ostentación a los mayores magnates del mundo: en 1988, Patrimonio Nacional encargó a Mecanizaciones y Fabricaciones S. A. (Mefasa), que ya hacía el mantenimiento del segundo Fortuna en sus astilleros de San Juan de Nieva (Castrillón), una nueva embarcación: el Corona del Mar, para sustituir a la que le había regalado el rey Fahd de Arabia Saudí en 1979 y el rey hizo reformar dos veces para añadir tres metros de eslora a popa, cambiar sus motores y agregar camarotes.

Las reformas de aquel segundo Fortuna también habían sido abonadas por Patrimonio Nacional, al que Juan Carlos I había donado ese regalo de sus "hermanos" saudíes para no pagar ni impuestos, ni reparaciones, mantenimiento o tripulación. Pero un cortocircuito en alta mar, en 1988, dejó inmovilizado el navío cuando navegaba con el príncipe Carlos de Inglaterra y se sintió avergonzado. Por tanto, hizo que Patrimonio encargara a Mefasa (propiedad de Mario Conde a través de AZSA y dirigida por su gran amigo Francisco Javier Sitges) un nuevo yate, de unos 27 metros de eslora y 7 de manga, con dos motores de 9.000 CV cada uno fabricados en aluminio. Y en mayo de 1991 se anunció que los reyes lo estrenarían en verano.

Pero en aquel momento el jefe de la Casa del Rey era el teniente general Sabino Fernández Campo, veterano de la Guerra Civil con la Falange y secretario de seis ministros del Ejército durante la dictadura, al que le pareció un alarde excesivo en plena crisis económica y se opuso férreamente a ese nuevo signo de ostentación, bloqueando la operación. La compra del yate se iba a presentar como un regalo de Mario Conde, pero al final tuvo que ser una vez más Patrimonio Nacional el que corriera con las pérdidas, pues costó 1.200 millones de pesetas y tuvo que ser vendido a la empresaria viguesa María Dávila, viuda del fundador de Pescanova, por sólo 900 millones… y a plazos.

La desastrosa defenestración de Sabino Fernández Campo

Frustrado, Juan Carlos I se empeñó en defenestrar a Sabino, pero éste tenía grandes apoyos en el Ejército y se resistió durante dos largos años, impidiendo su sustitución por el nuevo secretario general de la Casa del Rey designado por el soberano para sucederle (José Joaquín Puig de la Bellacasa).

Esa pugna se convirtió en una guerra mediática que tiró de la manta de las infidelidades del rey, sobre las cuales El Mundo comenzó una campaña de exclusivas en el verano de 1992 que culminó en agosto sacando a la luz la relación estable con una "bella catalana" (Marta Gayá). La Casa del Rey y el Gobierno intentaron acabar con el periódico de Pedro J. Ramírez, incluso presionando al magnate italiano Gianni Agnelli (que poseía la cabecera) y sólo la intercesión de Mario Conde evitó el cierre del diario, al que le estaba filtrando esas informaciones el propio Sabino Fernández Campo. Así que Conde propició una cita entre Pedro Jota y el rey, a quien el director de El Mundo le reveló que Sabino había sido la fuente de que Juan Carlos I incluso había firmado leyes desde fuera de España porque estaba de viaje con su amante.

"Durante esa guerra interna en la Casa Real", explica a Público una fuente que conoció de primera mano aquella pugna, "Sabino iba por Madrid buscando a gente influyente que le ayudara a conseguir el finiquito que reclamaba para no airear trapos sucios: un marquesado, una casa grande en Oviedo y pisos para cinco de sus diez hijos. Y en esas largas veladas, varias veces se fue de la lengua sobre el maltrato de Juan Carlos a Sofía, a la que –eso decía– el rey había pegado durante años. Varios de sus interlocutores me confirmaron que también se lo había contado Sabino en esa etapa", asegura dicha fuente.

Al final, Sabino se salió con la suya: el rey ya le había concedido en abril el título de conde de Latores, con Grandeza de España para compensar que no fuera un marquesado, pero como no le bastó (quería ser marqués), "después de la reunión con Conde y Pedro Jota, que tuvo lugar en el chalet de Sitges en La Moraleja, Juan Carlos hizo que Patrimonio le proporcionase una casa-palacio cercana al Teatro Campoamor y consiguiese los pisos para sus hijos", afirma la fuente ya citada. Finalmente, el 9 de enero de 1993 Fernández Campo fue sustituido por Fernando Almansa, el candidato de Mario Conde.

El abuso de Patrimonio también camufló su fortuna

Ese largo affaire del Fortuna y Sabino fue paradigmático de cómo se utilizó reiteradamente a Patrimonio Nacional para enjuagar los extraordinarios gastos suntuosos requeridos por Juan Carlos I, sin que trascendiesen las irregularidades hasta que en 2016 el Tribunal de Cuentas presentó su primer informe sobre la gestión de esa institución (el primero en 40 años de democracia), centrado en el ejercicio 2013.

La información que hizo El País sobre el contenido del informe fue demoledora: vocales del Consejo de Administración que cobraban elevadas dietas por reuniones a las que no asistían; troceo de contratos menores para adjudicarlos año tras año a las mismas empresas violando la Ley de Contratación; trucos para que los bienes del Estado fueran disfrutados permanentemente por las mismas personas; alquileres de edificios y solares públicos por cantidades ridículas (como tres euros al mes); cesiones gratuitas de bienes públicos a terceros… y mucho más. El descontrol y aprovechamiento ilegítimo que el rey instauró en Patrimonio Nacional se había extendido en todos los escalafones de la institución.

Por eso resultó tan falsa la versión que dio la Casa del Rey en respuesta a la información que publicó The New York Times en 2012 estimando la fortuna de Juan Carlos I en unos 2.300 millones de dólares (1.825 millones de euros en esa fecha): supuestamente, el prestigioso diario estadounidense se había confundido al considerar como propiedad del monarca bienes que en realidad pertenecían a Patrimonio Nacional.

Un desmentido idéntico al que se había empleado diez años antes cuando en 2002 la revista británica Eurobusiness estimó que Juan Carlos I tenía una fortuna de 1.681 millones de euros (545 millones de capital personal y 1.136 millones en bienes familiares) y el embajador español en Londres, Santiago de Mora-Figueroa, marqués de Tamarón, respondió por carta: "La disparatada cifra de 1.700 millones de euros sólo se puede explicar por haber entendido ustedes, erróneamente, que los bienes públicos propiedad del Patrimonio Nacional, del Estado español, son propiedad privada de Su Majestad el Rey, lo cual es evidentemente inexacto".

"En realidad, es notable la gran diferencia de percepción de la moral pública que muestra Juan Carlos I antes y después del conflicto con Sabino, en 1993, y del reemplazo al año siguiente de Manolo Prado [y Colón de Carvajal], como administrador de su fortuna, por Alberto Alcocer", subraya a Público la fuente antes citada. "Antes, la discreción sobre los negocios y devaneos del rey era sagrada, pero desde que Los Albertos (condenados dos veces por estafa) toman el relevo como gestores de sus cuentas se pone en marcha un mecanismo descarado de comisiones y sociedades pantalla a gran escala. Le presentan a los brókers suizos de la cuenta Soleado y las falsas fundaciones Lucum y Zagatka. Incluso a la propia Corinna, que Cortina presentó a Juan Carlos durante una cacería en 2004 en la inmensa finca del Duque de Westminster [La Garganta, entre Ciudad Real y Córdoba]".

"Los Albertos trataron de separar sus negocios en 2012 por miedo a las estrictas regulaciones de la nueva legislación suiza, y para que no les alcanzaran las investigaciones del fiscal Bertossa sobre los manejos de Blanco Balín, Canonica, Fasana y, sobre todo, la realidad de la cuenta Soleado…", continúa dicha fuente. "Tanto se han querido apartar de lo que ahora está saliendo a la luz, que incluso hicieron que El Mundo citase específicamente que algunos antiguos amigos del emérito no habían querido poner dinero para la liquidación de cuatro millones ante la Agencia Tributaria, y que el único nombre que pusiera como ejemplo de los que no lo habían puesto fuera el de Alberto Cortina. Como para pasar desapercibido. Pero ya se sabe que excusatio non petita, acusatio manifesta".

*Para la realización de esta investigación se han consultado decenas de fuentes, numerosos materiales y se ha obtenido el testimonio confidencial de algunos de los más estrechos amigos y colaboradores de Juan Carlos I.