La denuncia que Juana Rivas puso el 12 de julio de 2016, hace ahora exactamente dos años, sigue guardada en un cajón. Esta vez, en Italia. Se trata de una denuncia por malos tratos continuados que Rivas presentó dos meses después de haber llegado a España con sus dos hijos. Huía, tal como relató en el Centro de la Mujer de Maracena (Granada) primero, y en la denuncia después, de una historia de violencia física y psíquica continuada por parte de su ex pareja, Francesco Arcuri.

El hecho de que esta denuncia no haya provocado ningún tipo de actuación judicial en los últimos 24 meses ha afectado enormemente el devenir de los acontecimientos. Según Juan de Dios, uno de los abogados del equipo de Rivas, su mera existencia "debería haber impulsado a la abogacía del Estado a paralizar cautelarmente la demanda por sustracción internacional de menores iniciada por Arcuri contra su ex pareja "que terminó con la entrega de los menores al padre. En su opinión, los hijos de Juana Rivas "no deberían haber salido de España hasta que no se dilucidaran los hechos" que se relatan en la denuncia.

Sin embargo, estos hechos siguen sin ser investigados a pesar de que un juicio abierto en Italia está decidiendo sobre la custodia de sus dos hijos menores de edad. Es decir, que un juez está decidiendo este hecho crucial sin haber entrado a examinar los antecedentes de violencia de género de Arcuri. En Granada, otro juicio previsto para el próximo 18 de julio podría condenar a Rivas a cinco años de cárcel por sustracción de menores y a otros seis de inhabilitación de la patria potestad, sin examinar siquiera los motivos por los que esta madre abandonó Italia.

Juana Rivas no es experta en leyes, pero en una entrevista en exclusiva concedida a Público explica con claridad meridiana cómo su vida y la de sus hijos se han visto truncadas por el sorprendente devenir de una denuncia que lleva dos años deambulando por los vericuetos de las justicias española e italiana. "Esa denuncia lo explica todo. Y no comprendo cómo este primer paso se lo saltan. Sin él, no tiene sentido nada de lo demás que ha sucedido".

Las irregularidades del caso de Rivas afectan tanto a España como a Italia, y ponen en tela de juicio la aplicación tanto de las normas nacionales como de los convenios internacionales con los que estos países se han dotado para luchar contra la violencia de género y proteger a los menores víctimas de esta violencia. En este artículo relatamos algunas de esas irregularidades en el caso de Rivas.

La demanda en un cajón

El 20 de julio de 2016, ocho días después de que Rivas pusiera la denuncia por malos tratos, el juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Granada decidió archivarla por "falta de jurisdicción de este órgano judicial", puesto que los hechos habían ocurrido en Italia. Esta actuación, según afirman los abogados del caso, incumple el artículo 17 del Estatuto de la Víctima del Delito, que afirma que el juzgado deberá remitir "inmediatamente la denuncia presentada a las autoridades competentes del Estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos... ".

No fue hasta casi un año después, en marzo de 2017, y tras una queja de la directora del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, ante la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía General del Estado, que este órgano da órdenes al juzgado para que envíe la denuncia a traducir y la remita a Italia de forma urgente. Sin embargo, más de cuatro meses después, nadie admitía haberla recibido allí. Hasta enero de este año, el juzgado de Cagliari (Cerdeña) afirmaba desconocer la denuncia de Rivas. Sólo una investigación del Defensor del Pueblo en España, a petición de un grupo de más de 70 organizaciones feministas, arrojó luz sobre su paradero a principios de marzo de este año.

Durante cuatro meses, entre marzo y julio de 2017, la demanda volvió a estar en el limbo. Según el Defensor de Pueblo, ésta había sido enviada por el juzgado mediante correo ordinario a una empresa para su traducción al italiano. Pero ni la empresa podía afirmar haberla recibido, ni el juzgado tenía constancia documental de haberla enviado. Finalmente, en agosto de 2017 la demanda fue efectivamente enviada a traducir. Traducción que, según la investigación del Defensor del Pueblo, se hizo en apenas una tarde.

El 7 de agosto del año pasado, trece meses después de ser presentada en Granada, la denuncia se envía finalmente al Ministerio de Justicia italiano. Dicho ministerio afirma que la recibió el 22 de noviembre, tres meses después, y la remitió al juzgado competente.

Sin embargo ese juzgado no reconoce tener la denuncia hasta el mes de marzo, cuando la abogada de Rivas en Italia presenta el informe del Defensor del Pueblo. La demanda había llegado finalmente a su destino, pero aparentemente la única acción que se puso en marcha fue incorporarle un número de registro. Ni se han investigado los hechos denunciados, ni se ha puesto en marcha ninguna otra acción judicial. Según los abogados de Rivas, la intención declarada del juzgado italiano es seguir sin dar cauce a esta denuncia hasta que termine la causa civil por la custodia de los hijos de Juana Rivas en España.

El informe del Defensor del Pueblo reconoce que la paralización de la denuncia "no sólo tuvo una repercusión negativa en el proceso en cuestión por violencia de género, sino que afectó al devenir del proceso por sustracción internacional de menores iniciado en Italia, reclamando la custodia de los hijos menores de edad" y asegura que "este tipo de incidentes no debe volver a repetirse...".

Tal como afirman los abogados de Rivas, los tratados internacionales como el de La Haya, el Convenio de Estambul o la Convención de los Derechos del Niño protegen a las víctimas de violencia y establecen la prioridad de los procesos penales sobre los civiles. "Es decir, que en ningún caso podría decidirse la custodia de los hijos de Juana Rivas sin tener en consideración la denuncia por malos tratos", afirma el abogado principal de Juan Rivas, José Estanislao López. Esto podría llevar, según Juan de Dios, a declarar nulo el juicio que se está llevando a cabo en Italia.

Para Francisca Granados es incomprensible que "con la normativa existente en Europa y con las normas en vigor en España no se haya hecho más que criminalizar y perseguir a Juana Rivas y a su entorno. Esto muestra un fracaso terrible del sistema institucional de España, de Italia y de la Unión Europea, y pone al descubierto los déficits tan tremendos que existen y lo vulnerable que es el sistema". Pero lo que nadie se pregunta, afirma Granados, "es qué pasa con los niños". 

Granados entiende que en la gestión de la denuncia hubo falta de diligencia. "Una administración de justicia no cumple con enviar una carta y ya está. Hay que averiguar si ha llegado. Además, el ministerio de Justicia envía la denuncia de Juana traducida al italiano, pero no envía los antecedentes de Arcuri". 

Granados hace referencia a la denuncia que presentó Rivas en 2009 por malos tratos contra si expareja y por la que éste fue condenado. "Juana no sufrió un episodio de violencia de género que acabó con esa condena. Los informes del centro especializado en violencia de género en el que atendimos a Juana y a sus hijos durante más de un año, afirman que reúne todos los elementos para se considerada como víctima de esa violencia.  

Ni denuncias, ni órdenes de protección ni violencia de género

Desde que empezó el juicio en Italia, Juana Rivas ha presentado en aquel país dos denuncias por malos tratos hacia sus hijos y más de 15 peticiones urgentes de protección de los menores ante el tribunal por acontecimientos que consideraba muy graves. Pero ni las denuncias, ni las peticiones de protección han generado ningún tipo de actuación. Sólo Rivas ha prestado testimonio sobre las denuncias a petición suya por abandonar Italia, y el tribunal no ha dado ningún tipo de respuesta a las peticiones de protección presentadas. Tampoco ha habido respuesta del tribunal a la petición de Rivas de tener la custodia de sus hijos en vacaciones, tal como le correspondería. Los abogados de Rivas lo describen como un agujero negro.

Lo que ha sido una constante en el juicio italiano es que el tema de los malos tratos de Arcuri hacia Rivas no ha tenido cabida en el tribunal. Distintas persona llamadas a participar en las periciales que se llevan a cabo en ese tribunal, describen la insistencia de la perito que lleva las vistas a cortar en seco cualquier alusión a la violencia de género sufrida por Juana Rivas, con la frase: "Aquí se decide un tema de custodia, no de violencia".

La última en participar ha sido Francisca Granados, como directora del centro municipal de la mujer de Maracena. Relató allí el contenido de los dos informes psicológicos realizados a los hijos de Juana Rivas, considerados por esta institución como víctimas de la violencia de género. Los informes, uno elaborado por la psicóloga de su centro y el otro por la psicóloga del Instituto Andaluz de la Mujer, describen los efectos en los niños de la violencia sufrida por su madre y están traducidos al italiano y contenidos en la documentación que posee el juzgado italiano. Sin embargo, la perito afirmaba desconocer dichos informes, según el relata Granados.

Careos de Rivas con Arcuri

Otra de las irregularidades que según explican los abogados se han cometido en el juicio italiano, es la declaración cara a cara de Rivas y Arcuri. Según el Convenio de Estambul, las víctimas de violencia de género no pueden ser enfrentadas cara a cara con su maltratador en un juicio, sino que sus testimonios deben recogerse por separado. Sin embargo, el tribunal italiano no sólo ha enfrentado a Arcuri con Rivas, sino que cuando ha tomado testimonio de los hijos, sobre todo del mayor, que cuenta con 12 años, lo ha hecho en presencia del padre, de la madre o de los dos. Tan sólo el pasado 11 de junio, como relatan los abogados de Rivas, la perito accedió a escuchar al hijo mayor de Rivas en solitario. Para ello puso la condición de que ningún perito de las partes estuviera presente en la entrevista, lo que para los abogados de Rivas supone una irregularidad.

"Esa exploración debería haberse hacho en presencia de la jueza y con los peritos de las partes en la sala con la posibilidad de tener voz, aunque estuvieran fuera de la sala. Sin embargo, esta exploración se hizo de forma irregular y sin ninguna garantía", afirma De Dios. Según relata la abogada de Juana Rivas en Italia, que tuvo acceso a parte de la transcripción de la entrevista de la perito con Gabriel, el hijo mayor de Rivas, esta comenzó la entrevista con una frase lapidaria: "Que sepas que lo que digas aquí no va a cambiar tu futuro".

Petición de protección para Rivas y sus hijos

El pasado mes de mayo, los abogados de Juana Rivas enviaron sendas cartas a todos los grupos políticos con representación parlamentaria, al Gobierno, a las comisiones de Igualdad y del menor del Congreso, así como a diputados de la Junta de Andalucía y del Parlamento Europeo. En el escrito explicaban las irregularidades del caso de Juana Rivas y solicitaban su intervención por los cauces legales establecidos para protegerlos.

"Consideramos que los hechos relatados suponen una grave disfunción que se traduce en una desprotección para Juana Rivas Gómez y sus hijos de 12 y 4 años, que son de nacionalidad española", afirma la misiva y añade: "Junto a ello, queremos hacer constar que ha sido una constante, por parte del Equipo Legal de Juana Rivas Gomez (al igual que del Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Maracena), advertir del peligro real y cierto que existía con el regreso de los hijos menores a Italia, si bien dicha advertencia no ha sido escuchada, no habiéndoseles amparado ni protegido aún (a pesar de haber sido solicitado en distintas instancias), cuando, tanto la legislación nacional, la italiana y la internacional, contemplan los mecanismos y las herramientas suficientes para ello".

La misiva pide que se adopten cuanto antes las modificaciones legales que otorguen protección a las víctimas inmersas en procesos de sustracción de menores que se estén originando por situaciones de violencia de género. También piden que se pongan en marcha cuanto antes las reformas legislativas previstas en el Pacto de Estado contra la violencia machista.

El escrito solicita que se adopten cuantas medidas se consideren necesarias para la protección de Rivas y sus hijos, así como para que se dé curso a la tramitación de la denuncia de Rivas paralizada en Italia y que se muevan los mecanismos europeos que puedan activar esta protección.

Recuerdan que el Gobierno entrante ha manifestado su voluntad de luchar contra la violencia de género y recientemente el ministro de Interior, Grande-Marlaska, afirmaba su intención de poner en marcha cuanto antes el Convenio de Estambul. "No podemos hablar de un antes y un después del caso de Juana Rivas, sino de un ahora. Sus hijos necesitan protección y no podemos permitir que se sigan produciendo casos como este. Al Estado le corresponde la protección de Juana y sus hijos, tres ciudadanos españoles víctimas de violencia de género y de una violencia institucionalizada que ha hecho que en vez de proteger a Juana, se la haya criminalizado. Confío en que el nuevo Gobierno tomará cartas en el asunto", concluye Granados.