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Educación y coronavirus ¿Por qué abren las terrazas de los bares y los colegios no?

Sindicatos, asociaciones de padres y epidemiólogos reconocen que no es hora de abrir aún la aulas. La llamada 'nueva normalidad' va a requerir de una transformación radical de la educación y apostar por lo público.

Simón propone una 'vuelta al cole' con la mitad de alumnos por clase y recreos vigilados
Fotografía de un aula vacía.

Marisa kohan

Desde que el Gobierno desveló los planes de la desescalada, muchas personas se han preguntado cómo es posible que abran antes los bares y sus terrazas que los colegios de los niños. Algunos, incluso, han llegado a afirmar que se debe a una falta de consideración del Gobierno hacia la educación y hacia las familias.

Esta disparidad ha levantado debates y polémica tanto en medios de comunicación como en redes sociales. El pasado martes el economista Antón Costas afirmaba en El Intermedio que lo que se esconde tras esta medida es "que no hay una verdadera prioridad política para poner todos los recursos que sean necesarios para que los niños puedan ir a la escuela desde el momento en que se considere que la pandemia está controlada".

¿Pero, hemos llegado a ese punto? ¿Está la pandemia controlada hasta el extremo de que se puedan reabrir las aulas, incluso con medidas especiales de alejamiento? Hemos consultado con expertos del ámbito de la educación, de la virología, de las familias y de la sociología para conocer su parecer.

¿Qué dice el plan del Gobierno?

Según el plan por fases presentado por el Gobierno para alcanzar lo que llaman una nueva normalidad, los colegios permanecerán cerrados hasta el próximo mes de septiembre, salvo algunas excepciones. Entre ellas figura una que ha levantado mucha polémica y que permitiría la apertura de las escuelas infantiles de 0 a 6 años pero sólo "para familias que acrediten que los progenitores tienen que realizar un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización" y siempre con limitación de aforo. Este jueves, durante la reunión sectorial de Educación, las comunidades autónomas han comunicado a la ministra de Educación que rechazan ponerla en práctica.

Los planes del Ejecutivo también permitirá reabrir las clases de cursos terminales de etapa, como cuarto de la ESO, segundo de Bachillerato o de FP, pero aclarando que la asistencia será voluntaria y en grupos inferiores a 15 alumnos. Además permitiría la apertura de algunos centros de educación especial y aquellos de refuerzo para la preparación de la EBAU. Todo esto podrán realizarlo los territorios que alcancen las fase II de la desescalada y no antes del 25 de mayo.

Sin embargo el plan prevé que las regiones que alcancen la fase I del plan (hasta el momento más del 50% de la población está en esta situación) podrían abrir algunos comercios, peluquerías y las terrazas de los bares en las que se podrán juntar grupos de diez personas, manteniendo la distancia de social.

Para el epidemiólogo Fernando Rodríguez Artalejo, del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Auntónoma de Madrid, los criterios para abrir los centros educativos "son los mismos que se utilizan en la población general para desescalar, más la reorganización de la actividad docente que minimice el riesgo de contagio en los estudiantes y los trabajadores de los centros", y estos criterios están claramente marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). "En la fase I sólo abren las terrazas de los bares, que están al aire libre y donde el riesgo de contagio es menor", explica. El riesgo de contagio es claramente superior en espacios cerrados como pueden ser las aulas de un colegio.

"No es posible en las condiciones actuales abrir los colegios para la educación presencial", afirma rotunda a Público Marian Moreno, representante del sindicato asturiano SUATEA, que pertenece a la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STES). "Si fuera madre, ahora mismo no mandaría a mis hijos al colegio. Porque no hay seguridad y porque podemos estar creando focos de infección", afirma.

Esta experta, una de las voces más reconocidas en coeducación, es incluso muy crítica con las medidas excepcionales contempladas por el Gobierno para abrir algunos etapas educativas antes del verano. "¿Cómo hacemos en educación infantil? Es imposible. En el momento en el que tengas cuatro niños y niñas en clase ya no puedes mantener el distanciamiento en esas edades. O todavía peor. ¿Cómo lo mantienes en educación especial con niños y niñas que a veces no tienen comprensión de lo que está ocurriendo o que pueden tener carencias de salud muy determinadas o no aguantar la mascarillas, que no entienden que tienen que realizar esos sistemas de seguridad y que tienen ataques de ansiedad?".

Para muchos de los consultados, volver a clase en estas condiciones el próximo 25 de mayo para acabar el curso el 12 de junio no tiene sentido, puesto que supone asumir un gran riesgo para sólo dos o tres semanas de clases en las que sólo podrían acudir de manera simultánea unos pocos alumnos.

El hecho de que este miércoles se desvelara que tan sólo el 5% de los españoles ha generado anticuerpos contra la covid-19, según refleja un amplio estudio encargado por el Gobierno, es otro motivo para ser conservadores. Según los expertos, la baja tasa de inmunidad de rebaño conseguida desde que se inició la pandemia podría exponernos a una segunda oleada de contagios para la que no estamos protegidos.

Según Moreno, no hay ninguna posibilidad de reabrir las clases a menos que se acometa una reestructuración en profundidad de la educación, que rebaje drásticamente las ratios de alumnos por profesor y que incremente el número de docentes hasta casi el doble, para poder hacer frente al incremento de grupos. Su análisis coincide con el del conjunto de organizaciones de representación de profesores.

Las familias ven con preocupación la evolución de los acontecimientos y las acciones del Ejecutivo en materia educativa. Entienden la dificultades para gestionar una crisis tan grave como repentina, y respetan las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias. Sin embargo, consideran que "la educación no se está tomando como un tema primordial", según declara a Público Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA). La Confederación ve con cierta reticencia el hecho de que se abran comercios mientras que las escuelas permanecen cerradas, pero reconoce que las ratios actuales de alumnos por clase impiden una vuelta al colegio y que la cantidad de profesores que habría que contratar para sólo 15 días no tiene sentido.

"En este momento muchas familias tienen miedo de volver a las clases al uso y no enviarían a sus hijos a los centros. La decisión de que las clases acaben en junio de forma telemática ya está tomada y por lo tanto no hay que volver atrás. Lo que sí que habrá que hacer entre todas las administraciones y no sólo Educación es sentarse a plantear y dar respuesta al problema de conciliación que tienen las familias. Un problema que arrastramos desde hace años, pero que tras esta situación se va a ver agravada aún más”, añade.

La asociación de padres y madres no entiende la medida propuesta por el Gobierno para que sólo los niños de 0 a 6 años vayan al colegio si sus progenitores trabajan. "Hemos dicho desde el principio que esta medida no la entendemos, puesto que tiene motivaciones laborales y creemos que una familia que tenga un niño de siete años necesita también necesita conciliar. Hemos pedido que a la hora de hacer esos planes de conciliación no sólo se tenga en cuenta a infantil, sino también primaria", puntualiza Cardenal, que pide protocolos claros para retomar la educación en septiembre.

A quién tampoco ha convencido esta medida es a los sindicatos de docentes, que ven con preocupación un aumento de la presión a favor de abrir los colegios por razones económicas y no educativas. "No es una medida pensada para mejorar la calidad de vida de los niños, sino la necesidad de conciliación de las familias y que retrotrae la educación infantil al ámbito asistencial, lo que hace años que no pasaba en el Estado español", afirma Moreno. La responsabilidad de la conciliación, explica esta experta, "no está en el colegio, sino que se trata de una obligación de las empresas y del Gobierno”.

La socióloga Lourdes Gaitán considera que la grave crisis provocada por la covid-19 debe servirnos para repensar y redefinir nuestro modelo social y educativo. "Pensábamos que el estado de alarma iban a ser 15 días. Luego vimos que eran otros 15. Y otros 15 más… Lo primero que hicimos fue trasladar la escuela a casa, pero lo hicimos con todo: con las fichas, con los deberes… con todo lo analógico". Algo que puede servir para salir del paso momentáneamente pero que claramente no se sostiene a medio y largo plazo. "La educación, los maestros y las familias se han ido apañando y probablemente lo tendrán que seguir haciendo mientras se construye la nueva escuela. Una escuela en la que no sea un drama ni todo se hunda si tienes que volver a confinarte. Este es el importante desafío al que tenemos que hacer frente”.

Fondos hay, voluntad política habrá que ver

Lo que toda la comunidad educativa tiene claro es que en la llamada 'nueva normalidad' en educación precisará de muchos fondos y voluntad política. Volver a los centros educativos cumpliendo normas mucho más estrictas de seguridad y distanciamiento social requerirá fuertes inversiones de dinero.

La bajada en el ratio de alumnos y la contratación de profesores requerirá fondos que algunas organizaciones como los sindicatos CCOO y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios calculan en unos 4.000 y 4.200 millones, respectivamente. Otras entidades como la ONG Save the Children la han situado en los 5.000 millones. La Confederación STES no tiene elaborada aún una valoración económica, pero reconoce que las inversiones serán fuertes.

"Hay dinero, otra cosa es a dónde se lo quiera dedicar", afirma Moreno. "Creo que es el momento ideal para que el Gobierno de un paso de valentía y quite de una vez el concordato con la Santa Sede, una herencia envenenada que hace que haya casi 11.000 millones de euros que se van a la educación privada concertada. Si algo nos ha enseñado esta crisis es que son los servicios públicos los que han respondido a esta crisis sanitaria, también. Necesitamos no sólo sanidad pública, sino educación pública".

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