Las recientes declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celaá, en las que afirmaba que "mientras no haya un remedio o una vacuna, los centros educativos habrán de estar a la mitad de su capacidad" y que durante ese tiempo habrá que poner en marcha un modelo combinado "de educación presencial y educación a distancia", han levantado un gran revuelo en la comunidad educativa.

Si bien todos coinciden en que es preciso adoptar medidas que garanticen la seguridad sanitaria de los estudiantes y que eviten rebrotes de la infección, afirman que las medidas de reducción de alumnos por clase y la puesta en marcha de un sistema mixto presencial y online supondrá un verdadero terremoto en el sistema educativo y que precisará de una dotación de fondos extraordinarios de varios miles de millones de euros. El sindicato Comisiones Obreras, mayoritario en el ramo de la enseñanza, ya ha cuantificado esa cifra en unos 4.000 millones de euros de inversión, aunque, afirma, aún está trabajando en desglose.

No se conoce aún el modelo. De hecho, fuentes del ministerio de Educación recuerdan que las declaraciones de la ministra estuvieron motivadas por una pregunta directa sobre qué pasaría con el comienzo del curso que viene si las condiciones de la pandemia continúan estables en septiembre. La respuesta de Celaá comenzaba con un condicional, explicando que no existe un plan establecido, sino la necesidad de pensar y trabajar con las Comunidades autónomas y los distintos actores cómo implementarlo. 

Tal como reconocen todas las fuentes consultadas, las medidas que se adopten acabarán teniendo una aplicación diferente en cada comunidad autónoma, porque las competencias de Educación están transferidas y esto esto no ha cambiado con el estado de alarma. Un ejemplo claro de este capacidad de decisión de las comunidades se puede constatar en el distinto abordaje en materia de alimentación. Mientras la Comunidad Valenciana optó por repartir tarjetas para la compra de alimentos entre las familias más vulnerables, la de Madrid decidió alimentar a sus menores más desfavorecidos con menús de Telepizza y Rodilla y renunciar a la donación de plátanos de Canarias para completar el menú. Por tanto se trata de medidas que el Gobierno no puede desarrollar al margen de las comunidades.

Una educación lastrada por los recortes

Pero las palabras de la ministra han abierto la puerta a una diversidad de posibilidades, ninguna de ellas realizable en un sistema educativo lastrado por los recortes, que han supuesto el retroceso de un punto en relación al PIB en una década, lo que representa la pérdida de inversión de unos 10.000 millones de euros.

Para Francisco González, secretario general de Enseñanza de CCOO, la hipótesis de desdoblar las aulas para que todos los alumnos estén en el colegio a la misma vez pero en clases más reducidas es inviable. "Los centros no pueden duplicar su tamaño, es decir, reducir los grupos a la mitad y duplicar las aulas, porque no hay espacio en los centros. Además, esto supondría desdoblar las plantillas del profesorados. Ahora hay casi 700.000 profesores en la educación no universitaria, y esto supondría incrementarlos de aquí a septiembre hasta el 1.400.000, lo parece complejo", afirma González.

Otra opción sería, tal como ha apuntado la ministra, la posibilidad de implantar un sistema mixto que combine la educación presencial con la online. Pero tampoco parece algo sencillo de realizar. Según fuentes sindicales, si la idea es sumar los dos sistemas, la ecuación es inviable, porque ir a un modelo en el que se trabaje de forma presencial con un grupo reducido de alumnos en clase y al mismo tiempo se imparta educación online para los que ese día les tocó quedarse en casa, duplicaría la jornada del profesorado.

"Estamos viendo que la educación online, además de un reto nuevo y de reinvención del sistema educativo, supone un empeoramiento de las condiciones laborales porque no tiene principio ni fin. No tienen horarios", explican desde CCOO, por lo que el apuestan por un modelo semipresencial.

Realizar este paso requerirá de una fuerte inversión de fondos tanto en la formación y refuerzo del profesorado, como en las infraestructuras tecnológicas y en la atención a la brecha digital, para asegurar que aquellos alumnos con menos recursos o con difícil acceso a la red no se queden atrás.

Para algunas asociaciones de padres, la opción de implementar un modelo dual presencial y online supone un problema para las familias. Camilo Jené, presidente de la FAPA Giner de los Ríos es partidario de que las clases continúen de forma presencial. Para ello reclama que si los centros no tiene espacio para habilitar aulas, que sean los ayuntamientos los "que tomen cartas en el asunto para buscar espacios alternativos. Para ello serán necesario el incremento de recursos humanos y materiales, así como de docentes".

La experiencia de este último trimestre ha sido muy negativa, afirma Jené, porque "una queja unánime por pare de las familias ha sido las dificultades de teletrabajar y de hacer de profesores de sus propios hijos. Es algo que difícilmente se puede mantener, porque teletrabajar no significa rendir al 25%".

Otra queja de las asociaciones de padres y madres es que esta pandemia ha puesto de manifiesto defectos que llevaban años denunciando, como la falta de preparación de las plataformas digitales, que en la mayoría de comunidades no han funcionado como se precisaba. Jené denuncia la inexistencia de una tecnología adecuada en la Comunidad de Madrid. "Nos dijeron desde Educamadrid que su plataforma lo aguantaba todo y hemos constatado como no era verdad. Alumnos y profesores han tenido que ir tirando de plataformas comerciales, lo que les ha obligado a aportar sus datos personales, lo que no tendría que haber pasado".

Atajar la brecha digital

El sistema educativo se ha tenido que reinventar de un día para otro, porque en 24 horas profesores y alumnos pasaron de la pizarra a la educación online sin los medios necesarios, lo que supuso un gran esfuerzo para educadores y para las familias y ha puesto a prueba los sistemas digitales, que no han salido bien parados.

"También ha puesto de manifiesto una brecha digital que sabíamos que existía pero que ahora la podemos comenzar a cuantificar", explica González. “Algunos organismos oficiales o estudios cifran entre un 12 o 14% los niños que no tienen acceso a medios informáticos o la red. Los profesores, sin embargo, creen que se trata de una cifra conservadora y que podría ser superior".

"Ningún alumno se puede quedar atrás por no tener acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Porque esto sería un elemento de quiebra de la equidad, de la igualdad de oportunidades y de la exclusión. Esto tiene que estar resuelto para el curso que viene y esto es algo que precisa una respuesta de las administraciones educativas, no soluciones altruistas por parte de los centros", concluye el representante sindical.

Varios de los entrevistados apuntan a que esta crisis puede ser el catalizador que impulse por fin la transformación de un sistema educativo basado en la memorización a otro cimentado en la adquisición de competencias.  
"Habría que trabajar por competencias básicas, transversalizar las áreas, difuminarlas y trabajar por áreas humanísticas…", señala González. "Esta crisis nos recuerda que estos currículos de la LOMCE, de tipo encilopédico y memorístico, propios del siglo XIX o de principios del siglo XX, están obsoletos. Ya lo estaban antes de la pandemia. Pero ahora se revela aún más su inutilidad".