Acoso escolar, ansiedad y depresión: así sufren los niños los desahucios en Madrid

Cuando Ainhoa tenía 11 años decidió recoger firmas en su colegio para que ella no perdiera su casa. Su madre, Luz Mary Ballesteros, de 41, acababa de recibir una notificación de un juzgado en donde le informaban que iban a ser desahuciadas. Corría el año 2015. Su caso supuso tan solo uno de los 83.990 lanzamientos que se han producido en Madrid desde 2013 hasta septiembre de 2019, según el Consejo General del Poder Judicial.

Dicho y hecho. Ainhoa fue a su colegio en Usera y pidió a sus compañeros y profesores firmar una petición contra su desahucio. Aquello no salió como esperaba. En vez de recibir ayuda, su día a día en el centro se convirtió en un infierno. "Me empezaron a llamar pobre y okupa", recuerda la joven, que en ese momento no sabía lo que esas palabras significaban. Al terminar el año escolar, sus padres decidieron sacarla de ahí por el acoso escolar que sufría, que hizo que tuviera que repetir quinto de Primaria.

Ainhoa no era la única que lo pasaba mal en su familia: "Yo nunca les conté a mis hijas lo que estaba pasando, pero ellas se daban cuenta porque me veían llorar y hablar por teléfono", dice Ballesteros. La familia ganó el primer juicio y pudo quedarse en la casa un tiempo más. "Cuando me quedé sin trabajo, decidí empezar a ir a la iglesia. Allí conocí a una monja que me dijo que me alquilaba dos habitaciones en su piso", recuerda. Cuando llegaron a la casa, después de un tiempo la monja desapareció y nunca volvieron a saber de ella. No fue sino dos años después cuando llegó la policía y les dijo que el dueño de la casa nunca terminó de pagar la hipoteca y que a ella la iban a demandar por usurpación de vivienda. Ballesteros decidió empezar a acudir a reuniones de las plataformas anti desahucios para buscar quien le orientara en la búsqueda de un alquiler social.

Fue allí, un viernes por la tarde, en Usera, mientras transcurría la asamblea del barrio, donde Ainhoa empezó a entender lo que significaba un desahucio. No fue la única. Mientras los adultos discutían sus problemas de vivienda en un salón, un grupo heterogéneo de niños de entre dos y 15 años se acostumbró a esperar en el pasillo a que aquello terminara.

En su afán por matar el tiempo y alejar el tedio, pronto empezaron a hablar entre sí, a preguntarse unos a otros qué hacían allí, a escuchar y contar sus historias, tan diferentes y tan parecidas a la vez. Una cosa los unía: eran los niños desahuciados de Madrid.

La falta de coordinación en problemas de vivienda ha llevado a que organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Save The Children exijan a las autoridades locales que pongan en marcha protocolos para evitar que ningún menor sea desahuciado sin una alternativa habitacional. Durante el primer trimestre del 2021 se han efectuado 10.961 desahucios en España, a pesar de la pandemia.

Save The Children trabaja en este momento con 443 familias en situación de pobreza extrema en la Comunidad de Madrid. "El 80% de estas familias están en riesgo de desahucio", afirma Gabriela Jorquera, portavoz de la oenegé. Jorquera destaca lo traumático que es para los menores la fase previa de un desahucio. "A los niños vivir el estrés y la ansiedad a través de sus padres les afecta enormemente, y puede dejar traumas a largo plazo", afirma.

El proceso que vive un menor al ser desahuciado es similar a un duelo. "La pérdida del hogar puede resultar una experiencia muy dolorosa si los padres no pueden acompañarles emocionalmente", explica la psicóloga, Rosa Luna.

"Pueden producirse distintos trastornos de ansiedad y de ánimo como la depresión. En niños esto se refleja en forma de tristeza y aislamiento. También lo pueden llegar a expresar con rabia hacía los culpables de esta situación dando lugar a conflictos. Esto puede afectar su concentración y sus resultados académicos", afirma Luna.

"La legislación española se ha comprometido en tratados internacionales a respetar el derecho a la vivienda de los menores, pero no se está cumpliendo", denuncia Marta Mendiola Gonzalo, responsable de derechos sociales en Amnistía Internacional.

España ya ha sido sancionada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en cinco ocasiones en Madrid. El abogado especialista en vivienda, Javier Rubio, llevó a Naciones Unidas el caso de Viviana López y sus seis hijos que fueron desahuciados en junio de 2018 de la casa que okupaban en el distrito de Carabanchel.

Alejandro, el mayor de los seis, recuerda el día en que le toco madurar a la fuerza. "Una mañana llegaron a mi casa más de 20 tanquetas de antidisturbios, mis hermanos y mi mamá tenían mucho miedo. Mi papá nos había abandonado y yo tuve que asumir su papel. No nos dejaron sacar todas nuestras cosas", recuerda. "Yo traté de coger la mayor cantidad de ropa que pude, pero tuve que dejarle a mi gata Natasha a mi novia porque no sabíamos a donde nos iba a llevar el Samur".

Los días siguientes los pasaron en un albergue en el barrio La Fortuna. "Yo la pasé muy mal, tuve ansiedad y depresión, pero yo trataba de ser fuerte por mi familia", dice Alejandro. "A mis hermanos les daba vergüenza todo lo que nos estaba pasando y preferían no salir con sus amigos por miedo a que quisieran ir a la casa, y pues no teníamos casa".

El asunto ha sido incluso objeto de estudio. Thomas Ubricht, investigador de la Asociación Provivienda, redactó en 2019 un informe con el elocuente título de Cuando la casa nos enferma. En él, afirma: "Es una obligación de las autoridades garantizar por ley la protección de las familias con menores para impedir los desalojos sin alternativa habitacional debido a la experiencia traumática y a las secuelas principalmente psicológicas que estas situaciones dejan en las familias y sus hijos".

"El sistema judicial es el que desahucia, y debe poner en conocimiento del Ayuntamiento que se va a proceder al desahucio. El problema es que el procedimiento judicial suele ser muy complejo y, de todos los desahucios que se producen, al Ayuntamiento a menudo no le llega la notificación porque no hay un sistema de coordinación", afirma un portavoz del Ayuntamiento.

Cuando al Consistorio llega la notificación de un desahucio, explica este portavoz, incluido el de familias con niños menores, el Samur Social siempre va y pregunta si tienen una alternativa ocupacional. "Si le dicen que no, se procede a garantizar una", afirman desde el Área de Políticas Sociales.

Alejandro ahora está viviendo en el salón de su tío con sus seis hermanos y su madre. Tuvo que dejar el colegio para ponerse a trabajar. Pasan los días y siguen esperando a que la Comunidad de Madrid los repare y les entregue una casa en donde se puedan volver a sentir seguros.