Ecologistas llevará a los tribunales los permisos para la mina en Aznalcóllar y pone en duda el rigor en los controles

Ecologistas en Acción ha puesto en duda este jueves el rigor de la Junta de Andalucía a la hora de controlar los riesgos ambientales asociados al proyecto de apertura de una nueva mina en Aznalcóllar (Sevilla).

Este mismo jueves, el Gobierno andaluz ha avanzado en la tramitación de las autorizaciones que de él dependen, con la Autorización Ambiental Unificada. El Ejecutivo, que está decidido a abrir la explotación, prevé culminar los pasos del proceso administrativo en el último trimestre de este mismo año, según recoge Europa Press.

La organización conservacionista tiene previsto, según manifestó a Público Isidoro Albarreal, del área de minería, recurrir en los tribunales las autorizaciones —de la Junta, de la Confederación del Guadalquivir, además de las municipales— para que la mina pueda operar a pleno rendimiento.

El enclave sufrió uno de los mayores desastres en 1998 con el vertido de lodos tóxicos que acabaron en el Parque Nacional de Doñana y los Ecologistas rechazan de plano el nuevo proyecto.

La alternativa que plantean es una gestión pública de los pasivos medioambientales y la restauración de todo el recinto minero, lo que "también daría puestos de trabajo". "En Aznalcóllar hay 10.000 hectáreas de monte público de la Junta de Andalucía", que podrían usarse para generar beneficios a la comarca, dijo Albarreal.

Hay además un juicio pendiente en la Audiencia de Sevilla contra 14 funcionarios, que se resolverá el año próximo, por la adjudicación a la empresa, que fue denunciada.

"Estamos hablando de un sitio donde se produjo un desastre y estamos viendo que no hay control ni rigor. En Ecologistas tenemos gran desconfianza respeto al control del Gobierno", manifestó el representante de la organización ecologísta.

Albarreal afirmó en una rueda de prensa en Sevilla que el proyecto, que gestiona la empresa Minera Los Frailes, "va a convertir la antigua corta de Aznalcóllar en una balsa de lodos durante 17 años".

El Gobierno andaluz ha venido defendiendo, al contrario que los ecologistas, que la minería actual "no tiene nada que ver con la de hace 25 0 30 años". La de ahora, ha manifestado el consejero Jorge Paradela es "completamente respetuosa con el medio ambiente" y existen notables incorporaciones tecnológicas.

La Junta también ha asegurado que las pruebas analíticas de agua en la antigua corta minera y en el río "iban a ser exhaustivas". Ecologistas considera, empero, que esto está lejos de la realidad y reducen los análisis previstos por el Gobierno al 10% de los predichos.

Incumpliendo "desde 2015"

El portavoz ecologista manifestó también que la minera "lleva incumpliendo desde 2015". Albarreal puso el ejemplo de la depuradora. "Las aguas se han estado vertiendo sin control a la cuenca del Guadiamar o a las propias cortas mineras, aumentando el nivel de agua en las mismas", denuncia Ecologistas.

Cuando se otorgaron los derechos mineros, afirmó Albarreal, se obligó a la empresa "a cumplir con una serie de obligaciones de mantenimiento de los pasivos ambientales". La responsabilidad, a juicio de Ecologistas, del "incumplimiento por omisión corresponde a la Junta de Andalucía y a la Confederación del Guadalquivir [que depende del Gobierno] que no ha controlado esos vertidos en la cuenca del Guadiamar".

Albarreal añadió además que "las continuas aseveraciones de que el agua que se pretende verter en el Guadalquivir es agua casi potable, son rotundamente falsas".

"Es evidente que si esa agua tuviera la calidad que se anuncia, no sería necesario la construcción de una tubería de 30 kilómetros para verter al Guadalquivir, sino que se reutilizaría esa gran cantidad de agua, por ejemplo para usos de regadío o medioambientales, o se vertería en algún punto más cercano del recinto minero", agregó.

La empresa ha asegurado, por el contrario, que su proyecto "se ajusta a las exigencias de un riguroso proceso de tramitación ambiental que garantiza la seguridad y la sostenibilidad de sus operaciones".

Sobre la tubería, afirma la compañía, que esta va a estar "permanentemente monitorizada para asegurar la calidad del agua", y que la mina "contará con un plan de vigilancia independiente a la empresa, con control diario del agua".

"El proyecto cumple así —asegura la empresa— con los requisitos de minería moderna con reducción del impacto ambiental, desarrollo de una economía circular y compromiso con la comunidad del entorno, cumpliendo con el impulso de desarrollo sostenible y uso de las mejores técnicas disponibles".

"También se elimina la existencia de presas de lodo al aprovecharse éstos en el relleno de la mina interior y la restauración de la corta de Aznalcóllar", añadía la empresa.

Para Ecologistas, esto no es cierto. "Solo el 50% de los lodos mineros generados en la nueva explotación subterránea van a ser usados como relleno para las galerías subterráneas que se vayan abandonando; el otro 50% va a ser depositado en la corta de Aznalcóllar, reconvertida por tanto en una balsa de lodos encubierta".