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Albert Tió Un líder activista de las asociaciones de cannabis lleva su caso al Tribunal Europeo para evitar entrar en prisión

Albert Tió, condenado a cinco años por una intervención de marihuana en su club, confía en que su caso sirva de "revulsivo" para avanzar en el proceso de regulación en España

Albert Tió | cedida
Albert Tió | Cedida

El caso de Albert Tió, uno de los líderes del movimiento por la regulación del cannabis en España condenado a cinco años de prisión tras una intervención de marihuana en un club de usuarios de Barcelona, llegará a Estrasburgo. Tras no haber admitido el Tribunal Constitucional el recurso contra su condena, el que fue uno de los promotores de la ley de asociaciones de cannabis de Catalunya pedirá el amparo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Albert Tió era el secretario de de Airam, una de las asociaciones de cannabis más grandes de Barcelona, con cerca de 4.000 socios, a la que en febrero de 2014 los Mossos d'Esquadra intervinieron en una nave de L'Hospitalet de Llobregat las plantas con las que se abastecía la entidad. Como resultado de aquella operación, Tió y otros dos directivos fueron condenados por delitos contra la salud pública y asociación ilícita por la Audiencia Provincial de Barcelona, sentencia luego ratificada por el Tribunal Supremo.

El Tribunal Constitucional no ha admitido ahora a trámite el recurso que presentó contra esa condena, el último cartucho judicial que le quedaba en España para evitar la entrada en prisión, por lo que ha decidido recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en busca del amparo que no ha encontrado en nuestro país, según ha informado a este periódico Hector Brotons, director del despacho de abogados Brotsanbert que lleva su caso.

El recurso ante el Tribunal de Estrasburgo incidirá en la realidad de las asociaciones de usuarios en España y el papel que han desempeñado en la mejora de las condiciones sanitarias y sociales del consumo de marihuana, a cuya regulación contribuyó el propio Tió como presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas Autorreguladas de Catalunya (Fedcac) y uno de los promotores de la iniciativa popular que dio origen a la ley de clubes de cannabis que aprobó el Parlamento catalán en 2017, declarada posteriormente inconstitucional por invasión de competencias estatales tras un recurso del PP.

Tió está pendiente de la resolución sobre la solicitud de indulto que envió el pasado mes de febrero al Gobierno

Además, según Brotons, en el recurso plantearán, entre otros aspectos, una vulneración de los derechos a la autonomía y dignidad personal recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la desproporción de las penas impuestas al activista catalán, la ambigüedad de la normativa vigente en torno a la parte de la planta que está fiscalizada y los avances que ha supuesto la regulación de las asociaciones de usuarios de cannabis que ya se ha llevado a cabo en otros países.

Sin embargo, Estrasburgo no es la única vía que le queda a Albert Tió para intentar eludir la entrada en prisión a sus 53 años, siendo padre de tres hijos menores de edad. Todavía está pendiente de la resolución sobre la solicitud de indulto que envió el pasado mes de febrero al Gobierno y para la que ha recogido ya 13.800 firmas de apoyo, entre ellas las de diputados en parlamentos autonómicos y el Congreso del PSPV-PSOE, En Comú-Podem, Esquerra Republicana, IU, Bildu y Más País.

Un revulsivo para la regulación

De todos modos, Tió confía en que su ya más que probable entrada en prisión sirva, al menos, como "revulsivo" para agilizar un proceso de regulación del cannabis en España que evite que nadie más tenga que pasar por lo que él ha pasado por haber estado al frente de una asociación de usuarios. "En España no podemos quedarnos atrás con respecto a los avances normativos que están llevando a cabo en otros países", ha subrayado en declaraciones a Público.

Este destacado activista ha podido exponer su propia experiencia en foros internacionales en los que se han analizado últimamente diversos aspectos relacionados con el uso del cananbis y en los que él ha abordado el tratamiento judicial de las asociaciones de usuarios y la regulación aprobada por el Parlamento catalán, luego declarada inconstitucional.

Tió cree que las asociaciones de usuarios están ahora en España "con el culo al aire"

Albert Tió cree que las asociaciones de usuarios están ahora en España "con el culo al aire" por la falta de una regulación general sobre su funcionamiento y sometidas a una persecución que en los últimos meses ha aumentado, siguiendo "de una forma contradictoria el camino contrario" a lo que debería de ser un proceso de normalización de la actividad que llevan a cabo y del uso del cannabis.

A juicio de Tió, si el Tribunal Constitucional no hubiera tumbado la Ley de Asociaciones de Consumidores de Cannabis de Catalunya, que permitía una producción de hasta 150 kilos de marihuana por año y asociación, su situación procesal sería ahora muy diferente, porque aquella norma legitimaba el funcionamiento de las asociaciones cannábicas, regulando las condiciones de consumo, la salud, la protección de los menores y la reducción de daños por su uso.

Catfac, la otra organización catalana impulsora de la ley de asociaciones cannábicas, ya ha advertido de que el encarcelamiento de Tió significará un "duro impacto" para todo el sector, porque supondría la primera entrada en prisión de los responsables de una entidad que sí ha demostrado haber tenido un funcionamiento según los principios que deben de regir este movimiento asociativo y no otros, como ocurre con algunos clubes.

El pasado diciembre ya fue condenada la activista más veterana por la regularización del cannabis en España, Fernanda de la Figuera, de 76 años, a quien el juez impuso nueve meses de prisión por un cultivo de plantas de marihuana en una finca de Málaga que iba destinado a una asociación de mujeres con fines terapéuticos.

En España, según un reciente informe de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (Confac), hay unos 1.500 clubes de usuarios, con una media de entre 300 y 400 socios cada uno, que podrían generar unos 20.000 empleos si se llevara a cabo una regulación de su funcionamiento e ingresos al Estado superiores a los 600 millones de euros al año entre impuestos directos e indirectos.

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