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Críticas a las campañas públicas de rescate del turista 'premium' en Barcelona

Las asambleas de barrios y las plataformas vecinales rechazan las iniciativas para captar teletrabajadores extranjeros o estudiantes internacionales porque "perpetúan la gentrificación" de Barcelona.

Una parella passa per davant d'una oficina de turisme tancada, a Barcelona. LAIA ROS
Una pareja pasea delante de una oficina de turismo cerrada en Barcelona. — LAIA ROS.

"Move your desk, change your life" (Mueve tu escritorio, cambia tu vida) es el lema de la campaña de Barcelona Turisme para impulsar un sector que se considera estratégico: el workation. La línea de promoción se basa en la captación de trabajadores nómadas y profesionales digitales que, aprovechando el auge del teletrabajo por la pandemia, se muden a la capital catalana y desestacionalicen supuestamente el turismo. El proyecto ya ha recibido las primeras críticas por parte de asociaciones y plataformas vecinales afectadas, que ponen el foco en que se repiten los mismos errores del actual modelo turístico en crisis. Expulsión vecinal, precarización de los puestos de trabajo, turistifación del espacio público y presión sobre los precios de las viviendas son algunos de los efectos que denuncian.

La iniciativa parte de Barcelona Turisme, un consorcio público-privado del que forman parte el Ayuntamiento de Barcelona, la Cambra de Comerç y la Fundación Barcelona Promoción y que tiene como objetivo impulsar el turismo en la ciudad. En la campaña, se garantiza "la oportunidad de trabajar y vivir como un local, tanto en un entorno urbano como en plena naturaleza, gracias a una selección de alojamientos especialmente preparados y una amplia oferta de ventajas en diferentes actividades culturales y de ocio para llenar tu tiempo libre".

Paralelamente, Turisme de Barcelona ha organizado esta semana una misión de promoción turística en las ciudades rusas de Moscú y San Petersburgo para acelerar la reactivación del sector en un segmento calificado de estratégico, como el premium y el MICE, vinculado al turismo de negocios. La acción se enmarca en un acuerdo formalizado entre Turisme de Barcelona y la entidad Welcome Moscou para impulsar intercambios entre operadores de las dos zonas. "Es una carrera. Después de un año de pandemia es ahora cuando todas vamos a salir a buscar visitantes". Es la definición de Marian Muro, directora general de Turisme de Barcelona para justificar la misión comercial. El consorcio considera que "teniendo en cuenta el perfil de visitante con una gran capacidad de gasto, nuestra delegación se entrevistará con agentes especializados en turismo premium".

Argumentos economicistas

Estas acciones las rechazan desde la Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT). Uno de sus miembros, Dani Pardo, lamenta que "un consorcio de gestión municipal, en el que está implicado un partido de gobierno que se ha caracterizado por las críticas a la turistifación, se haya dejado llevar por argumentos economicistas con el pretexto de la pandemia". Pardo recuerda que el modelo de turismo que prevé captar y atraer a turistas con un poder adquisitivo alto se ha demostrado que "es problemático por el impacto en el mercado de la vivienda o en las condiciones laborales". Para la asamblea, la crisis de la covid-19 ha constatado la necesidad de apostar por un nuevo modelo, ya que el sector turístico ha sido uno de los más perjudicados por la volatilidad, hundiéndose de repente toda su actividad.

La apuesta de las administraciones, según Pardo, es impulsar y rescatar un sistema caduco "en vez de reorientar el modelo". La estrategia de vincularse a un perfil de un profesional extranjero o a estudiantes con un poder adquisitivo alto, relacionado con el turismo de ferias y negocios, supone un error para el interés ciudadano, alertan desde la ABDT. Pardo reprueba que "las políticas públicas sirvan para fomentar la gentrificación".

La reinvención de la especulación

Echando la vista atrás, Dani Pardo asegura que "hemos desaprovechado una oportunidad para cambiar el modelo turístico tras los atentados terroristas en las Ramblas y en Cambrils de 2017". Así, cree que, sirviéndose de la pandemia, "el sector especulativo se está reinventando, dejando a un lado los hoteles e interesándose por las residencia de estudiantes o el alquiler de habitaciones". Según precisa, "existen intereses económicos potentes para perpetuar el modelo".

Para afrontar esta realidad, la Generalitat de Catalunya ha generado un marco normativo que busca prohibir el alquiler de habitaciones por días. Ahora, la pelota está en el tejado del Ayuntamiento de Barcelona, que ha de desplegar la normativa. La previsión es que lo haga como máximo en verano. Al mismo tiempo, el pasado diciembre, el consistorio barcelonés y el Barcelona Centro Universitario (BCU) firmaron un acuerdo, en el que se destinaban 73.000 euros a impulsar una campaña para "captar estudiantes e investigadores e investigadoras de la ciudad en una estrategia para posicionar la marca Barcelona como ciudad de talento, aprovechando el momento actual donde algunas zonas del mundo ponen trabas a la llegada de personas para estudiar e investigar en ella".

La estrategia de posicionar a Barcelona como un destino para turistas con un poder adquisitivo alto, que parece llevarse a cabo para contrarrestar los movimientos de algunas plataformas como Airbnb, ha generado algunas víctimas que se encuentran en medio del conflicto entre ambas partes. Es el caso de Acaba, una asociación de afectados por la guerra entre el consistorio barcelonés y la plataforma. Fuentes de la presidencia de la entidad explican que un grupo de personas que alquilaron su vivienda de forma esporádica y por necesidad antes de 2019 han sufrido sanciones de hasta 60.000 euros.

Beneficios para los grandes tenedores

Las mismas fuentes indican que "como vecinos tenemos que cargar la responsabilidad de haber alquilado en algún momento, cuando los miembros de nuestra asociación somos personas con una única propiedad y que hemos cedido parte de nuestra vivienda para un uso residencial, nunca turístico, de forma puntual". Los afectados de Acaba se encuentran repartidos en zonas de toda la ciudad, como Ciutat Vella, el Eixample o el Carmel. Los vecinos se muestran partidarios de regular el ámbito del alquiler de habitaciones y pisos turísticos, pero se oponen a que "tengamos que demostrar constantemente que la finalidad de alquilar las habitaciones no es especulativa y se impongan embargos". Acaba detalla que durante la pandemia se han producido 20 casos de embargos y 70 vecinos han sido sancionados en un colectivo de 200 personas. "El ejemplo más flagrante es el de una vecina que alquiló su piso en 2016, que ha recibido una multa porque un inspector encontró un anuncio de hace tres años".

La asociación Acaba insiste en la necesidad de regular los pisos turísticos, "pero sin tener que sentirnos revictimizados, ya que estamos observando como el Plan Especial Urbanístico de Alojamiento Turístico (Peuat) beneficia únicamente a los propietarios con licencias turísticas y a los grandes tenedores". A favor de la ley, pero en contra de que "se ponga en el mismo saco a los fondos de inversión con nuestra situación, que somos familias con necesidades puntuales". La asociación está en conversaciones con el Ayuntamiento de Barcelona para revertir la situación.

Frente a estas acciones de promoción del turismo, las asambleas vecinales y las plataformas de damnificados por algunas actuaciones municipales solicitan herramientas para proteger el territorio de la masificación y el sobreuso del espacio público. Las entidades reclaman que no se utilice de forma indiscriminada dinero público, acompañado de campañas con expresiones como "turismo de calidad, seguro, sostenible o retorno social", para aplicar propuestas que no diversifican el sistema productivo y mantienen un modelo basado en la precariedad laboral.

Condiciones precarias en la hostelería

A finales del año pasado se firmó el convenio colectivo de la hostelería en Catalunya, que afecta a 193.894 trabajadores. El acuerdo solo lo rubricó UGT por la parte sindical y recibió el rechazo de CCOO. Finalmente, los firmantes accedieron a sellarlo para evitar el deterioro de unas condiciones laborales ya de por si bastante precarias. Según indica la asociación Alba Sud, especializada en investigación y comunicación para el desarrollo, "el texto consolida la precariedad de las externalizaciones, una de las reivindicaciones históricas del colectivo de las camareras de pisos y de las kellys".

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