Cuatro meses han tenido que pasar para que el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, haya dejado de ser un establo para miles migrantes recién rescatados de una patera. Hasta 2.600 personas se han llegado a hacinar en sus apenas 300 metros cuadrados, bajo carpas improvisadas, durmiendo en cartones en el suelo y comiendo bocadillos por la mañana y por la noche. Con baños químicos, unas pocas duchas y sin adecuada asistencia de abogados, algunos migrantes han llegado a pasar más de 20 días allí, esperando un hueco en el desbordado sistema de acogida de la Secretaría de Estado de Migraciones que, todavía hoy, se sustenta en unas 6.000 plazas en complejos turísticos que la pandemia ha dejado huérfanos de clientes.

El círculo de las migraciones hacia España ha tardado 14 años en completarse tras la llamada crisis de los cayucos de 2006, cuando más de 31.000 personas alcanzaron las islas en precarios lanchones de madera, la mayoría desde Senegal y Mauritania. Con cerca de 20.000 migrantes llegados hasta noviembre de este año—más de la mitad, solo en los dos últimos meses— la situación ha vuelto al mismo punto de partida y las recetas del Gobierno siguen el camino que entonces logró desactivar la ruta y desviar el fujo migratorio: medidas policiales, inteligencia y diplomacia, resumió el Ejecutivo al presentar su actual plan de choque.

O lo que es lo mismo, "alcanzar y ampliar acuerdos para la deportación y readmisión de migrantes, externalizar en terceros países el control de las fronteras europeas y condicionar la ayuda al desarrollo en África a la lucha contra la inmigración irregular", resume Oriol Puig, investigador del CIDOB y experto en países del Sahel.

Pero la exportación de este modelo — bautizado como Plan África por el Gobierno Zapatero— a otros países de la Unión Europea ha seguido modificando los flujos migratorios en esta década y media y ha hecho que la canaria sea otra vez la ruta con más probabilidades de éxito, a pesar de ser la más arriesgada de todas. "Vemos ahora cómo la crisis de los cayucos se cerró en falso. La estrategia española fue bien aceptada en Europa, respaldada y ampliada. España fue pionera en control migratorio, pero está demostrado que los flujos no se pueden parar, solo se desplazan a medida que se dificultan las rutas", concluye Puig.

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, reconocía recientemente en una entrevista en RNE que la gran diferencia entre esta crisis y la de 2006 es la experiencia acumulada. "Hemos aprendido cosas que nos están ayudando, como a tener mejores relaciones con nuestros vecinos", aseguraba. En concreto se refería a los 12 acuerdos bilaterales con los denominados "países de origen y tránsito" de los migrantes que se fraguaron o profundizaron a partir de 2006. "Nos permiten prevenir las salidas [de embarcaciones] y también repatriar a los que llegan de manera irregular a nuestras costas", puntualizó.

Precisamente, este es uno de los factores que ha desactivado la pandemia. La crisis económica que ahora atraviesan países de África del norte y subsahariana ha reducido las ya escasas oportunidades laborales para la población joven. Por otro lado, el cierre de fronteras ha rebajado casi a cero el número de deportaciones, sobre todo a Marruecos, principal país de origen de las pateras que llegan a Canarias, convertida en la nueva isla tapón que les impide llegar al continente.

Reanudar las deportaciones a Senegal

La pasada semana, González Laya visitó Senegal, costa de salida de miles de migrantes en cayucos, y anunció un acuerdo para reactivar próximamente los vuelos de deportación de ciudadanos senegaleses que hayan llegado de forma clandestina a España. Pero no era el único punto que había que reforzar para garantizar que el muelle de Arguineguín sigue vacío. El control policial de las costas también estaba sobre la mesa. La ministra anunció el aumento de la presencia de la Guardia Civil y de la Policía Nacional españolas en Senegal "para desmantelar redes criminales de tráfico de personas en este país", algo que ya se puso en práctica en 2006 para hacer frente a la oleada de cayucos.

Hasta ahora había dos lanchas patrulleras de altura de la Guardia Civil y un helicóptero de la Policía Nacional. Está previsto que a estos recursos se sumen un avión de vigilancia marítima con 15 efectivos y un buque oceánico con 25 efectivos.

Marruecos busca más fondos europeos

En paralelo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitaba Marruecos para apagar el principal incendio migratorio. Tras el desembolso de 140 millones de euros de fondos europeos y de 30 millones españoles en 2019 para taponar la ruta de las pateras por el Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán, la costa atlántica marroquí se convirtió en apenas un año en la principal lanzadera, con la ciudad de Dajla, en los territorios saharauis ocupados por Marruecos, como epicentro.

No han trascendido los acuerdos entre Marlaska y su homólogo alauí, aunque ambos hablaron de reforzar la vigilancia en las costas y de compartir más información para la lucha contra las mafias, a la espera de que las devoluciones de marroquíes —tímidamente retomadas— vuelvan a tener un flujo constante como antes de la covid-19. Casualmente, tras esta visita, las llegadas de pateras marroquíes al sur de Gran Canaria han dado un leve respiro.

Para afianzar estos contactos bilaterales, esta semana está en el país la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, junto con el comisario europeo de Vecindad, Olivér Várhelyi, en un momento en el que Marruecos pide apoyo financiero a Europa para amortiguar la recesión que la pandemia está provocando.

Además, España ya se ha comprometido a equipar a las fuerzas de seguridad marroquíes con 130 vehículos todoterreno para mejorar la vigilancia. Esta licitación pública quedó desierta en 2019 y ha vuelto a convocarse por valor de 7,1 millones con fondos a cargo de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración Políticas Públicas (FIIAPP), un organismo que mezcla la cooperación al desarrollo con otras políticas de cooperación entre las que están la seguridad y la inmigración.

"A diferencia de los países subsaharianos, subyugados por Europa porque la ayuda al desarrollo es imprescindible para ellos, Marruecos puede negociar de tú a tú con España y con Europa y utilizar las migraciones como mecanismo de presión para conseguir fondos, mejores acuerdos comerciales y evitar presiones internacionales en conflictos como el del Sáhara", apunta Puig.

España firmó con Marruecos en 1992 el primer acuerdo de readmisión de migrantes, no solo de marroquíes sino también de nacionales de otros países que hayan pasado por Marruecos en su ruta migratoria, aunque no entró en vigor hasta 2012. Tras la crisis de los cayucos, estos acuerdos o memorandos se fueron extendiendo a Senegal, Argelia, Guinea Bissau, Mauritania, Gambia, Guinea-Conakry, Cabo Verde, Mali, Nigeria y Níger, aunque no todos funcionan con la misma eficacia y regularidad.

Mauritania, país clave con subvenciones españolas directas

Además del marroquí, el acuerdo de mayor calado es el firmado con Mauritania. Hacia allí se fletó hace un mes el primer vuelo de deportación de migrantes desde Canarias tras el inicio de la pandemia, y es clave porque también admite a nacionales de otros países africanos que hayan pasado por Mauritania en su ruta hacia España, como ciudadanos de Mali, un país en pleno conflicto armado con quien, actualmente, es difícil alcanzar o ampliar acuerdos migratorios.

Mauritania es un país estratégico para España en cuanto a control migratorio por su condición de país de origen (un porcentaje significativo de pateras hacia Canarias salen desde allí) y de tránsito. Marlaska visitó este verano el país, junto a la comisaria europea Johansson, donde se realizan patrullas conjuntas de fuerzas de seguridad españolas y mauritanas desde 2008, en un operativo en el que España gasta diez millones de euros anuales.

Seguridad española en África

También es uno de los países del Sahel donde las fuerzas de seguridad españolas participan, cuando no lideran, operativos de seguridad en el marco de proyectos europeos como GAR-SI Sahel, Blue Sahel, el proyecto KSAR, ECI-Níger o la misión EUTM Mali.

GAR-SI Sahel (Grupos de Acción Rápida, Vigilancia e Intervención en el Sahel) es un proyecto liderado por la Guardia Civil española que lleva años equipando y adiestrando a grupos policiales de élite en Mauritania, Mali, Níger, Burkina Faso, Chad y en Senegal. Replica los métodos y estrategias utilizados por las fuerzas de seguridad españolas en su lucha contra ETA y está enfocado en la batalla contra los tráficos ilícitos, el terrorismo y, por supuesto, las redes de inmigración irregular que operan en estos países. Su presupuesto de era de alrededor de 42 millones de euros de fondos europeos, a través el Fondo Fiduciario para África y gestionado por la citada FIIAPP. Es la extensión de una experiencia similar llevada a cabo entre España y Senegal en 2012 aunque ahora también trabaja con las fuerzas de seguridad francesa, italiana y portuguesa.

Blue Sahel, también liderado por la Guardia Civil, comenzó a operar en 2017. Es la evolución de otros proyectos que partieron del proyecto Seahorse en 2006, las primeras patrullas conjuntas y adiestramiento policial de España a Mauritania, Marruecos, Senegal y Cabo Verde. Con una duración inicial de 36 meses, cuenta con un presupuesto 2,5 millones de euros aportados por la UE (80%) y España (20%), según los análisis del Real Instituto Elcano, Migreurop y otras organizaciones que denuncian la falta de trasparencia para analizar estos proyectos.

El proyecto KSAR es otro de los liderados por la Guardia Civil y enfocado únicamente a Mauritania, con una inversión de más de medio millón de euros para vigilancia de la frontera con Senegal, Mali y los territorios saharauis ocupados por marruecos.

En cuanto al proyecto ECI-Níger, fue de unos grandes despliegues europeos en un punto clave de la ruta migratoria hacia Europa. El país, sobre todo tras el derrumbe de Libia, se convirtió en la bifurcación de dos rutas: la que buscaba Italia y Malta a través de Mediterráneo central desde Libia, y la que se desviaba hacia Argelia para alcanzar España desde el norte de Marruecos.

Esta operación y otras de mayor calado fueron el resultado de la cumbre europea de La Valetta (Malta) 2015-2017, que vinculó gran parte del Fondo Fiduciario europeo para África al control migratorio. Según un estudio de Sergio Altuna, investigador de Elcano, ECI-Níger fue posible gracias a la experiencia en Mauritania. Está financiado por la Comisión Europea con seis millones de euros procedentes del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África, gestionado por la FIIAPP y liderado por la Policía Nacional española.

Níger, recuerda Puig, investigador de CIDOB, es uno de los beneficiarios de la ayuda europea al desarrollo. En los planes está que hasta este año haya recibido más de 1.800 millones de euros del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, cuya mayor parte de la financiación proviene el Fondo Europeo de Desarrollo. Según un análisis de Oxfam Intermón y de Migreurop de 2018, aproximadamente un 40% de este presupuesto está siendo desviado directamente para control migratorio en terceros países.

"El despliegue de fondos europeos en Níger ha sido definitorio para que una gran parte de los migrantes hayan optado por la ruta hacia Canarias. Desde el punto de vista de la gestión, esto es profundizar estrategias que no atajan las causas reales de la migración. Es girar siempre en la misma rueda, en un paradigma que numerosos académicos llevan años advirtiendo de que no contribuye a evitar el drama de las migraciones", opina Puig.

Para este experto, los efectos de la "diplomacia" española no tardarán en dar resultados, pero advierte de que hay que poner el foco en "hacia dónde se van a desplazar los migrantes", y apunta a un posible repunte de la ruta argelina de las pateras hacia España.