Denuncian la expulsión de un residente en un centro de mayores de Vallecas: "No les salía rentable"

No han pasado ni dos semanas desde que Público recopilara varios casos de residentes que denunciaban represalias y amenazas de expulsión en centros de mayores de la Comunidad de Madrid. Este lunes, un nuevo episodio vuelve a poner el foco sobre el sistema residencial madrileño. La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare) alertó de la expulsión de un hombre de 66 años, con grado III de dependencia, de la residencia Casablanca Vallecas, un centro acreditado por la Comunidad e integrado en la red de servicios sociales —al que acceden usuarios mediante la prestación vinculada al servicio, conocida como cheque-servicio—.

Según Pladigmare, la dirección del centro justifica la decisión —cuya ejecución está prevista para el 8 de mayo— alegando "dificultades en su tratamiento médico" y acusaciones de "maltrato". Sin embargo, la plataforma rechaza de plano esta versión y denuncia la ausencia de garantías en el procedimiento. "Se ha hecho de manera unilateral. No se ha abierto ningún expediente ni ha existido un proceso que permita al residente defenderse ni rebatir las acusaciones", sostienen. A su juicio, detrás de la decisión subyace "una negativa a asumir cuidados que no resultan rentables para la empresa".

Ahora, la pelota está en el tejado de la Comunidad. "Si la administración concede una PEVS —el cheque-servicio— a una persona dependiente, pero no dispone de plazas suficientes para cubrir la demanda, y además la residencia que la recibe admite no estar capacitada para atender sus necesidades, la Comunidad debería activar de inmediato una alternativa y gestionar el traslado a un recurso adecuado", explica a este diario Fernando Flores, portavoz de la plataforma.

Fernando Flores, Pladigmare: "Lo público-privado está derivando hacia una lógica de rentabilidad que deja en segundo plano la atención a personas"

Flores subraya que la administración tiene la obligación de garantizar dos cuestiones clave: evitar que las familias queden expuestas a presiones por parte de los centros y asegurar que estos cumplen las condiciones de acreditación. "Y, al mismo tiempo, sancionar cualquier práctica que pueda derivar en falta de cuidados, intimidación o en la selección de residentes en función de su rentabilidad". "Los cuidados son un derecho, no un negocio", concreta.

En su análisis, el portavoz advierte de un problema "estructural": la escasez de plazas públicas y un modelo mixto que, bajo su mirada, no está respondiendo a las necesidades reales de los mayores. "No solo evidencia que el sistema no está preparado para la demanda actual, sino que el enfoque de colaboración público-privada está derivando hacia una lógica de rentabilidad que deja en segundo plano la atención a personas especialmente vulnerables", señala. Defiende además un cambio de modelo asistencial. Aboga por estructuras de convivencia más reducidas, con equipos profesionales estables y bien formados, y condiciones que permitan cuidar sin la presión de criterios económicos. "El modelo actual ni funciona ni funcionará si no se corrige de forma profunda", remata.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales confirman a Público que ya se han puesto en marcha actuaciones inspectoras para analizar el caso. Las mismas fuentes inciden, además, en que el residente permanece en el centro y que, por el momento, no se ha ejecutado su expulsión.

Desde Pladigmare aseguran que, si no se revierte la expulsión, se concentrarán el 9 de mayo a las puertas de la residencia

Finalmente, Pladigmare ha anunciado que solicitará a la Consejería la paralización cautelar de la expulsión, su anulación y una alternativa habitacional para el afectado. Recuerdan, además, que la propia familia habría sido informada de que el centro no puede atender adecuadamente al residente debido a sus múltiples patologías, pese a que estas "ya existían cuando se le adjudicó la plaza".

En este sentido, apelan a la Ley 12/2022 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, que garantiza la permanencia en el centro mientras se mantengan las condiciones que motivaron el ingreso y tipifica como infracción grave cualquier represalia contra usuarios o familiares por ejercer sus derechos. Si la decisión no se revierte, la organización ha agendado una concentración el 9 de mayo, entre las 11.00 y las 13.00 horas, a las puertas del centro.

La familia del residente, así como el propio afectado, han declinado hacer declaraciones alegando temor a posibles represalias. Este medio también se ha puesto en contacto con la dirección del centro para recabar su versión y preguntar qué hechos concretos y documentados sustentan la decisión de expulsión, así como qué garantías de audiencia, defensa y contradicción se han ofrecido previamente al residente, especialmente ante las acusaciones de maltrato. 

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Asimismo, se ha solicitado información sobre qué circunstancias han cambiado para que el centro alegue ahora no poder atender al usuario, y si en esta decisión han influido factores organizativos o económicos vinculados al sistema de cheque-servicio. Igualmente, se ha preguntado si la residencia, acreditada para la atención de grandes dependientes, ha comunicado a la Comunidad su supuesta incapacidad para prestar los cuidados necesarios en este caso y qué respuesta ha recibido antes de plantear la expulsión. Hasta la fecha de publicación de este artículo, no se ha recibido respuesta.