La última batalla de los estudiantes contra la precariedad juvenil ya ha dado sus primeros frutos. Tras seis meses de negociación y más de diez reuniones de la mesa de diálogo entre la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT), y el Ministerio de Trabajo, se ha dado luz verde al Estatuto del Becario. Una nueva legislación que tendrá que aprobarse para contar con un modelo de prácticas "vanguardista" y tratará de poner fin al uso fraudulento y abusivo de las becas formativas.

En su disposición adicional segunda, la Reforma Laboral recogía la necesidad de convocar en un plazo de seis meses desde su entrada en vigor las negociaciones para el Estatuto del Becario. Así que, sin más dilación, Yolanda Díaz se puso manos a la obra para modificar el RD 592/2014 por el que se regulan las prácticas académicas externas. Una normativa que desde el Gobierno consideran insuficiente ya que, hasta el momento, no ha servido para evitar las malas prácticas. En este artículo, explicamos cuáles son las claves, las condiciones y los emperos del nuevo acuerdo.

España, el país de la UE que peor paga a los becarios

Las becas, tanto en entidades públicas como en privadas, pueden "facilitar la transición" entre la escuela o universidad y el mercado laboral. Así lo considera la OCDE, organismo internacional que representa a las grandes economías del mundo y países en desarrollo, que cree que la existencia de la figura de los becarios puede aportar beneficios "tanto a los jóvenes como a las empresas". Sin embargo, en sus últimos estudios sobre jóvenes y empleabilidad, la organización advierte de que existe "el riesgo de que se abuse de ese modelo".

Un exceso que tiene lugar frecuentemente. Aunque no hay un censo de becarios y los datos son difíciles de estimar, se calcula que puede haber en torno a 1,4 millones de personas en prácticas sin ningún tipo relación contractual conocida, el equivalente a uno por cada 15 trabajadores en plantilla si te toma como referencia el número de ocupados de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA). Mientras que las que sí tienen una relación regular se cifran en unas medio millón de personas al año, si bien la gran mayoría no cobra.

España es el país de la Unión Europea donde son más frecuentes los becarios-titulados, es decir, donde jóvenes con sus estudios ya terminados trabajan en prácticas. Y ocupa, además, el primer puesto entre los estados donde los becarios están peor pagados: el 70% asegura que la compensación que recibe es "insuficiente para cubrir el coste básico de la vida, como pagar el alquiler, la comida, etcétera".

La teoría dice que las prácticas no laborales no son un trabajo como tal, pero con la contracción presupuestaria derivada de las sucesivas crisis —primero la de 2008, ahora la pandemia— se han convertido en una fórmula de bajo coste para reemplazar la plantilla regular. Generando un círculo vicioso en el que se da la circunstancia de que muchas empresas no contratan trabajadores sin que antes hayan pasado por ser becarios a sueldos ínfimos.

Esto termina prolongando la incertidumbre e inestabilidad entre los jóvenes, en un mercado laboral ya de por sí bastante inaccesible para ellos: uno de cada dos está en paro. "Se ha desvirtualizado la naturaleza para la que se habían creado las becas. Al igual que se ha revisado la temporalidad de los contratos porque se había abusado de ellos, era necesario hacerlo con esto. Cada vez los becarios asumían más responsabilidades y una producción que no les correspondía", reprocha Eduardo Magaldi, portavoz de RUGE, la organización juvenil de UGT, recordando que desde el año 2018, la Inspección de Trabajo descubrió casi 5.000 falsos becarios.

Manuela, una becaria que prefiere explicar su experiencia bajo este pseudónimo, tiene 27 años y cuenta que ha encadenado tres becas dentro del mismo sector. Ella es graduada en economía, tiene prácticamente superados todos los créditos de periodismo y en estos momentos se encuentra estudiando un máster.

Sin embargo, a pesar de tener ya una experiencia de casi tres años, por ahora no ha logrado que le contraten en ninguna entidad, ni siquiera bajo la modalidad de contrato de formación o contrato de prácticas (unos conciertos de primer año con los que se recibe un salario del 65% y 75% del habitual para ese puesto respectivamente).

"Producimos y nos exigen como a cualquier compañero que sí que está fijo. Es más, yo muchos días alargo mis horas de curro hasta completar una jornada de ocho horas, pero no me las pagan como tampoco me pagan los extras de los fines de semana", narra. También manifiesta que le preocupa "tirarse así muchos años más" y que se está planteando "buscar otro empleo, aunque sea temporal y no esté relacionado con lo suyo". No quiere, asegura, "seguir cobrando 300 euros cuando tenga 30 años".

Esta circunstancia no es tan inusual, pues según recoge Eurostat, dos de cada diez becarios superan la treintena en nuestro país. "Lo más sangrante de todo es el modelo de negocio que hay montado. Las empresas se nutren de la esperanza y necesidad del joven para insertarse en el mercado laboral y les hacen pasar barbaridades", argumenta Magaldi en una entrevista con Público.

Una legislación vanguardista

Frente a estas irregularidades, el Estatuto del Becario mejora la delimitación del campo de acción de la figura del becario y ofrece una serie de garantías para proteger sus derechos básicos. Así, entre los principales puntos a destacar, está el ámbito de aplicación de la norma que garantiza que las prácticas no laborales deban estar vinculadas necesariamente a un plan de estudios.

"Se define mejor qué son prácticas laborales, qué no lo son y qué acción formativa es necesaria para la obtención del título", informa Magaldi. Esta definición es de vital importancia porque pondría fin a las denominadas prácticas extracurriculares (fuera del currículum académico) de
aquí a 2025.

"Las extracurriculares adoptarán la modalidad de contrato formativo que es el que debería operar en este caso. Es una tipología que hemos reforzado en la Reforma Laboral. Veíamos que muchas de las extracurriculares que se ofrecían eran en realidad un contrato formativo por la responsabilidad y las tareas desarrolladas, pero como existía una opción con menos derechos y costes, se utilizaba", continúa el representante sindical.

Por otra parte, se establece que los estudiantes no podrán superar el 20% del total de la plantilla donde se realicen las prácticas, esto es, un becario si se trata de una compañía de hasta diez trabajadores. Dos compañeros en prácticas si son empresas de entre 11 y 30 asalariados. Y tres si se trata de una compañía de entre 31 y 59 empleados. "Poniendo límite al número de alumnos por número de plantilla, se acabará con modelos de empresas que tenían hasta un 70-80% de integrantes becarios", dice el portavoz.

Al mismo tiempo, el documento precisa que los becarios tendrán los mismos derechos que el resto de trabajadores de la empresa y deberán respetar sus descansos, incluyendo los días festivos y las vacaciones que les correspondan, y tendrán derecho a cobrar una prestación por desempleo.

"Se introduce que haya vigilancia de la salud de las personas jóvenes y que haya posibilidad de reconocimiento médico, aunque este sea voluntario. Ya que entendemos que también hay que cuidar de estas personas para evitar exponerles a riesgos por desconocimientos", arguyen fuentes sindicales de la negociación.

"Tendrán derecho a informar y ser informados por los delegados sindicales, acudir al médico o exámenes (cosa que antes no venía recogido), así como a no trabajar de noche excepto que lo requiera la propia practica", concreta Magaldi. Además, todos cotizarán en la Seguridad Social, sumarán para su futura jubilación y tendrán derecho a paro.

El proyecto contempla que en caso de que las prácticas no sean remuneradas o no exista otra beca que lo cubra, la empresa deberá hacerse cargo de los gastos como transporte, alojamiento y manutención, garantizando la remuneración de todas las prácticas académicas. Aunque que la cuantía sea más o menos dependerá de cada centro de estudios o de cada empresa. En cualquier caso, "a la persona becaria no le puede costar dinero ir a su centro de formación", considera el Estatuto.

Entre las obligaciones de la entidad con la que se haya firmado el convenio, se prioriza garantizar una formación de calidad y se limita la tutorización. A partir de la entrada en vigor de la nueva legislación, en empresas de más de 30 trabajadores un mismo tutor no puede llevar a más de cinco personas en prácticas y la compañía debe reconocer las tutorías como tiempo efectivo de trabajo. En caso de empresas de menos de 30 empleados, la tasa se reduce a tres.

El estudiantado piensa que puede ser un arma de doble filo

Todos estos cambios se materializarán después de una larga lucha acometida por parte del movimiento estudiantil, que lleva años visibilizando los abusos con los becarios y demandando una regulación que les protegiera de manera efectiva.

En general, el alumnado recibe de buena gana la noticia del acuerdo: "Con el espíritu del Estatuto estamos completamente de acuerdo. Sobre todo, en el sentido de que exista por fin una legislación homogénea a nivel estatal para que se deje de usar al becario como fraude", razona Nicolás Hernández, presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), en unas declaraciones para este medio.

Con todo, Hernández lamenta que sus reivindicaciones no hayan tenido peso último en el último borrador del texto. "Nosotros reivindicamos que hubiera una mesa de trabajo con estudiantes y en general con la comunidad universitaria. Hemos tenido reuniones, pero no con la trascendencia que nos hubiera gustado", añade. Desde la coordinadora critican que se haya proyectado un enfoque tan centrado en el ámbito laboral "pero no haya apenas tratamiento educativo" y sostienen que se ha olvidado la realidad cotidiana de los estudiantes.

En particular, les resulta problemático lo relacionado con el proyecto formativo, la remuneración y cotización. "Sólo se habla de compensación económica, pero no se garantiza que esta cubra realmente lo que significa que un estudiante esté de prácticas en vez de trabajando", expresa Hernández, entendiendo que es algo crucial a tener en cuenta, siendo el 32% de los estudiantes, "SíSí" (trabajadores y alumnos).

"Si todos estos jóvenes tienen que currar y durante esos meses de prácticas no pueden mantener esos ingresos, la compensación no sirve. Se nos queda totalmente insuficiente el hecho de hablar de una compensación y no hablar de una remuneración con una mensualidad específica", relata, haciendo hincapié en que estas becas se convierten a menudo en el único sustento de muchos estudiantes, "dependen de ello".

El presidente señala como problema el hecho de que las extracurriculares desaparezcan genuinamente y advierte de que hay muchas titulaciones que no incluyen prácticas académicas en sus planes de estudio, en especial aquellas dentro del ámbito de las Humanidades y Artes. "No se garantiza que todo el mundo vaya a poder seguir teniendo acceso a las practicas. Está bien garantizar derechos, pero no sirve de nada si no van a poder acceder a las becas porque no se les va a ofertar. Al final el perjudicado va a ser el estudiante. Y, sinceramente, creemos que no se va a hacer lo de los contratos de formación a no ser que haya un incentivo real desde el Gobierno porque las empresas no van a querer hacer esa inversión", indica.

La CREUP descarta una modificación curricular generalizada de los planes de estudio de los grados para incorporar becas curriculares "con el incordio que supone" e insisten en que "no es tanto eliminar, sino hacer un control de que se cumpla la ley lo que hace falta". Advierten de el arma de doble filo que pueden suponer los contratos de formación al dejar de tener el respaldo de la Universidad: "Está muy bien que podamos acudir al delegado sindical, pero es que como estudiante no tenemos por qué tener esa carga. Deberíamos poder acudir a nuestro tutor de turno, que es quien debe detectar este tipo de fraude".

Por último, muestran su preocupación por lo que ocurrirá con las prácticas en la Administración Pública, que representa el 70% de las becas que se cursan. "No nos preocupa la empresa privada, nos preocupan las entidades públicas. ¿De dónde van a sacar la compensación? ¿La incluirán en los presupuestos generales del año anterior?", se preguntan, sabiendo que los órganos públicos no pueden hacer "contrataciones a dedo y sin estar previamente presupuestadas". "El peso de la reforma se ha puesto en lo privado cuando es lo público donde está el foco de fraude ya que son los que no suelen pagar absolutamente nada", dicen.

Como en toda negociación, cada parte ha planteado propuestas y se han pactado concesiones. Desde los sindicatos afirman estar satisfechos de la negociación con la CEOE y agradecen la intermediación de Trabajo. Así, la necesidad de una nueva legislación que reconociera y enmendara el maltrato a los becarios es una máxima en la que todos coinciden, incluida la CREUP. Se trata de un logro dialéctico más del gabinete de Yolanda Díaz que ha logrado sentar hasta en diez sesiones a los representantes de ambas partes para ir aterrizando y concretando avances. Un paso adelante para acabar con la desilusión y el desasosiego de los jóvenes en un contexto laboral dudoso por las sucesivas crisis económicas.