Las propias empresas del agronegocio brasileño –asustadas por los daños económicos que pueden sufrir– las organizaciones no gubernamentales –firmes en su empeño de las últimas décadas–, y expertos del mundo académico, entre otros actores, están decididos a aumentar la presión contra el Gobierno de Brasil, presidido por Jair Bolsonaro, reivindicando e internacionalizando más si cabe la protección de la Amazonia.

La Coalizão Brasil –Clima, Florestas y Agricultura–, movimiento multisectorial compuesto por doscientas entidades, ha redactado un documento que plantea seis medidas urgentes para acabar con la destrucción de la selva. El texto ha sido enviado al presidente Bolsonaro, al vicepresidente Hamilton Mourão –presidente del Consejo de la Amazonia–, y a los ministros de medioambiente, agricultura y economía, así como a los líderes de los diversos grupos parlamentarios, a los gobernadores de los estados brasileños, al Parlamento Europeo y a embajadas de países europeos en Brasil.

La táctica esquiva la tela de araña de la bancada ruralista del Congreso Nacional, el potente lobby del agronegocio. No necesitan enfrentarse a ellos. Se trata simplemente de cumplir la normativa vigente. Sus medidas "no presuponen alteraciones de leyes ni reglamentos, la estrategia es indicar el camino al Ejecutivo y colocarnos a su disposición", aclara para Público André Guimarães, miembro del grupo estratégico de la Coalizão Brasil y director ejecutivo del Instituto de Pesquisa Ambiental de la Amazonia (IPAM).

La primera de las medidas es retomar e intensificar la fiscalización, con rápida y ejemplar responsabilización por los delitos ambientales identificados, algo que se ha flexibilizado bastante desde la llegada al poder de Bolsonaro. La segunda medida solicita la suspensión de los registros del Catastro Ambiental Rural (CAR) que inciden sobre áreas de selvas públicas y responsabilización por eventuales deforestaciones ilegales. En estos registros, autodeclaratorios y realizados a través de internet, la falsificación de títulos de propiedad de tierra está a la orden del día.

Las evidencias señalan que los obstáculos no faltarán. Estas dos primeras medidas demandan un mayor rigor en las actuaciones de órganos públicos medioambientales como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA), el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad o la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), algo sumamente complejo ya que estos entes están hoy en manos de la ultraderecha de Bolsonaro, que sembró sus organigramas con una tropa de feligreses. Será necesario rodear esos obstáculos, por ello se insistirá en que "una de las dimensiones del impacto negativo es la financiera. Entendemos que la presión económica es importante", señalan desde la Coalizão Brasil: "Demostrar al Gobierno Federal que existe riesgo de pérdidas económicas".

El Gobierno francés ha sido el último en pulsar el botón de alarma en esta dirección. Tras encargar la elaboración de un informe a una comisión independiente de expertos, el gabinete del primer ministro, Jean Castex, ha vuelto a posicionarse categóricamente en contra del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Los beneficios originados por el comercio entre las dos regiones nunca superarían el coste climático provocado por la deforestación y el aumento de gases de efecto invernadero, advierte el análisis.

La tercera de las medidas urgentes propuestas por la Coalizão Brasil pide destinar diez millones de hectáreas a protección y uso sostenible en regiones bajo fuerte presión de deforestación. La cuarta medida sería la concesión de financiación bajo criterios socioambientales. El Consejo Monetario Nacional debe requerir, según los autores, que "las instituciones de crédito rural y agrícola adopten prácticas y criterios más rigurosos de control de impacto ambiental".

Hay que repoblar porque otra dimensión del impacto negativo de la destrucción de la Amazonia "es la propia producción brasileña", explica André Guimarães: "Esta producción depende en un 90% de las lluvias, y lo más parecido que tenemos a una fábrica lluvia es la Amazonia. Destruirla es alterar el régimen de lluvias, por ejemplo, de regiones como el Cerrado".

Se busca en la quinta medida la total transparencia y eficiencia para las autorizaciones de supresión de vegetación, mediante el Sistema Nacional de Control del Origen de los Productos Forestales (Sinaflor); y en la sexta y última la suspensión de todos los procesos de regularización de terrenos con inmuebles en zonas deforestadas después de julio de 2008, hasta que las áreas estén completamente recuperadas.

Retorno por parte de la diplomacia y empresas europeas

"En los últimos treinta años ha habido una evolución en la política ambiental brasileña, partiendo de la Constitución Federal, el embrión de esta política", comenta Guimarães, ingeniero agrónomo de formación, convocando a un ligero optimismo, para poco después reconocer eso en lo que casi todos los protagonistas de la escena medioambiental brasileña coinciden: "En los últimos dos años ha habido una interrupción".

Una interrupción cada vez más dañina y un ritmo cada vez más impactante. El Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) publicó en junio los datos oficiales de deforestación por corte raso –eliminación de cualquier vegetación existente en un área– desde agosto de 2018 a julio de 2019. En aquellos 12 meses desaparecieron 10.129 km2 de selva, una superficie similar a la del Principado de Asturias.

El retorno que han tenido las demandas de la Coalizão Brasil no se ha hecho esperar y es, por el momento, positivo. Bien es cierto que el documento ha suscitado interés sobre todo de fronteras hacia afuera. Han recibido varias consultas desde empresas europeas y desde la diplomacia de algunos países del viejo continente, con el objetivo de conocer más en profundidad el plan de trabajo.

No hay, hasta ahora, contestación por parte de ningún integrante del Gobierno Federal. El emprendimiento es, cuanto menos, intrépido, teniendo en cuenta el historial  que atesora ya a estas alturas el presidente Bolsonaro, que este martes ha vuelto a presentar en la Asamblea General de Naciones Unidas su particular e irreal versión de la situación de la protección del medioambiente en Brasil, bastante alejada de la exactitud y ajena a datos comprobados y al mínimo rigor científico exigible.