Público
Público

El estado de alarma agrava la precariedad del profesorado asociado de las universidades

Sindicatos y afectados piden la renovación automática de sus contratos por un año para evitar la pérdida de muchos docentes que se han quedado sin el empleo fuera del ámbito universitario que se les exige para dar clases.

Una de las aulas vacías de la facultad de Estadística de la Universidad Complutense de Madrid. E.P./Eduardo Parra
Una de las aulas vacías de la facultad de Estadística de la Universidad Complutense de Madrid. E.P./Eduardo Parra

Miles de profesores de las universidades públicas españolas están viviendo con gran inquietud las consecuencias del estado de alarma decretado por la pandemia de la covid-19. Son los profesores asociados, contratados que ven peligrar su renovación porque han perdido el trabajo en una empresa o como autónomos que se les exige por ley para poder dar clases en la universidad, y que, al mismo tiempo, se han quedado sin las ayudas que concede el Gobierno en esas circunstancias porque ellos sí mantienen el trabajo como docentes, pero por un salario que en muchos casos no supera los 500 euros.

La precaria situación de este colectivo no es nueva, viene de lejos, pero ahora se ha visto agravada a causa de los efectos colaterales del coronavirus. La figura del profesor asociado fue impulsada en la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 con el objetivo de incorporar a profesionales de reconocida competencia a la docencia universitaria para que aportasen sus conocimientos al alumnado. En virtud de esa norma los profesionales del ámbito público o privado ajenos al ámbito universitario pueden ser contratados para una dedicación a tiempo parcial por un periodo trimestral, semestral o anual, y renovarles su contrato “siempre que se siga acreditando el ejercicio de la actividad profesional fuera del ámbito académico universitario”.

Sin embargo, la crisis económica, la que se inició en 2008 tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, acabó pervirtiendo el uso de esa figura docente. El obligado cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, de no aumentar el déficit público, la nula reposición del personal docente jubilado, de convocatoria de nuevas plazas, llevaron a muchas universidades españolas a tirar de los contratos de profesores asociados para cubrir la necesidad de docentes a fin atender a todo su alumnado con un coste bastante inferior.

El resultado ha sido que, según el último dato oficial publicado por el Gobierno, referido al curso 2017-18, el 23% del profesorado de las universidades públicas es asociado, cerca de 23.000 docentes. Y que en algunas de ellas esta figura de contratados haya rebasado el 50%, vulnerando el artículo 48 de la LOU, que dispone que “el personal docente e investigador contratado, computado en equivalencias a tiempo completo, no podrá superar el 49% del total de personal docente e investigador de la universidad”.

Ahora, una nueva crisis, de consecuencias quizás aún mayores que la de 2008, ha venido a agravar la ya precaria situación de este colectivo. La presidenta de la Asociación Española de Profesores Asociados de las Universidades Públicas, Isabel de la Cruz, que lleva años haciendo la misma reclamación como un mantra “igual trabajo, igual salario”, señala que están recibiendo muchos correos y llamadas de compañeros preocupados por su situación, porque han perdido el trabajo fuera de la Universidad o porque no pueden afrontar el pago de la cuota de autónomo, los requisitos exigidos para la renovación de su contrato como docente.

Esta asociación ya se ha dirigido al nuevo Ministerio de Universidades para advertirle de que si no toman medidas, muchos profesores, la mayoría con una larga experiencia acumulada además, perderán su trabajo en la Universidad el próximo curso después de haber estado haciendo un gran esfuerzo para mantener con sus propios medios las clases por vía telemática durante el estado de alarma. “¿Quién va a dar las clases en las universidades si falta el profesorado asociado?”, se pregunta Isabel de la Cruz, que se lamenta de “una situación insoportable” de mucha precariedad, con unos sueldos ínfimos de 500 euros de media por 6 horas de clase y otras 6 de tutoría más su preparación previa, la cuarta parte –asegura- de lo que se pagaría a un profesor titular por esa misma carga docente.

Los sindicatos también se han dirigido al Ministerio que dirige Manuel Castells para que tome medidas más allá de la disposición adicional del decreto ley 11/2020 que prorroga a este profesorado los contratos que terminen durante la vigencia del estado de alarma y amplía su vigencia hasta tres meses en casos excepcionales y debidamente justificados. CCOO, UGT y CSIF le han pedido que esos contratos se renueven de forma automática durante un año, hasta julio de 2021, y se flexibilicen los criterios exigidos en la ley, como por ejemplo el de trabajar fuera del ámbito universitario, empleo que muchos de ellos han perdido con esta crisis.

Esa prórroga, además de garantizar una estabilidad de la plantilla docente contratada, evitaría, según la responsable de Universidad en CCOO, Encina González, una sobrecarga de trabajo añadida a las instituciones universitarias en un tiempo de grandes dificultades para cumplir todos los trámites necesarios para la convocatoria de los concursos públicos y la renovación de sus contratos. Su homólogo en CSIF, Ramón Caballero, también considera que la situación creada por el estado de alarma hará imposible resolver todos esos procedimientos en tiempo y forma antes de que comience el próximo curso. Por esa razón, ve necesario tomar medidas urgentes para paliar los efectos de una crisis que va a afectar en mayor grado a quienes se encuentran en una situación más vulnerable y precaria, como es el caso del profesorado asociado.

Sin ingresos para pagar hipoteca, coche, wifi

Noemí Sánchez, profesora asociada de Psicología en la Universidad de Valencia desde hace tres años, está sufriendo con dureza las consecuencias del estado de alarma en su gremio. El cierre de la actividad en los juzgados le ha dejado sin el trabajo como perito penal forense que le permitió acceder a un contrato como profesora universitaria, pero no puede cobrar las ayudas que ha aprobado el Gobierno para los autónomos que se han quedado sin actividad porque ella sigue trabajando como docente. Una tela de araña legal que le ha dejado sólo con los 486 euros que le pagan por seis horas de clase y otras seis de tutoría (12 créditos), de los que tiene que descontar los 286 euros que ha de pagar cada mes por la cuota de autónomos, si no quiere incumplir las condiciones de su contrato.

Con los 200 euros que le restan, esta profesora universitaria, casada con un autónomo que también se ha quedado sin actividad e ingresos por el estado de alarma, debe hacer frente al pago de la hipoteca de la casa, la letra del coche comprado recientemente a plazos, la comida, la luz, el teléfono, la conexión wifi para dar clases a su alumnado por vía telemática… Imposible, claro. La ayuda de sus padres es la que le ha permitido hacer frente a todos esos gastos y seguir a flote.

“La situación es cuanto menos injusta”, dice Noemí Sánchez. Pero ella no se queja sólo de lo que su colectivo está pasando ahora, sino de la situación de precariedad que arrastra desde hace mucho tiempo y no se acaba de resolver. “Estamos educando -añade- a las futuras generaciones por unos sueldos míseros. Trabajamos mucho tiempo, con pocos medios, enseñamos asignaturas que nadie quiere impartir y nadie nos lo reconoce”.

Esta profesora podría dejar ahora las clases y beneficiarse de las ayudas que se abonan a los autónomos que se han quedado sin actividad por el estado de alarma. Llegaría a cobrar casi tanto como lo que gana como docente y sin trabajar. Pero ni se le pasa por la cabeza, asegura. “Si sigo pese a todo -dice- es fundamentalmente por mi alumnado. Me encanta darles clase y no podría dejarlos tirados a esta altura de curso. Y eso que he llegado a estar hasta las tantas de la noche, llorando ya de desesperación, para preparar los trabajos que hay que hacer ahora a través de internet”.

María lleva diez años de profesora asociada en la Universidad de Barcelona y cinco en la de Girona, en el área de Ciencias Sociales, teniendo que renovar curso tras curso sus contratos. Y, al igual que su compañera de Valencia, destaca el esfuerzo que en unas circunstancias muy complicadas está realizando este colectivo “precarizado” para que el alumnado pueda terminar el curso en las mejores condiciones.

Pero esta profesora catalana también tiene muy claro que los problemas no son de ahora: “Nunca ha habido preocupación –remarca- sobre lo que le está pasando a este profesorado tan precarizado. Todo lo que pasa ahora es consecuencia de una precarización histórica”. Habla de bajos sueldos, de la incertidumbre de tener que someterse cada año a una renovación del contrato, de la falta de valoración de su trabajo y de un temor: que la crisis económica causada por la covid-19 alargue más en el tiempo la situación de este colectivo por la falta de inversión pública en la solución de sus problemas.

El Gobierno está estudiando las reclamaciones

El Ministerio de Universidades está estudiando “seriamente” todas las peticiones que les han remitido sindicatos y profesorado asociado para solventar las situaciones de precariedad de este colectivo ocasionadas por el estado de alarma, según ha informado a Público un portavoz de ese departamento. Y aunque ahora la prioridad es el cierre del presente curso, el ministerio ya cuenta, según la misma fuente, con un equipo que está trabajando en la preparación del próximo ejercicio universitario en una situación tan complicada.

En su primera comparecencia en el Congreso para explicar las líneas principales de su departamento, el ministro de Universidades, Manuel Castells, había anunciado la creación de un nuevo Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) en el que se eliminarán los “falsos asociados”, etiqueta con la que se suele identificar a quienes recurren a darse de alta como autónomos para ser contratados y poder hacer carrera en la docencia universitaria. “Vamos a acabar gradualmente en esta legislatura con la precariedad del profesorado universitario y de investigadores, mejorando sus condiciones de trabajo y salario y, sobre todo, estabilizando su trabajo. La bolsa de precariedad en la universidad es de las más grandes en el país. Es un escándalo, además de un despilfarro de recursos y un mecanismo de frustración para jóvenes investigadores, sin perspectivas. Los asociados no se hicieron para esto", dijo el ministro y reputado profesor universitario.

No detalló más Castells en esa comparecencia acerca de cómo llevaría a cabo la nueva regulación del profesorado asociado. Sí dijo que presentaría un borrador al mes siguiente de su intervención en el Congreso, que se produjo a finales de febrero. Pero la covid-19 se cruzó en el camino y el 14 de marzo se declaró el estado de alarma que puso el país patas arriba.

Más noticias de Política y Sociedad