Desde comienzo de los años ochenta, aún bajo la dictadura militar, centenares de parcelas sin función social en los campos brasileños han ido transformándose a través del despliegue del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), basado en ocupaciones, resistencia y producción. Siempre en la vanguardia de la articulación comunitaria y con la exigencia perpetua de una reforma agraria que nunca termina de concretar una correcta redistribución de tierras, el MST ha ganado visibilidad durante la pandemia. Algunas de las principales acciones solidarias en los municipios más necesitados del noreste de Brasil, la región más pobre del país, han contado con cestas básicas de alimentos cultivados en sus explotaciones agrarias.

En el diccionario del conservadurismo brasileño, y por extensión en el de la ultraderecha liderada por el presidente Jair Bolsonaro, el MST es sinónimo de "terrorismo", y sus integrantes no pasan de ser meros "delincuentes". Tras meses endureciendo el mensaje, Bolsonaro ahora ha decidido pasar a la acción contra ellos. En una maniobra controvertida, entre otros motivos porque las urgencias de Brasil deberían estar centradas en los más de 4.150.000 casos positivos de covid-19 –con más de 127.000 fallecidos–, el presidente ha enviado a la Fuerza Nacional de Seguridad Pública a intimidar a los campamentos de los Sin Tierra en el sur del estado de Bahía. Es allí justamente donde la organización es más potente y donde sus tácticas para frenar la acumulación de tierras por parte de las grandes empresas han obtenido mayores recompensas.

La Fuerza Nacional de Seguridad Pública nació en 2004, durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, como una tropa híbrida formada por policías militares, policías civiles, bomberos militares e investigadores de todos los estados brasileños, al estilo de los operativos de intervención de Naciones Unidas. Se trata de un "programa de cooperación entre los estados-miembro y la Unión Federal, a fin de ejecutar, a través de un convenio, actividades y servicios imprescindibles para la preservación del orden público y la seguridad de personas y patrimonio", actuando también en emergencias.

El mecanismo se habilita y se envía a un punto determinado del país previa solicitud del gobernador del estado que necesita apoyo por la razón que fuera. Mediante este método esta unidad especializada ha completado y perfeccionado en los últimos tiempos la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad en los estados de Ceará y Pará –en ambas ocasiones por escaladas de violencia urbana–, y en el estado de Roraima –ante la masiva llegada de refugiados venezolanos y la falta de estructura de su capital, Boa Vista–.

El episodio del envío de la Fuerza Nacional a los asentamientos del MST en el sur de Bahía, en cambio, es diferente: aproximadamente cien integrantes de esta corporación están ya sobre el terreno, en posición y esperando órdenes sin que el gobernador del estado haya había realizado ninguna petición al respecto. Y eso es clave, ya que, como se ha indicado, la Fuerza Nacional nació como herramienta de asistencia entre los estados brasileños. "Además de no haberlo solicitado, ni me han informado", declaró Rui Costa (Partido de los Trabajadores), máximo mandatario del gobierno de Bahía. El gobernador ya ha interpuesto una acción en el Tribunal Supremo, denunciando la ilegalidad de la medida, y apoyándose en los antecedentes de un posicionamiento de la Fiscalía General el año pasado, cuando Bolsonaro envió también por iniciativa propia a la Fuerza Nacional a controlar manifestaciones a Brasilia.

"La legislación trata a la Fuerza Nacional de Seguridad Pública como un instrumento de actuación de la Unión en la cooperación federativa en seguridad pública", recalcaba la Fiscalía en aquella ocasión, con firmeza. "El presupuesto necesario de su movilización es el acuerdo con el ente federativo que tenga competencia originaria para la actividad de la seguridad pública que vaya a ser reforzada". Subrayando además ese detalle de que para determinar el empleo de la Fuerza Nacional "la Unión depende siempre de la solicitud del gobernador del un estado o del gobernador del Distrito Federal". Solo podrá realizar el pedido de actuación un ministro –esta vez ha sido el de Justicia– en casos de intervención federal. Un año después la historia se repite, con Bolsonaro saltándose las normas.

Conflicto por la paralización del proceso de reforma agraria

La justificativa del gobierno Bolsonaro para el envío de la Fuerza Nacional a los asentamientos del MST en los municipios de Prado y Mucuri, y su permanencia allí durante un mes, es la inseguridad ciudadana, y en concreto un altercado que dejó ocho heridos hace unos días. Esa al menos es la versión del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), la institución federal que visa las ocupaciones de fincas sin función social y, en caso de que se cumplan las condiciones necesarias, administra y gestiona los trámites relacionados con la reforma agraria en aquel territorio. Buena parte de los 28 campamentos que el MST presenta en la zona, sumando 35.000 hectáreas, ya deberían estar en un punto avanzado de la legalización de los títulos de propiedad, pero la realidad es diferente. Semejante situación, según el INCRA, genera una tensión que va en aumento.

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra ha declarado que, además de que la violencia física contra ellos ha ido aumentando en los últimos meses, avivada por la narrativa presidencial, "el proceso de Reforma Agraria se ha paralizado por completo" con el actual Ejecutivo. Lamentan que Bolsonaro haya elegido el sur de Bahía para buscar "reducir la fuerza política del MST", empleando una estrategia consistente en tres puntos: "No viabilizar los procesos de expropiación; tratar de fragmentar el territorio, e intentar criminalizar al MST de todas las formas posibles".

Los campamentos de los Sin Tierra en toda la geografía brasileña cuentan con diversa fisionomía –algunos han logrado estar más equipados, incluyendo incluso centros educativos, mientras que otros sobreviven en la más absoluta precariedad– y surgen de diferentes formas: los hay que arrancan desde la localización de parcelas o fincas deshabitadas y no trabajadas, y los hay que nacen de la ocupación de terrenos de grandes empresas, como medida de presión ante las autoridades. La mayor parte de las ocupaciones se realizan por sorpresa, con grupos que pueden llegar a juntar a más de mil activistas; o pueden ser la culminación de un proceso de negociación a tres bandas que incluye a las administraciones locales y a los representantes de las compañías que acumulaban los terrenos. Es el ejemplo de estos asentamientos que hoy reciben a la Fuerza Nacional: se levantan en los límites de unas antiguas haciendas de unas fábricas de celulosa.