Cientos de personas volvieron a salir a la calle el pasado miércoles 18 en el marco del Día Internacional del Migrante. En València, como en tantas otras ciudades, la marcha reclamó la defensa de los derechos humanos, la derogación de la ley de extranjería, el fin de las deportaciones y el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). El alcalde de la ciudad, Joan Ribó, se sumaba a las protestas con un tuit: "No tiene ningún sentido que personas que no han cometido ningún delito estén cerradas. Ni en esas condiciones ni en ninguna otra. La exigencia es clara: hay que cerrar los CIE. València es ciudad de libertades".

No era meramente simbólico que las asociaciones y entidades convocantes finalizaran la manifestación en la puerta del CIE de Sapadors, el complejo que se levanta entre muros y concertinas en medio del distrito de Quatre Carreres, a pocos minutos del centro. Sobre este espacio siguen recayendo numerosas denuncias que ilustran las condiciones deplorables de las instalaciones, deficiencias en la atención sanitaria y abusos de autoridad. La última de las evidencias: los vídeos realizados en el interior del recinto por un interno que muestra el ambiente de desesperación de las personas encerradas y el estado inmundo del complejo. Las imágenes fueron difundidas recientemente por eldiario.es.

Su autor, R.Y., es un venezolano residente en Madrid desde 2015 que fue internado el pasado 13 de noviembre en el CIE de València. Afronta una orden de expulsión y el Ministerio del Interior ha rechazado la solicitud de asilo humanitario que había planteado. Desde la campaña CIEs No-València han comunicado al Juzgado de Instrucción número 3, encargado del control del recinto, que el hombre se encuentra en una situación delicada, con el pasaporte caducado y con la amenaza de encontrarse en el país de origen sin ningún documento que acredite su identidad.

Para CIEs No, lo más sangrante de este caso es la desatención ejercida por el centro en lo que respecta al tratamiento médico que requiere el interno, con el VIH. "A una persona encerrada bajo tutela del Estado con una enfermedad crónica se le debe proporcionar su medicación. Es una aberración que no se haya hecho. Durante los primeros treinta y cinco días de encierro ha podido tomársela porque su pareja se la ha facilitado en visitas. Pero el centro no solo no se la ha administrado, es que ni se ha preocupado" expresa Adrián Vives, portavoz de la campaña. El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja de los colectivos y se han iniciado otras actuaciones ante organismos administrativos con el fin de paralizar el traslado del venezolano. También la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro, acompañó a la pareja del interno al interior del centro, para mostrar interés por la atención sanitaria.

Interior del CIE.

El caso de R.Y. llega tras un verano especialmente trágico en estas instalaciones. El suicidio en una celda de aislamiento, el pasado 15 de julio, del joven de origen marroquí Marouane Abouobaida, de 23 años, supuso una importante sacudida que generó diversas movilizaciones ciudadanas, contestadas por la dirección del centro con una restricción del horario y las condiciones de atención a las ONG. Las circunstancias de la muerte siguen en fase de instrucción en un doble procedimiento. Mientras el Juzgado de Instrucción número 10 se encarga de la investigación del fallecimiento, el número 20 aborda las lesiones producidas por la paliza que el joven recibió por parte de otros internos el día anterior.

La campaña CIEs No, de hecho, denunció que, una hora antes de morir, el joven había advertido al director del centro de la agresión mediante una instancia escrita por un compañero en su nombre. Un hecho que CIEs No considera determinante para concluir que "los responsables del centro conocían las precarias condiciones físicas y psicológicas" en las que se encontraba.

A finales de septiembre se conoció que el juez de vigilancia del CIE de València había impuesto 16 medidas a los responsables del complejo diez días después de aquel suicidio. El auto exigía unas instrucciones de prevención que, según señala CIEs No, no se habían adoptado en el caso de la muerte de Marouane. No solo eso: el juez se refería a los intentos de suicidio y reclamaba que se le informara si previamente se había activado o no el protocolo antisuicidios y que se efectuaran controles médicos sobre la evolución física y emocional de los internos. De hecho, CIEs No pudo constatar que una semana antes de la muerte hubo un intento de suicidio y tuvieron que liberar a otro interno por su deterioro psíquico. Además, cuatro días después de la defunción de Marouane, dos chicos más se autolesionaron, según los activistas.

La de Marouane es la tercera muerte estadística contabilizada por el Gobierno español en el CIE de Sapadors desde su creación. En respuesta parlamentaria del pasado septiembre al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el Ejecutivo declaraba que "solo se tiene constancia de que se hayan producido tres fallecimientos". A la de este verano, cabría sumar la de un ciudadano nigeriano que, según fuentes oficiales, perdió la vida tras sufrir un infarto en agosto de 2008, y la de un nacional georgiano procedente del CIE que falleció por causas naturales en el Hospital General en febrero de 2009. CIEs No, además, recoge en sus datos la muerte de otro hombre de origen marroquí que perdió la vida en octubre de 2010, a las puertas de los calabozos del centro.

El largo historial de opacidad y denuncias de este centro ha comportado algunas acciones simbólicas por parte de algunos dirigentes políticos valencianos. Hace unos días, precisamente, el diputado Joan Baldoví, de Compromís, volvía a preguntar al Gobierno por su política de trato a las personas migrantes e insistía que el nuevo ejecutivo debería aclarar si cerrará los CIE. La coalición valencianista ha presentado una proposición no de ley en Les Corts que insta al Gobierno a realizar un informe público anual sobre el estado de las instalaciones y los servicios.

Para los colectivos integrantes de la campaña contra estos centros, a pesar de que Les Corts declaró el País Valenciano zona libre de CIE, no existe una agenda visible para trabajar por su cierre. "Los políticos se han movido cuando ha pasado algo grave. No creo que haya un trabajo activo y continuo en el seno de estos partidos; en la práctica deben dar un paso más", sostiene Vives. Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez desoye a aquellos que piden la clausura y ya ha anunciado que a principios de 2020 empezarán obras de remodelación en todos los centros del Estado.

Discriminación en la discriminación

En 2018, 7.855 personas —7.676 hombres y 179 mujeres— fueron internadas en un CIE. Procedían de 90 países distintos pero llama la atención la presencia masiva de internos procedentes de Marruecos (2.801) y Argelia (2.511), que suman casi el 70% de todas las personas recluidas. Los datos, arrojados en el informe CIE 2018: Discriminación de origen, elaborado por el Servicio Jesuita a Migrantes-España (SJM-E), revelan para esta entidad que el internamiento se utilizó sobre todo como herramienta de las políticas de control de fronteras, ya que el 92% de las personas argelinas y un 79% de las marroquíes fueron internadas por motivo de devolución por su entrada irregular en España. "Dentro de la discriminación racial se establecen también discriminaciones", lamenta Vives.

Una conclusión que el mismo informe no acota al internamiento sino que la extiende al momento de su llegada, tras vivir duras travesías en el mar. "El Defensor del Pueblo y las ONG observan el diferente tratamiento que reciben las personas magrebíes y las de otros orígenes tras su desembarque: las primeras pasan los trámites de identificación detenidas hasta 72 horas en comisarías de policía, mientras que las otras lo hacen en Centros de Acogida Temporal de Extranjeros; las primeras no gozan de recursos de acogida humanitaria alternativos al CIE o posteriores a su puesta en libertad del mismo (salvo excepciones, como mujeres embarazadas); las segundas reciben un tratamiento humanitario mejorable, pero más positivo que el CIE", expresa el reporte de SJM-E.

Vives recalca la vulnerabilidad de los perfiles representados en aquellas personas que acaban encerradas en un CIE en el mismo momento de llegar (menores, mujeres víctimas de trata…) y a las cuales no se les presta una atención personalizada. "La migración, a nivel político, se trata desde el prisma de la regulación y la seguridad. La policía no está preparada para la detección de perfiles vulnerables sino que está obsesionada en buscar los perfiles delictivos", explica el activista.

La campaña en la que colabora Vives, de hecho, denuncia que el racismo institucional no solo se da en el CIE sino que se proyecta en diferentes coordenadas de una extensa red: fronteras, externalización, batidas racistas, identificaciones por perfil étnico, deportaciones… "Es una maquinaria legal de represión y criminalización de las personas migrantes, amparada en su mayoría por la ley de extranjería estatal y una gran cantidad de directivas europeas", recuerda.

Preguntado por los últimos acontecimientos en el CIE de València, Vives se muestra consciente de que, por cada caso que se denuncia, hay más réplicas que no se llegan a ver: "Lo tenemos muy claro: hay cosas que se nos esconden. Esa es una de las características del CIE: su opacidad. El caso de R.Y. nos llegó cuando este chico ya llevaba tres semanas encerrado. Durante semanas nadie se había dado cuenta que había una persona encerrada con el VIH". Pero, además, Vives reconoce que no todas las situaciones conocidas por los colectivos se hacen públicas. El objetivo: proteger la integridad de las personas encerradas para evitar posibles represalias. El activista, de hecho, afirma que miembros de la campaña se han hecho presentes estos días en las instalaciones para seguir muy de cerca el caso del interno venezolano, que denunció a través de sus grabaciones las condiciones inhumanas del espacio.

Paredes que hablan

Con el propósito de visibilizar todas estas denuncias de incumplimiento de los derechos humanos en los CIE, el cineasta valenciano Emilio Martí López proyecta en su reciente cortometraje animado Makun (No llores)-Dibujos en un C.I.E. (2019) el contraste entre los sueños de las personas que migran en busca de una vida mejor con la pesadilla en la que se convierte su llegada a España. La pieza da vida a los miles de dibujos encontrados en las paredes de un CIE canario y cuenta con el testimonio y la voz de Thimbo Samb, Mor Diagne y Vivian Ntih, tres personas migrantes.

Con varios premios conseguidos en diferentes festivales internacionales, este corto ahonda en las historias de aquellas personas que, sin haber cometido ningún delito, han sido encerradas y mantenidas ocultas a la opinión pública, dificultando además el acceso a jueces, periodistas y las ONG. La cinta ha hecho posible la reconstrucción de sus vidas gracias al proyecto artístico À tous les clandestins, centrado en la ruta desde las costas occidentales africanas a Canarias, y formado por unas 640 fotografías recogidas por las artistas valencianas María Jesús González y Patricia Gómez.