MADRID.- El histórico dirigente abertzale Pernando Barrena ha criticado, como portavoz de los 35 acusados de pertenecer a ETA a través de las ilegalizadas Batasuna, PCTV y ANV, que el juicio que este jueves se celebra contra ellos en la Audiencia Nacional es un "de clara persecución política".

En declaraciones a los periodistas antes del comienzo del juicio en la sede del tribunal de San Fernando de Henares (Madrid), Barrrena -que también se sienta en el banquillo- ha opinado que hoy se juzga en realidad a "militantes vascos por la labor política realizada entre los años 2005 y 2007".

"Del grave delito del que se les acusa es hacer un trabajo político y abrir puertas al nuevo escenario de paz y de normalización política incipiente en estos momentos en el País Vasco", ha dicho.

En este sentido, ha asegurado que los encausados han acudido a la Audiencia Nacional "orgullosos de haber realizado esa labor política en esos años".

"Pensamos que esa labor política realizada en nombre de la izquierda abertzale por las personas aquí presentes tiene muchísimo que ver con el actual estado de las cosas, con el actual momento político de Euskal Herria y fue, de alguna manera, una gran contribución para abrir puertas a la paz y a la normalización política", ha añadido.

Ha comparado el juicio de este jueves con el conocido como proceso de Burgos, que también un 3 de diciembre de 1970 juzgó a 16 miembros de ETA por delitos de asesinato. "En un día como hoy hace 45 años se inicio otro macrojuicio político, el proceso de Burgos, cuando se procesó a militantes vascos por su labor política", ha explicado.

Para Barrena, ese juicio "supuso el inicio del fin del franquismo y deseamos que este juicio político que comienza en la Audiencia Nacional sea asimismo de los últimos juicios políticos contra militantes por su labor política".

Los 35 acusados abertzales, entre ellos el también histórico dirigente Juan José Petrikorena, se enfrentan a penas de 10 años de cárcel reclamadas por la Fiscalía por pertenencia a ETA.

La Fiscalía les pide también 10 años de inhabilitación absoluta, además de que se declare la ilicitud y disolución de PCTV y ANV, formaciones que ya fueron ilegalizadas y canceladas sus inscripciones en el registro de partidos políticos por la Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo.

Este macrojuicio ha sido aplazado en dos ocasiones desde su suspensión el pasado enero a raíz de la detención de tres de las abogadas defensoras en una operación contra el "frente de makos" de ETA.