Público
Público

El Ebro entra en modo Mar Menor por la contaminación del sector agrario

La Confederación Hidrográfica del Ebro alerta de cómo el regadío y la ganadería intensiva están afectando a más del 75% de los ríos y más del 90% de los acuíferos de una cuenca en la que el deterioro por este motivo tiene ya difícil solución en 32 cauces y 36 sistemas de agua subterránea.

El río Ebro.
El río Ebro.

El horizonte ecológico de la cuenca del Ebro empieza a tener rasgos de Mar Menor, sin tanto ladrillo ni explotación turística como la laguna murciana pero sí con una intensa presión de la agricultura y la ganadería intensivas, dos de los factores principales del desastre ecológico del sureste, que han comenzado a disparar las alarmas por el deterioro ambiental que están provocando.

La propia Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el organismo del Ministerio para la Transición Ecológica que se encarga de la gestión del agua en esa demarcación, llama la atención sobre esa situación en las fichas del ETI (Esquema de Temas Importantes) con el que acaba de comenzar la elaboración del tercer Plan Hidrológico del Ebro y al que se pueden presentar alegaciones hasta el 24 de julio.

"El 79% de las masas de agua superficiales están influidas en mayor o menor grado por presión difusa por carga ganadera, y un 75% de las masas de agua superficiales están influidas en mayor o menor grado por la presión ejercida por la agricultura", señala el documento, que añade que "en las masas de agua subterránea, el 95% de las mismas están influidas en mayor o menor grado por la presión originada por cargas ganaderas y el 92% están influidas en mayor o menor grado por la presión agrícola".

Esas afecciones tienen una intensidad "significativa" en el 20% de las masas de agua superficiales (ríos y lagunas) y en el 32% de las subterráneas (acuíferos), mientras que otras 68 (32 y 36 que suman el 7,3% del total) ya se consideran oficialmente "afectadas por la contaminación", una situación de difícil solución cuando se produce en el medio líquido.

La intensidad es, en cualquier caso, menor de la que se registra en la costa murciana, aunque los propios datos de la CHE constatan que las afecciones están creciendo a un ritmo vertiginoso. Hace unos meses, en el documento inicial del nuevo PHE, el organismo advertía de que más del 60% de las granjas de la cuenca tenían efectos contaminantes sobre los acuíferos de su zona, que recibían al cabo del año casi 129.000 toneladas de nitrógeno.

Purines, abonos, pesticidas y residuos químicos

El documento evalúa con concreción esas presiones agrarias: 3.352.926 hectáreas de superficie labrada, 902.559 de ellas de regadío ubicadas "mayoritariamente en los cursos medios y bajos de los ríos" y 2.085.657 unidades ganaderas (la cifra de cabezas es netamente superior) de porcino, bovino, caprino y ovino concentradas en las cuencas bajas del Segre, el Cinca y el Noguera Ribagorzana.

Esas actividades "generan aguas de retornos de riego e infiltraciones a los acuíferos, procedentes tanto del abono de las tierras de cultivo como de la gestión de los purines de origen ganadero, que producen problemas de contaminación difusa en las aguas subterráneas y superficiales de varias zonas de la cuenca", los cuales "se manifiestan especialmente en la concentración de nitratos, pero también en episodios ocasionales de alta concentración de plaguicidas".

Esos fenómenos, a los que se suma la existencia de siete ríos y lagunas y de un acuífero contaminados por residuos químicos de origen industrial, entre los que destacan Flix, Sabiñánigo y Vitoria (estos dos últimos por la presencia de lindano), han llevado a que hace unos meses la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón detectara la presencia de nitratos en el agua de boca de 34 pueblos (el documento hace referencia a esa problemática). También ha llevado a que la propia CHE estime que 29.269 cuadras (de 45.776) tienen efectos contaminantes en la cuenca, a llamar la atención sobre la creciente presencia de residuos químicos en ríos como el Cinca, el Flumen, el Alcanadre o el Arba desde 2015, y a llevar ya cuatro años reclamando la prohibición del uso de plaguicidas como el clorpirifós, el metolacloro, la atrazina, la terbutilazina, la dicloroanilina y la desetilatrazina por sus efectos en los ecosistemas acuáticos.

Ahora, en el ETI, propone medidas como que el Gobierno regule por decreto el uso de fertilizantes o rebajar las exigencias para la declaración de zonas vulnerables.

"La situación es gravísima"

"La situación a la que se está llegando es gravísima", señala Luis Ferreirim, responsable de Agricultura de Greenpeace, que reclama como medidas urgentes una moratoria para la instalación de granjas de ganadería intensiva y para la ampliación de las existentes, una reducción de la cabaña e iniciar una transición del sector agrario hacia un modelo sostenible.

Coincide con Santiago Martín Barajas, experto en Aguas de Ecologistas en Acción, que reclama también limitar el uso de abonos tanto orgánicos como sintéticos y el empleo de pesticidas en el campo. "La contaminación difusa por la ganadería intensiva y el regadío, que tiene un carácter prácticamente irreversible, está destrozando los sistemas hídricos de toda España. En varios centenares de pueblos de Castilla y León no pueden beber agua del grifo por este motivo", indica.

Ferreirim, por su parte, llama la atención sobre otros efectos contaminantes de la ganadería intensiva, como son las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente intensas en el caso del ganado bovino, que se suman a la abundante producción de nitratos del porcino.

En este caso, explica, "es un problema más de modelo general que de un sector en concreto", ya que "el consumo local de carne es bajo en España. Hay un excedente del doble de la que se come, que va a la exportación mientras la contaminación se queda aquí".

Los efectos contaminantes de esa intensa actividad productiva han llevado a mover ficha a la Comisión Europea, que ya envió al Gobierno español una carta de emplazamiento por los elevados niveles de residuos de nitratos y de amoniaco procedentes de la ganadería en los ríos y acuíferos. De no reducirlos, el Estado se expone a una multa millonaria en ese procedimiento de infracción.

Más noticias de Política y Sociedad