El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) debe 722,3 millones de euros a los hospitales públicos de gestión privada de la Comunidad, según detalla el informe de la Cámara de Cuentas sobre la contabilidad de la región en 2018, un documento que informa por primera vez de este dato que ha permanecido oculto a pesar de que los auditores han alertado de lo elevado de este balance desde hace años.

El informe, fechado el 26 de diciembre de 2019, analiza los gastos e ingresos de la Asamblea de Madrid, la Cámara de Cuentas, la administración de la Comunidad, sus organismos autónomos y el Sermas a lo largo del año pasado.

Según esta contabilidad, realizada con la información facilitada por el Sermas referente a sus previsiones, "las liquidaciones pendientes de los hospitales en concesión (Hospital Infanta Elena de Valdemoro, Hospital de Torrejón, Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, Hospital General de Villalba, Fundación Jiménez Díaz y Hospital Central de la Defensa), y sin perjuicio de la posibilidad de modificación de alguno de los importes hasta el momento de su aprobación definitiva, ascenderían a 64.033 miles de euros del ejercicio 2015 y anteriores, 198.706 miles de euros de 2016, otros 178.698 miles de euros de 2017, y 280.887 miles de euros de 2018".

Se trata de unos importes que, recuerda la Cámara de Cuentas, debieran figurar en el pasivo del balance hasta su reconocimiento presupuestario. "Los anteriores importes se contabilizarán como provisiones en la medida en que subsistan las circunstancias que puedan plantear incertidumbres respecto de la acreditación final de los importes adeudado", añade.

El dinero adeudado por el servicio público de salud madrileño a las empresas que tiene la concesión de estos hospitales no ha dejado de crecer en los últimos años de forma notable. Un fenómeno que podría asociarse a la libre elección de médico, aunque no hay cifras desglosadas de cuántos pacientes que correspondería a la sanidad pública eligen ser atendidos en los centros de gestión público-privada.

La cifras ponen de manifiesto el elevado coste para las arcas públicas de este modelo de gestión y de los efectos de la derivación de pacientes de centros públicos a los privatizados.