El Juzgado de lo Penal número 3 de Móstoles (Madrid) ha condenado a un año y seis meses de prisión a un cazador por maltratar a 55 perros en la conocida como la finca de los horrores, al tenerlos llenos de basura, en condiciones de absoluto abandono, desnutridos, sin agua, sin comida y mutilados.

En la sentencia, fechada el pasado 20 de febrero, el magistrado Marcos Ramón Porcar condena al cazador Roberto González Gálvez por un delito continuado de maltrato a animales y le impone 10.925 euros de indemnización a la protectora de El Refugio.

Además, el juez le impone la inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales domésticos durante cuatro años y seis meses. La resolución no es firme y contra la misma puede presentarse un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

El juez impone la pena máxima en atención a la gravedad de los hechos, al gran número de animales afectados, algunos de los cuales murieron, y al grave riesgo producido por los perros solo evitado por la acción de los agentes.

Nacho Paunero, presidente de El Refugio, destacó como "novedad" a través de un comunicado que la sentencia "acredita la figura de un delito continuado, por lo tanto el acusado es autor material y directo de un delito consumado y continuado, siendo la primera vez que una sentencia de este tipo se hace pública".

Por ello, "desde El Refugio aplaudimos la tendencia de los jueces a condenar con prisión el maltrato animal. Entre todos lo estamos consiguiendo. Vamos a recurrir esta sentencia porque queremos más”.

"Condiciones de absoluto abandono"

La resolución considera probado que el condenado, propietario de todos los animales, mantuvo a éstos en una parcela de la localidad de Villa del Prado (Madrid) "en condiciones de absoluto abandono y con falta de atención a sus necesidades fisiológicas y sanitarias".

"El lugar presentaba un olor nauseabundo, lleno de basura, escombros, heces y restos óseos de distintas especies" y había cuatro perros "con heridas infectadas de diversa consideración, con míasis (gusaneras), sin que presentaran signos de un intento de tratamiento o cura", añade el magistrado.

La mayoría de los animales "presentaban síntomas de desnutrición y deshidratación severa", algunos "estaban a pleno sol sin ventilación adecuada, sin agua y sin comida", mientras que "otras estaban preñadas y con presentaban hipertrofias mamarias" e incluso había cachorros y adultos con "mutilaciones de orejas y rabos".

En los habitáculos techados se encontraban hacinados de seis a siete animales de entre 20 y 30 kilos de peso por jaula, en otros sin techo, al sol y sin agua, había un perro en cada uno, atado a la pared con una cadena sentados sobre sus propias heces con heridas debidas al apoyo continuado sobre el hormigón. Todos los ejemplares sin excepción estaban plagados de garrapatas. Además, en la finca de los horrores se localizaron dos perros muertos en avanzado estado de putrefacción.

La sentencia señala que "los padecimientos y, en su caso, muerte de los animales podrían haberse evitado de haber recibido los cuidados de salud e higiene que precisaban aquellos". El acusado alegó en el juicio que él hacía de médico/veterinario, que trataba directamente a los animales pero que el problema era que iba por la noche y por eso no lo vio lo sucedido en la finca.

Pero el magistrado desmonta esta tesis al señalar que no hay rastro alguno tratamientos en los perros o restos de medicinas y que el acusado podía ir por el día a la finca o utilizar linternas o focos para verlos.

"La situación de la perrera ilegal era de tales condiciones que era seguro que no podía desencadenarse y concluir más que en la muerte y menoscabo grave de la salud de los animales que solo se evitó por la intervención de los agentes y los servicios veterinarios", concluye el juez.