Está cerca del centro comercial de Glòries, el Museo Disseny Hub y la Torre Agbar. Camuflado entre las eternas obras de la plaza de les Glòries, hay un asentamiento en el que sobreviven una veintena de personas en barracas construidas con tablones de madera, palets y planchas recuperadas de la calle.

No es una situación nueva para Mohamed: en cinco años que lleva viviendo en la calle, ha estado en varias infraviviendas en los solares del barrio del 22@. "Si tuviera trabajo, trabajaría, pero si no tienes papeles, no tienes nada", explica a Público frente a las barracas.

Él, como el resto de hombres que sobreviven en estas chabolas improvisadas en el centro de la ciudad, saca algún dinero de vender chatarra. Poco. No suficiente, ni de lejos, para pagar una habitación o una vivienda digna.

Las situaciones de infravivienda no son ninguna novedad en Barcelona ni tampoco en el área metropolitana, ni ha habido un cambio de tendencia destacable respecto a esta modalidad de sinhogarismo. Pero ahora se habla más de ello y han aflorado varios casos, sobre todo a partir de tragedias como la del incendio en la nave de Badalona donde murieron cuatro personas hace poco más de un año.

"No hemos percibido un cambio, y es hipócrita escandalizarnos por eso cuando estamos generando miseria constantemente a través del mercado de la vivienda", afirma Albert Sales, sociólogo e investigador del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona.

En la ciudad hay 86 asentamientos en los que viven casi 400 personas, una cincuentena de las cuales son menores, según el último recuento del Ayuntamiento. También hay 105 locales ocupados con casi 500 personas que los habitan (156 son menores). "Los datos muestran la pobreza y la desigualdad social estructural, y también la dificultad de intervención. La solución a la pobreza no puede encararla el Ayuntamiento", dijo la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laura Pérez, cuando el consistorio presentó los datos a raíz del incendio en el que murió una familia en un local de la plaza Tetuán el pasado noviembre.

Este invierno ha habido más muertes debido a la precariedad habitacional, la pobreza energética y, en definitiva, la pobreza. El último caso, en enero, cuando dos personas murieron por la mala combustión de una estufa en una chabola en Montcada i Reixac (Barcelona).

Mohamed cuenta con contundencia que en el asentamiento de Glòries no hacen nunca fuego. "Hace mucho frío pero solo nos abrigamos con mantas. No podemos encender fuego". La proximidad con los edificios pero, sobre todo, el miedo a provocar un incendio es lo que les impide hacerlo: "Sólo que alguien tire un cigarrillo sobre una de las chabolas, quemaría todo".

Mohamed está en la treintena y explica que ha vivido en varios países europeos para buscarse la vida fuera de un Marruecos sin oportunidades. No quiere volver ante el miedo a que el estigma del fracaso le acompañe, pero quizá no volvería a marcharse. De hecho, asegura que nunca dejaría que sus hijos emigraran a Europa. Mientras hablamos, se acerca Mohamed Amarkash, que también lleva años viviendo en España y tampoco tiene permiso de trabajo. En una carpeta guarda meticulosamente todos sus papeles, incluida una petición de asilo, pero lamenta que ninguno le abra la puerta a una vida digna.

Más de 3.000 personas alojadas en equipamientos

El sinhogarismo tiene muchas caras. Según el último recuento de la Red de Atención a Personas Sin Hogar (XAPSLL, por sus siglas en catalán), más allá de las que viven en asentamientos o locales, en 2021 había 895 personas durmiendo al raso en Barcelona y 3.046 alojadas en equipamientos municipales o de entidades.

Los datos muestran que se ha estabilizado el número de personas que viven en la calle en los últimos años, pero no porque se haya producido un descenso de las tasas de pobreza, sino porque se han incrementado las plazas en equipamientos residenciales. "Los servicios sociales y las entidades están absorbiendo la exclusión residencial, pero hay cada vez más gente en recursos de este tipo porque las opciones para salir y reponerse, como alquilar una habitación o un piso, se ha convertido en misión imposible", apunta Sales.

Con la pandemia se ha incrementado en un 22,5% el número de personas atendidas por los servicios sociales de Barcelona. En 2021, uno de cada cuatro usuarios acudía por primera vez o hacía más de un año que no lo hacía. El consistorio constata como "la falta de vivienda o la dificultad de acceso a la vivienda a precio asequible se consolida como uno de los factores que más influyen en la posibilidad de sufrir riesgo de exclusión social" y pone en valor "el esfuerzo municipal" para hacer frente a la emergencia habitacional. Desde el inicio de la pandemia, se han ampliado en unas 500 las plazas en recursos públicos o de entidades para personas sin hogar, inaugurando nuevos espacios específicos para jóvenes ex tutelados, mujeres y personas con adicciones.

Hamza tiene 22 años y llegó a Barcelona con 16 años buscando un futuro. Después de dos años tutelado por la DGAIA, tenía papeles, pero hace un año los perdió, le caducaron y no sabe si puede volver a tramitarlos ni cómo hacerlo. Lleva nueve meses viviendo en el asentamiento de Glòries. Su caso no es único. Sales apunta a que en los últimos años ha habido "un rejuvenecimiento" de las personas sin hogar en la ciudad debido en gran parte a la presencia de menores y jóvenes procedentes del Norte de África. Obtener permiso de residencia siendo menor de edad no es ninguna garantía debido a los requisitos de renovación y dificultades para cambiarlo por permiso de trabajo. "La gran limitación son los papeles. Muchos están condenados a la irregularidad y esto supone un riesgo de exclusión constante", señala.

Parque público y garantía de rentas, puntos clave

El sostenido encarecimiento de la vivienda, sumado a la pérdida generalizada de poder adquisitivo de la ciudadanía, hace que la exclusión residencial afecte cada vez a más personas. Esto se acentúa en el caso de las personas migradas, precarizadas por una Ley de Extranjería que pone trabas al acceso a derechos.

Este mes se ha presentado en el Parlament una propuesta de ley "pionera" elaborada por el mundo académico y el tercer sector que contempla erradicar el sinhogarismo en cinco años en Catalunya. Introduce el concepto de "espacio residencial digno", que permitiría la transición desde recursos vigentes, como pensiones y hoteles, hacia viviendas de inserción que permitieran acabar con esta situación.

"Con la Ley de Extranjería y la crisis habitacional, seguirá cayendo gente a la calle. No tengo claro que crear más recursos acabe solucionando el problema, son necesarios cambios estructurales que no sé si estamos dispuestos a hacer", afirma Sales. Aunque señala que "afortunadamente, el tema ha entrado en la agenda", y añade que para solucionar el problema hay que evitar que las personas caigan a la calle. Apostar por las políticas de vivienda, con la creación de un mayor parque público, y las de garantía de rentas, como el Ingreso Mínimo Vital, serían dos puntales para avanzar en esa dirección.