El pasado lunes la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento anunció la puesta en marcha de un "ambicioso" plan integral de ayuda al alquiler que ha creado mucha polémica por plantear ayudas a quienes tengan unos ingresos brutos anuales de entre 32.200 y 88.200 euros. Unas cantidades inusualmente altas para acceder a una ayuda pública que han suscitado la sorpresa y el rechazo de buena parte de los colectivos de vivienda de la capital y también de la oposición.

Dotado con 30 millones de euros y articulado en torno a tres programas de actuación –el llamado programa Reviva, el Bono Vivienda y el Programa conFIANZA Joven– el plan persigue, según el Ayuntamiento de Madrid, "reactivar el mercado del alquiler en la capital" y "aumentar la oferta de vivienda y que los inquilinos obtengan condiciones más asequibles para acceder a ellas".

Para lograr dicho objetivo, el consistorio madrileño pretende que los propietarios de viviendas vacías las cedan a la EMVS durante un periodo determinado, a cambio de asegurarles una renta mensual. También plantea ayudas a los inquilinos que se apunten al programa Reviva a través de lo que denomina Bono Vivienda, que se calcula en función de los ingresos, el número de miembros de la unidad familiar y que, además, tiene unos límites: el bono no podrá superar los 900 euros. El objetivo del plan es que los inquilinos nunca paguen más del 30% de sus ingresos en el alquiler.

Por último, el programa conFIANZA Joven está destinado a jóvenes menores de 35 años que necesitan ayuda para entrar en un piso. La EMVS pondría la fianza y el inquilino tendrá 24 meses para devolver este dinero sin ningún tipo de interés.

Con un precio medio de 15 euros por metro cuadrado, Madrid es junto a Barcelona la ciudad más cara de España para alquilar una vivienda. Ese precio medio se está acercando peligrosamente al nivel de otras ciudades europeas. Nadie duda de que son necesarias ayudas para afrontar los precios de un mercado tan tensionado como el de Madrid, pero casi nadie cree en el programa impulsado por el equipo de gobierno que comanda José Luis Martínez-Almeida.

"El plan de ayuda al alquiler de Almeida es un despropósito absoluto", sentencia Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, uno de los principales colectivos de vivienda en Madrid. "Es un insulto a la gente que se está viendo asfixiada estos meses de pandemia para incluso poder comer y no digamos ya para pagar alquileres de casas muy humildes", añade Bardera.

El portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid sospecha que el plan del Ayuntamiento responde a una estrategia deliberada de Almeida y su equipo para "transferir dinero público al sector privado". "No es un error, es la estrategia de esta gente, son neoliberales", apostilla Bardera.

Bardera explica que con la llegada de la pandemia el precio de los alquileres en la ciudad de Madrid bajaron en 2020 –hasta un 7,3%, según idealista– al tiempo que ha aumentado el stock de vivienda. Muchos pisos se han quedado vacíos, especialmente los turísticos. Hasta un 25% de estos últimos, según fuentes del sector.

Bardera lo tiene claro y lo explica de forma cristalina: "Se trata de derivar fondos públicos al mercado de alquiler, de ayudar a las inmobiliarias y a ese sector de la población puede alquilar viviendas, pero viviendas que están muy por encima del precio medio: hablamos de viviendas del barrio de Salamanca. En definitiva, se trata de paliar un poco las pequeñas dificultades que ese grupo de privilegiados están teniendo ahora por causa de la covid".

"Las ayudas al alquiler de Almeida no son ayudas a los inquilinos que entran en la horquilla, es una paguita que beneficia a los propietarios. Pretende ser un dique que impida a inquilinos negociar el precio a la baja en un contexto en el que podrían bajar mucho", apostillaba en Twitter Jorge Moruno, diputado de Más Madrid en la Asamblea madrileña.

A través de la red social, Moruno denunciaba que la intención del alcalde de Madrid es "mantener los precios con subvenciones y compensar a quienes antes tenían la vivienda en alquiler turístico. Con nuestro dinero", renunciando así a una medida que se aplica en otros países y que el Gobierno de coalición va a incluir en la ley de vivienda que va a presentar en breve en el Congreso: la regulación del precio del alquiler y de los pisos turísticos, que reducen la oferta y aumentan los precios.

Bardera comparte el diagnóstico de Moruno: cree que el plan de Almeida sólo ayuda a los propietarios, también a los de los pisos turísticos, que "en un 95% son ilegales", sostiene. "La mayoría de las 15.0000 viviendas turísticas de Madrid son ilegales y el Ayuntamiento está postergando el problema. ¿Cómo se puede ni siquiera pensar en proteger un negocio ilegal?".

El representante del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid recuerda que tanto el alcalde Almeida como la presidenta Isabel Díaz Ayuso se han posicionado públicamente en contra de dicha regulación de los precios del alquiler: "Ya han dicho que no van aplicarla. La Comunidad de Madrid será la única que no lo haga. Para ellos el problema lo tienen personas que cobran cantidades muy por encima de la media y que ya sin ayudas podrían pagarse un buen alquiler en Madrid sin dedicar el 30% de sus ingresos".

Bardera también considera que el nuevo plan de ayudas al alquiler de Almeida está condenado al fracaso y lamenta, al mismo tiempo los pasos atrás que ha dado el Ayuntamiento de Madrid desde el cambio de gobierno en junio de 2019: "El actual equipo de Gobierno se ha dedicado a destruir lo hecho por el anterior equipo de Gobierno. Antes había planes para devolver las viviendas de uso turístico al mercado de alquiler y toda una serie de medidas para intentar paliar un poco la tensión que hay en el mercado de alquiler y ahora todo esto les parece innecesario".

Un gran parque de vivienda pública

Entre esas medidas, Bardera tiene muy claras dos: apuesta por un lado por la creación de un parque público de viviendas –actualmente apenas representa el 2%– digno de los países europeos. Cree que lo más práctico, cómodo y eficaz sería expropiar y legislar para dar salida a la ingente cantidad de vivienda vacía que hay en España, unos 3,5 millones según el Instituto Nacional de Estadística (INE). "Esas viviendas son de bancos, de fondos de inversión e incluso de la Sareb que es una entidad pública que está fracasando. Nosotros decimos que no hay que construir, hay que coger toda esa vivienda vacía y reactivarla. El Estado tiene que comprar vivienda, tiene que expropiarla cuando sea necesario y luego tiene que sancionar a los dueños de viviendas que estén vacías. Alemania lo hace y no pasa nada", señala.

La segunda medida es limitar y regular los precios del alquiler, pero no para siempre. "No sería una regulación para siempre, sino que sería temporal, en tanto y cuanto no se consiguiera sanear el mercado y no para todo el país, sino para las zonas tensionadas como es la de Madrid", concluye Bardera.