Este artículo se publicó hace 2 años.
Bruselas denuncia a España ante el TJUE por tener al menos 195 vertederos ilegales
Si España no adopta medidas, la Comisión podría reclamar multas económicas para España.
Bruselas--Actualizado a
La Comisión Europea denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por tener al menos 195 vertederos ilegales sin cerrar, sellar o restaurar desde 2008, provocando "daños graves" al medio ambiente y poniendo en peligro la salud de los habitantes.
El Ejecutivo comunitario ha dado el último paso en el marco del expediente que abrió a España en 2015 por infringir la directiva sobre residuos que exige a los países adoptar "todas las medidas necesarias" para evitar que perjudiquen tanto a los seres humanos como al medio ambiente, informó la institución en un comunicado.
La normativa también obliga a los Estados miembros a garantizar que "los residuos se eliminen de forma segura", y que los productores iniciales "o bien traten los residuos ellos mismos o bien se cercioren de que el tratamiento se lleve a cabo de forma adecuada".
"España no ha adoptado las medidas necesarias para cumplir esos requisitos de la directiva marco sobre residuos. La persistencia de al menos 195 vertederos ilegales que aún no han sido cerrados, sellados ni restaurados desde 2008 está provocando daños graves al medio ambiente y pone en peligro la salud humana", denuncian las autoridades comunitarias.
A juicio de Bruselas, España también "ha faltado a sus obligaciones de control, inspección y cumplimiento en relación con el vertido de residuos".
La apertura del procedimiento de infracción se remonta a diciembre de 2015 y Bruselas dio un ultimátum en noviembre de 2018, pero considera que "los esfuerzos de las autoridades españolas han sido insuficientes" a pesar de haber conseguido "algún avance" desde entonces.
El caso pasa ahora al tribunal con sede en Luxemburgo, que en una futura sentencia debería dirimir si, como opina la Comisión Europea, España ha incumplido las obligaciones que le impone la directiva. Si coincide en su análisis con Bruselas y después el Estado no adopta medidas correctoras, la Comisión podría pedir al TJUE la imposición de multas.
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