ZARAGOZA .- El que contamina paga: en el caso de Aragón, una media conjunta de algo más de dos millones de euros semanales. El Gobierno autonómico prevé recaudar este año 106 millones de euros por impuestos, según los datos expuestos este martes en las Cortes por el director general de Tributos, Francisco Pozuelo. Estos ingresos serán, según esas previsiones, uno de los ejes de la reforma fiscal, con la que la comunidad prevé obtener en este ejercicio un total de 130 millones.

El rendimiento de la fiscalidad verde superará por vez primera en Aragón los cien millones desde que este tipo de impuestos comenzó a aplicarse en la comunidad a mediados de la década pasada. Según los datos del Instituto Aragonés de Estadística, y a falta de cerrar la liquidación del año pasado, los tributos ambientales generaron en la comunidad 41,1 millones en 2013 y 37,3 en 2014, mientras el de hidrocarburos aportaba 1,8 y una anotación negativa de 6,2 en esos mismos ejercicios.

Algo más de la mitad de la aportación de los impuestos ecológicos, 55 de los 106 millones, están consignados en el polémico ICA, el Impuesto de Contaminación de las Aguas, que lleva meses tensando las relaciones entre el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Zaragoza, el recibo de cuyos vecinos subirá 14 millones.

Medio centenar de diputados de Podemos e IU han recurrido ante el Constitucional este tributo al considerar que su aplicación invade competencias municipales y que vulnera principios comunitarios como la recuperación de costes, mientras el ejecutivo negocia con los bancos la gestión de las más de 300.000 altas que deberán tramitar solo en la capital para cobrarlo.

“La gestión del impuesto dependerá de su desarrollo en la ciudad de Zaragoza”, el único municipio en el que la comunidad prevé que se den “problemas”, señaló Pozuelo, que explicó que los ingresos por este tributo en los tres primeros meses del año supone un 27% de la previsión total -14,87 millones- y que en ese periodo “ha tenido un aumento del 14%” frente al año anterior. El ayuntamiento de la capital ha recurrido también en los tribunales la obligación de entregar el padrón de titulares de contadores.

Otros 13,5 millones tendrán también su origen en el agua, aunque también es previsible que su pago acabe en los tribunales. Se trata, por una parte, del impuesto por la explotación de pantanos para producir hidroelectricidad, que tiene una consignación de 12 millones de los que “entre el 80% y el 90%” deberán ser pagados por Endesa y por Acciona, las principales compañías que operan en este sector en Aragón, en el que intentan entrar tanto el ejecutivo como numerosos ayuntamientos. Y, por otra, de los 1,57 que habrá de aportar Red Eléctrica por la gestión de las líneas por las que circula esa energía.

“Esperamos que se cumplan las previsiones”, señaló Pozuelo, que anotó que las compañías comenzaron el mes pasado a presentar las primeras autoliquidaciones parciales. Fuentes de las empresas han mostrado su intención de llevar esos pagos a los tribunales.

Completan el listado de impuestos ambientales aragoneses, del que se cayó el que grava los telesillas de las estaciones de esquí al aplicarle una moratoria de un año, el de los aparcamientos de las grandes superficies –lleva recaudados en tres meses 4,5 de los 8,7 millones previstos-, el de emisiones contaminantes –prevé 870.000 euros-, el de la matriculación de automóviles, aeronaves y embarcaciones, cuya aportación “casi duplica la de 2015” con 2,1 en tres meses cuando hay siete previstos y, por último, el autonómico sobre los gasóleos y gasolinas de uso no profesional.

La aprobación de este último, apoyada por PSOE, Podemos, Cha e IU, provocó el pasado otoño un intenso debate en el que PP, Par, C’s y algunas asociaciones de transportistas sostenían que iba a causar graves perjuicios al sector de la distribución de combustibles. Sin embargo, los datos aportados por Pozuelo apuntan en la dirección opuesta: la recaudación ascendió en enero, único mes del que hay datos, a 2,13 millones, cifra que, una vez descontado el 30% que debe devolverse a los profesionales que certifiquen sus repostajes, da una proyección anual de 17,9 millones, cercana a los 18,9 presupuestados.

“El consumo de combustible cayó solo un 1% en enero y febrero. Eso en absoluto pone en peligro el objetivo presupuestario”, explicó Pozuelo, que descartaba así los demoledores efectos sobre el sector que la oposición pronosticaba hace unos meses.

El director general de Tributos cifró en 721 millones los ingresos totales generados por impuestos –sobre una previsión anual de 3.186- en el primer trimestre, en el que no ha comenzado la recaudación del nuevo gravamen a la banca por los depósitos que custodia -prevé ingresar 10,2 en julio y diciembre- y en el que los ingresos por venta de viviendas han sufrido un desplome -36 millones de 203- tras el aumento de los últimos meses del año, en los que “la gente avanzó las operaciones en la medida de lo posible cuando se estaba tramitando la reforma”.

La aportación de otros impuestos relacionados con la propiedad, como los de Sucesiones y de Donaciones, ha llegado a aumentar un 50% en ese periodo, con ingresos por valor de 27,8 millones, aunque Pozuelo calificó de “insignificante” el impacto de la reforma fiscal en esa evolución.

La comparecencia del director general de Tributos abrió un debate en el que, mientras las formaciones de la izquierda avalaban la gestión de la reforma fiscal y destacaban que esas medidas han permitido mantener los servicios públicos, el centro-derecha insistía en que “principalmente están pagando las clases medias y bajas” y los sectores productivos.