El último borrador de la controvertida Ley de Universidades del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recoge algunas concesiones a los rectores de las seis universidades públicas madrileñas, aunque la comunidad universitaria las considera "insuficientes" y prepara nuevas movilizaciones ante la posible vulneración de derechos constitucionales.

El nuevo borrador, del 28 de noviembre, aterrizó en los rectorados tras una reunión de la presidenta madrileña y el consejero de Educación, Emilio Viciana, con los rectores, y después de una huelga de dos días que tuvo un seguimiento medio de casi el 70%, seguida de una manifestación el jueves pasado en la que más de 6.500 personas pedían más financiación para las universidades.

El anteproyecto de 168 páginas de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencias (LESUC), introduce "pocos cambios" respecto a la versión anterior del 7 de octubre, y los rectores tienen de plazo hasta este mismo viernes para alegar, han indicado fuentes académicas cercanas al proceso.

La parte inicial que justifica la regulación conjunta de todas las enseñanzas superiores -universitarias, artísticas y FP- queda "prácticamente igual", y se mantienen las instituciones públicas y privadas "al mismo nivel", critican las mismas fuentes.

Así, se prevé la impartición conjunta de doctorados, el reconocimiento mutuo de créditos para favorecer la movilidad entre centros, además de poner a disposición las aulas, laboratorios e instalaciones universitarias a todos los centros de enseñanza superior públicos o privados (artículo 8).

El distrito único de prácticas, aunque busca "facilitar que estudiantes de centros privados las hagan en instituciones públicas", en el nuevo texto deja la rama sanitaria en manos de los convenios específicos de cada institución.

Entre los cambios en materia de financiación (Título V), dentro de la "corresponsabilidad de las universidades en la obtención de recursos", desaparece la referencia al porcentaje del 30% que estas debían obtener de fuentes ajenas a la Comunidad de Madrid, aunque se mantiene el “compromiso de incremento gradual" de los ingresos, pudiéndose "constituir fondos de inversión", patrocinios y mecenazgos.

También desaparece la Oficina de Control Económico y Presupuestario, un órgano externo previsto inicialmente, así como la figura del Interventor, y el control económico se hará internamente por las universidades (artículo 88).

Sin embargo, el Gobierno regional mantiene el control de los Consejos Sociales de las universidades con "ocho miembros, cuatro nombrados por el consejero de Educación y cuatro por la mayoría de la Asamblea de Madrid", frente a cuatro representantes universitarios, según expertos consultados.

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Y aunque en el nuevo Consejo de Enseñanzas Superiores de la Comunidad de Madrid crece la representación de las seis universidades públicas, en la Comisión de Coordinación universitaria las privadas, que actualmente son trece en la región, aumentan de 3 a 4 representantes.

El polémico régimen sancionador que prevé elevadas multas por realizar protestas o colgar carteles no autorizados en los campus pasa a denominarse 'Supervisión y consecuencias jurídicas de los incumplimientos' (artículo 51).

Sin embargo, mantiene sanciones de hasta 300.000 euros por infracciones muy graves; de hasta 100.000 € por las graves y desde 300 a 15.000 euros por las leves.

 Posible inconstitucionalidad  

Desde la comunidad universitaria se estudia la posible inconstitucionalidad de la LESUC por violación de la autonomía universitaria, protegida en la Constitución Española, y de las libertades fundamentales de expresión, asociación y de reunión, explican desde la Coordinadora de plataformas en defensa de las Universidades públicas.

También supondría una vulneración "del carácter público del servicio que se presta", en concreto del derecho a la educación pública (artículo 27 de la Constitución), al exigir explícitamente a las universidades "una gradual renuncia a la financiación pública".

Consideran además que la "vaguedad y ambigüedad de las conductas sancionables abren la puerta a la arbitrariedad", violando también el principio constitucional de legalidad, según los docentes de Derecho que están analizando el borrador.

Por otra parte, critican que se dedique a la investigación 29 páginas de un total de 168, muchas de ellas dedicadas a "crear nuevos organismos administrativos" y funciones de control.