Casi el 60% de las personas en situación de exclusión social en Barcelona tienen trabajo

El empleo ya no protege de la pobreza. Esta es una de las principales conclusiones del Informe FOESSA 2025 de la diócesis de Barcelona, presentado por Cáritas este miércoles. Concretamente, concluye que la precariedad laboral se ha normalizado hasta el punto de que más de la mitad de las personas en situación de exclusión social (57,5%) viven en hogares donde al menos una persona trabaja. Esto evidencia que tener un empleo ya no garantiza unas condiciones de vida dignas. Las dificultades son especialmente graves entre las personas jóvenes y las personas migradas, que presentan tasas de desempleo muy superiores a la media, “lo que incrementa el riesgo de exclusión y cronifica la precariedad”.

El informe, elaborado a partir de 602 hogares y 1.519 personas, ofrece una radiografía exhaustiva de la realidad social de la diócesis de Barcelona, que engloba la ciudad de Barcelona y otros municipios del área metropolitana y comarcas cercanas dentro del ámbito diocesano. Concretamente, hace referencia a una población de 2,8 millones de personas. El estudio confirma que “la recuperación económica no llega a todo el mundo y que una parte importante de la población vive en una situación de inestabilidad que puede derivar fácilmente en exclusión social”.

Actualmente, solo el 45,4% de la población de la diócesis se encuentra en una situación de plena integración. En cambio, un 37,7% vive en una integración precaria, es decir, en una situación de vulnerabilidad constante ante problemas relacionados con la vivienda, el empleo o la salud. Además, casi el 17% de la población —más de 450.000 personas— se encuentra en situación de exclusión social, ya sea moderada o severa. Estos datos dibujan una sociedad “en la cuerda floja”, según el informe.

La vivienda, principal factor de desigualdad y exclusión  

La vivienda emerge como el principal factor de desigualdad y exclusión. Una de cada cuatro personas de la diócesis de Barcelona sufre dificultades relacionadas con el acceso o el mantenimiento de la vivienda, lo que afecta a 225.000 hogares y a más de 730.000 personas. El modelo actual, según el informe, “prioriza la vivienda como bien de mercado por encima de su uso social, y esto tiene consecuencias graves”.

Más del 15% de la población cae en situación de pobreza severa después de afrontar los gastos de vivienda. El riesgo de pobreza entre las personas que viven de alquiler (22,3%) casi triplica el de quienes viven en viviendas en propiedad (8,2%). A todo ello se suma el hecho de que un 13,5% de la población vive “en situaciones de hacinamiento grave”.

Los niños, niñas y adolescentes son el colectivo más afectado por la pobreza. Uno de cada cuatro menores de edad de la diócesis de Barcelona se encuentra en situación de exclusión social, y la situación es aún más grave en los hogares monoparentales, donde la exclusión afecta al 33% de los casos, casi cinco veces más que en los hogares sin hijos. Las carencias de vivienda se multiplican cuando hay menores, y en nueve de cada diez hogares que sufren hacinamiento grave viven niños, niñas o adolescentes.

El informe también pone de manifiesto las desigualdades por origen. Las personas de nacionalidad extranjera afrontan tasas de exclusión social 2,4 veces superiores a las de nacionalidad española, “lo que evidencia barreras estructurales de acceso a la vivienda, al empleo y a los derechos sociales, así como procesos de culpabilización y estigmatización”.

A pesar de este contexto, una parte importante de la sociedad barcelonesa es consciente del problema. Casi dos tercios de la población considera que las administraciones públicas deberían destinar más recursos a los servicios sociales, cerca del 60% es partidaria de contar con más servicios y prestaciones aunque ello implique pagar más impuestos, y ocho de cada diez personas están de acuerdo en que quienes reciben ayudas sociales las necesitan para vivir.

Parte de la solución, según el informe, pasa por cambiar el sistema. “El problema no es individual, sino sistémico. No fallan las personas, falla el sistema”, concluye.