En los últimos años, el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) ha enfrentado una creciente crisis por la falta de médicos especialistas, una situación que se ha agudizado a raíz de la pandemia y que ha dejado a muchos ciudadanos sin acceso adecuado a diferentes servicios sanitarios básicos. Este problema, sin embargo, lejos de deberse a una carencia general de médicos o terapeutas, tiene que ver con una distribución desigual entre el sector público y el privado. Siendo la región con más médicos colegiados de todo el país –con una tasa de 624,23 por cada 100.000 habitantes, según el INE–, la plantilla de la Comunidad de Madrid está bajo mínimos.

El número de plazas de especialistas vacantes en el SERMAS ha alcanzado niveles preocupantes. El déficit es evidente en varias áreas cruciales para la salud y el bienestar de los ciudadanos; en particular, para los niños y niñas que necesitan, por ejemplo, Atención Temprana, ámbito donde los tiempos son cruciales y cuyos servicios suponen una cuestión vital.

Los servicios de psicología, fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional, de los que más requieren estos menores, registran enormes listas de espera debido a la falta de profesionales. De acuerdo con los datos oficiales del Portal estadístico de personal del SERMAS, apenas 391 de los 12.652 psicólogos colegiados en Madrid trabajan para la sanidad pública, solo hay 947 fisioterapeutas (de los 12.559), 168 terapeutas ocupacionales (de los 1.734) y 57 logopedas (de los 1.462).

Como consecuencia, el tiempo medio de espera para acceder a sesiones de fisioterapia en el SERMAS supera los seis meses, los pacientes pueden esperar hasta un año para recibir atención logopédica, ocho meses para consultas de psicología, mientras que los tiempos en terapia ocupacional también son prolongados, alcanzando hasta los nueve meses en algunos casos.

Esto contrasta con la situación en el sector privado, donde no solo hay suficiente personal, sino que muchos especialistas prefieren trabajar allí debido a que disponen de mejores condiciones laborales y salarios más competitivos. Por ejemplo, para una consulta con un fisioterapeuta o un logopeda en la sanidad privada de Madrid, el tiempo de espera puede ser de unos pocos días a un par de semanas, dependiendo de la clínica y la demanda específica. Así que quienes no tienen opción porque su vida depende de ello y pueden permitírselo, aunque sea a duras penas, terminan en estos centros porque no les queda otra.

Cuando la vida depende de poder pagar o no a un médico

El testimonio de Óscar es un reflejo de las dificultades que sufren muchos hogares. Para su hija, quien necesita atención especializada para su neurodesarrollo, él y su familia deben desembolsar 579,50 euros mensuales, una gran carga financiera que deben asumir para asegurar la calidad de vida de la pequeña.

En declaraciones para Público, Óscar explica que acuden semanalmente a un centro de atención al desarrollo, donde distintos profesionales sanitarios trabajan con ella de manera conjunta. Con la psicóloga, abordan habilidades sociales, regulación emocional y conducta adaptativa, entre otros aspectos. Este trabajo es muy importante para que la niña pueda avanzar en sus relaciones sociales y aprendizaje.

Además, la logopeda desempeña un papel fundamental en el progreso de la niña en cuestiones de alimentación, abordando la deglución atípica a través de la terapia miofuncional orofacial. Este trabajo no solo mejora su capacidad de masticar y respirar correctamente, sino que también garantiza su seguridad al comer. La terapeuta ocupacional, por su parte, se enfoca en fomentar la autonomía en las actividades diarias como manejar los cubiertos, lavarse los dientes, vestirse y montar en bicicleta. Sin esta asistencia, el desarrollo y la calidad de vida de su hija estarían seriamente comprometidos.

En el mismo tono habla Karina, cuya experiencia también es ilustrativa. Su hijo Adrián, diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne a los tres años, necesitaba urgentemente fisioterapia para ralentizar el progreso de su enfermedad. Sin embargo, la familia se topó con interminables listas de espera y una falta de recursos públicos adecuados, obligándoles a recurrir a servicios privados, difícilmente sostenibles a largo plazo.

Desde el inicio del diagnóstico, la familia tuvo que financiar las terapias de forma privada, pagando 160 euros al mes por sesiones de fisioterapia, mientras esperaban 18 meses para obtener una plaza en el sistema público. Además, a medida que Adrián crecía, las necesidades aumentaban: además de la fisioterapia, requería logopedia, aumentando aún más los gastos. Incluso después de ser admitidos en un colegio público que ofrecía fisioterapia subvencionada, se enfrentaron a la inestabilidad laboral de los terapeutas, lo que afectó negativamente la continuidad del tratamiento de su hijo.

La situación se agrava con la falta de servicios adicionales en la sanidad pública. La fisioterapia ofrecida es insuficiente para las necesidades de Adrián, obligando a la familia a seguir costeando terapias privadas. Otro aspecto que destaca Karina es la falta de apoyo psicológico. La madre de Adrián relata cómo recibió el diagnóstico de la enfermedad grave del menor sin ningún tipo de asistencia emocional, teniendo que depender exclusivamente de una asociación de familias para obtener el apoyo necesario. Esta falta de soporte psicológico no solo afecta a los niños, que empiezan a sentir el impacto de su enfermedad a nivel emocional, sino también a las madres y padres que les cuidan.