Amnistía Internacional ha denunciado este miércoles que los "efectos demoledores" de las políticas europeas en materia inmigración han causado más de 721 muertes en el mar Mediterráneo en junio y julio de 2018.

Así lo ha revelado la organización en el informe titulado 'Entre el diablo y el profundo mar azul. Europa falla a refugiados y migrantes en el Mediterráneo central' (Between the devil and the deep blue sea. Europe fails refugees and migrants in the Central Mediterranean, en inglés), que ha sido difundido este miércoles.

Amnistía Internacional sostiene que el número de personas ahogadas en el Mediterráneo central camino a Europa y el número de personas trasladadas a centros "de detención" en Libia ha aumentado como consecuencia de las políticas europeas "encaminadas al cierre de la ruta del Mediterráneo central".

En el informe, la organización carga contra las políticas italianas que impiden la entrada en sus puertos de los barcos que transportan a personas rescatadas por barcos de ONG. Asimismo, analiza cómo varios países de la Unión Europea (UE) están "conspirando" para contener a refugiados e inmigrantes en Libia, país en el que, según destaca Amnistía Internacional, "están expuestas a sufrir tortura y abusos".

"El número de muertes en el mar ha crecido, aunque el dato sea insignificante respecto al número de personas que han intentado cruzar el Mediterráneo en meses recientes. La responsabilidad de este aumento en el número de muertos recae directamente en unos gobiernos europeos más preocupados por mantener a la gente fuera de su territorio que en salvar vidas", ha dicho el investigador de Amnistía Internacional sobre asilo y migración Matteo de Bellis.

"Es una vergüenza"

En Libia "están expuestos a sufrir tortura y abusos", denuncia Amnistía Internacional

A su juicio, las políticas europeas "han capacitado a la guardia costera libia para interceptar a personas en el mar, han restado prioridad a los rescates y han obstaculizado el trabajo vital de las ONG de salvamento". "El reciente aumento del número de muertes en el mar no es sólo una tragedia, es una vergüenza", ha manifestado de Bellis.

Desde Amnistía Internacional han subrayado que el aumento de los ahogamientos se suma "un brusco incremento del número de personas recluidas arbitrariamente en centros de detención abarrotados de Libia". De hecho, el número de personas detenidas se ha multiplicado más del doble en los últimos meses, pasando de unas 4.400 en marzo a más de 10.000 a finales de julio, entre las que había alrededor de 2.000 mujeres y menores de edad, según ha recalcado la organización.

Es más, ha denunciado que prácticamente todas esas personas "fueron conducidas a los centros tras su interceptación en el mar y trasladados a Libia por la guardia costera de este país", que está "equipada, entrenada y apoyada" por gobiernos europeos.

"Gobiernos europeos actúan en colusión con las autoridades libias para contener a refugiados y migrantes en Libia, a pesar de los terribles abusos que pueden sufrir a manos de la guardia costera libia y en los centros de detención de ese país. Los planes para extender esta política de externalización a toda la región son profundamente preocupantes", ha afirmado de Bellis.

Italia usa "vidas humanas como bazas de negociación"

Las autoridades italianas y maltesas han "difamado, intimidado y criminalizado" a las ONG que intentan salvar vidas en el mar

Concretamente, carga contra el Gobierno de Italia por denegar el desembarco a buques de rescate en sus puertos. "Con su cruel decisión de negar a refugiados y migrantes el desembarco en sus puertos, Italia está utilizando vidas humanas como bazas de negociación. Se ha dejado abandonadas en el mar a personas desesperadas, sin comida, agua ni abrigo suficientes, mientras que Italia trata de incrementar la presión política en favor del reparto de la responsabilidad con otros Estados europeos", ha afirmado el investigados de Amnistía Internacional.

Asimismo, ha lamentado que las autoridades italianas y maltesas haya "difamado, intimidado y criminalizado" a las ONG que intentan salvar vidas en el mar, a las que han "denegado el permiso de atraque e incluso han confiscado sus barcos". "Italia y los Estados e instituciones de Europa deben actuar con urgencia para dar prioridad al salvamento marítimo, y garantizar que las personas rescatadas son desembarcadas sin demora en países donde no estén expuestas a sufrir graves abusos y puedan solicitar asilo", ha aseverado. 

En el documento se describen casos recientes en los que se han denunciado "quebrantamientos del derecho internacional". Entre ellos está el rescate de Josefa por parte de la ONG española Proactiva Open Arms, que entre los días 16 y 17 de julio encontró a una mujer aún con vida y dos cadáveres en los restos de una embarcación hundido.

"Estos casos tan graves deben ser investigados debidamente y sin demora; ponen de relieve las mortíferas consecuencias de las políticas de Europa", ha afirmado Matteo de Bellis.

Invertir para poner orden

Aministía Internacional recomienda cumplir "plenamente" las obligaciones en virtud del derecho marítimo internacional

Según ha incidido, los gobiernos de Europa "deben salir del círculo vicioso de cierre y externalización que han creado, y en su lugar invertir en políticas que pongan orden en el sistema ofreciendo oportunidades seguras para viajar a Europa a las personas refugiadas y migrantes."

En este sentido, en el informe se ofrece un listado de recomendaciones entre las que está la necesidad de llegar a acuerdos de desembarco regionales para que los rescatados sean "desembarcadas rápidamente en un lugar apropiado", de cumplir "plenamente" las obligaciones en virtud del derecho marítimo internacional y abstenerse de penalizar a los capitanes de buques por ayudar a las personas en peligro en el mar.

Asimismo, la organización ha abogado por elaborar directrices "claras" a los capitanes de buques para evitar el desembarco en Libia de cualquier persona rescatada en el mar y asegurar que las ONG puedan continuar contribuyendo al rescate de refugiados y migrantes en el mar, en cumplimiento de las leyes y normas internacionales pertinentes, entre otras cuestiones.