¿Qué es el Defensor de las Víctimas de Accidentes de Transporte y cuáles serán sus funciones?
El cargo será designado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Transportes.

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El accidente ferroviario de Urda, ocurrido el pasado 28 de octubre en la provincia de Toledo, dejó 69 víctimas mortales y volvió a poner sobre la mesa la necesidad de mejorar la atención y el acompañamiento a quienes sufren las consecuencias de una tragedia de estas características. El siniestro, en el que se vieron implicados un tren AVE de Renfe y otro de Iryo que cubrían la ruta entre Madrid y Andalucía, evidenció la importancia de coordinar la asistencia a los afectados y a sus familiares no solo durante las primeras horas, sino también en los meses posteriores.
En este contexto, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto por el que se crea el Defensor o Defensora de las Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo. Esta nueva figura tendrá carácter estable y permanente y se encargará de coordinar la atención a las víctimas y a sus familiares, además de dar continuidad en el tiempo al trabajo de todos los profesionales y organismos que intervienen tras un accidente. Pero ¿qué es exactamente este organismo y cuáles serán sus funciones?
¿Qué es el Defensor de las Víctimas de Accidentes de Transporte?
El Defensor o Defensora de las Víctimas de Accidentes de Transporte será una figura independiente dentro del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con rango de subsecretario. Esta posición le permitirá contar con la autoridad institucional necesaria para coordinarse con otros organismos, solicitarles información y reclamar las respuestas que sean necesarias para atender a las personas afectadas por un siniestro.
Su principal objetivo será garantizar una atención integral y continuada a las víctimas y sus familiares, tanto desde el punto de vista psicológico como social y jurídico. Para ello, velará por el respeto de sus derechos, su dignidad y sus necesidades, además de facilitarles el acceso a la información y acompañarles durante todo el proceso posterior al accidente. La creación de este puesto responde también a una petición de las asociaciones de víctimas, que han defendido la necesidad de contar con una figura que proteja sus derechos y garantice que no queden desatendidas una vez finalizada la intervención de emergencia.
¿Cuáles son las funciones de este puesto?
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes el Real Decreto por el que se crea el órgano del Defensor o Defensora de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, que entrará en vigor este sábado. Esta nueva figura contará con una oficina propia, que tendrá rango de Dirección General y se encargará de proporcionarle el apoyo técnico necesario. De ella dependerán una Secretaría General y una Subdirección General de Atención a las Víctimas. Además, dispondrá de un Gabinete Técnico que le asesorará directamente. La persona que ocupe este cargo será nombrada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.
Sus funciones se dividen en diez bloques, aunque una de las principales será convertirse en el interlocutor de referencia de las víctimas y sus familiares ante las administraciones y organismos que intervengan tras un accidente. Su labor no terminará cuando finalicen las tareas de emergencia, sino que continuará a medio y largo plazo para garantizar que los afectados reciben atención y acompañamiento durante todo el proceso.
También se encargará de coordinar la respuesta de las distintas instituciones, facilitar información clara y asesorar a las víctimas sobre sus derechos, las ayudas disponibles y los pasos que pueden seguir para reclamar daños o acceder a la justicia gratuita. Además, les orientará sobre sus derechos económicos y facilitará el acceso al apoyo emocional y terapéutico que puedan necesitar. Otra de sus tareas será colaborar en la elaboración de protocolos de asistencia, con especial atención a las personas más vulnerables.
El nuevo organismo también mantendrá una relación de cooperación con la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (AITAT), aunque respetará en todo momento su independencia. Asimismo, trabajará junto a las asociaciones de víctimas y otras instituciones especializadas en su atención, que tendrán una participación activa y permanente a través de un grupo de trabajo. La intención es que las personas afectadas puedan intervenir en las decisiones y que las medidas se diseñen contando con ellas.
Por otro lado, el Defensor o Defensora deberá elaborar informes sobre la atención prestada después de cada accidente y las reclamaciones recibidas. También impulsará un código de buenas prácticas junto a las asociaciones y los medios de comunicación para garantizar un tratamiento informativo ético de estas tragedias. Para desarrollar su labor, podrá solicitar a las administraciones y organismos implicados la información que considere necesaria.
¿Quién será el elegido para el puesto de Defensor de las Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo?
La persona que ocupe el cargo de Defensor o Defensora de las Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo será nombrada mediante Real Decreto, acordado por el Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Por el momento, el procedimiento establece quién tendrá la responsabilidad de designarla, pero no concreta quién será la persona elegida para desempeñar esta función.
¿A qué víctimas de accidentes dará cobertura esta nueva figura?
La nueva figura del Defensor o Defensora de las Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo atenderá a las personas que, como consecuencia directa de un siniestro, hayan fallecido, desaparecido o sufrido daños físicos o psicológicos. La cobertura también incluirá a sus familiares, allegados y personas dependientes, siempre que se hayan visto directamente afectados por las consecuencias del accidente.
El Real Decreto establece que esta protección se aplicará a los accidentes registrados en servicios de transporte colectivo cuya titularidad o competencia corresponda a la Administración General del Estado. Esto incluye los desplazamientos en autobús o autocar, tren, avión comercial y transporte marítimo de pasajeros. No obstante, también contempla la posibilidad de establecer acuerdos de colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales para prestar esta asistencia en los servicios de transporte que dependan de ellas.
¿Esta figura sustituye a algún organismo?
No. El Defensor o Defensora de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo no sustituirá a ningún organismo ni asumirá las competencias de otras instituciones. Su labor será complementaria y respetará tanto la independencia de la AITAT como las funciones de los órganos judiciales. También tendrá en cuenta las competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en materias como sanidad, servicios sociales y transporte. Cuando tenga que intervenir en alguno de estos ámbitos, lo hará mediante mecanismos de cooperación entre las distintas administraciones.
Por otro lado, las asociaciones de víctimas tendrán un papel activo, consultivo y permanente en el desarrollo de sus funciones, a través de un grupo de trabajo. El objetivo es que las personas afectadas y sus familiares participen en las decisiones y en la atención que reciben, de manera que se trabaje con las víctimas y no solo para ellas.
¿Qué plazo tendrá para proponer cambios en la atención a las víctimas?
El decreto establece que, en un plazo de tres meses desde su nombramiento, el Defensor o Defensora deberá analizar la normativa vigente sobre la atención a las víctimas de accidentes colectivos. Este análisis contará con la participación de las asociaciones de afectados y podrá incluir propuestas para mejorar el sistema de asistencia, la coordinación entre administraciones y la colaboración de los distintos servicios y entidades implicados.
De esta forma, la creación de esta figura incorpora también una revisión del sistema de atención vigente, cuyo desarrollo quedará pendiente del nombramiento de su titular y del análisis que deberá presentar durante sus primeros tres meses en el cargo.





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