Cuando ir a la huelga es un riesgo: cinco de las seis universidades públicas de Madrid todavía no han regulado los paros del alumnado

La huelga de estudiantes no está regulada formalmente en la normativa interna en cinco de las seis universidades públicas madrileñas. Es decir, podría no contemplarse como una causa justificada para que el alumnado falte a clase o a exámenes salvo en la Universidad Complutense, donde sí hay un reglamento interno. Esto es lo que le ocurrió a miles de estudiantes en los paros de los pasados 26 y 27 de noviembre de 2025.

Esta falta de reglamento interno se evidenció en la víspera del paro convocado contra la asfixia de la educación pública de noviembre. Los estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) recibieron una advertencia por parte de su Delegación de Estudiantes. "Queremos ser completamente transparentes: al no existir aún una regulación interna, no se puede garantizar ningún derecho académico asociado al paro", aseguraba un correo electrónico enviado por la Delegación al que ha tenido acceso Público. Aunque se llamaba a la huelga de los estudiantes, la Delegación aclaraba que los alumnos estaban desprotegidos. "Esto significa que el profesorado no está obligado a justificar faltas de asistencia, aplazar evaluaciones u otras medidas similares", explicaba el mensaje. 

El derecho al paro académico es el mecanismo que permite cesar las clases voluntariamente para ejercer la protesta estudiantil sin consecuencias académicas. Este derecho está reconocido por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). La ley, que se aprobó en 2023, deja a disposición de cada institución que se desarrollen las condiciones para ejercer el paro académico, desde su aprobación hasta su declaración. Sin embargo, la única universidad en Madrid que ha regulado internamente este derecho ha sido la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en un texto aprobado el pasado mes de julio. 

En una nota de prensa conjunta emitida antes de la huelga de noviembre, los seis Consejos de estudiantes insistían que, sin la regulación del paro académico, la protesta del estudiantado "carece de protección efectiva". Sin embargo, hubo rectorados que aún así secundaron la convocatoria en sus universidades. Por ejemplo, los Consejos de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Autónoma indicaron que habían recibido el visto bueno por parte del rectorado, aunque no hubiera un texto que lo regulase. Desde el consejo de la Universidad Politécnica, por otra parte, también se apoyaba las movilizaciones pero no se convocaba el paro porque su regulación está en negociación. Mientras que los consejos de la UC3M y la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) apoyaban el paro a pesar de no haberlo desarrollado en su normativa ni estar negociando un texto.

Las negociaciones con las universidades

Marta Díaz, presidenta del Consejo de Estudiantes de la UAH asegura a Público que muchos universitarios quieren hacer huelga contra la Ley de Enseñanzas Superiores Universidades y Ciencia (LESUC) que plantea el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. "Pero muchos de ellos no saben qué hacer porque no hay nada que les ampare ni les justifique las faltas", explica.

"Nosotros no tenemos la facilidad que tiene la Complutense para convocar un paro", añade Díaz, quien explica que en su universidad se está planteando un paro híbrido en el que "siga habiendo clases, pero la gente que quiera faltar pueda hacerlo".  De esta forma, explica, no se quitaría clases al alumnado que no quiera acudir a la huelga. La presidenta del Consejo asegura que quieren "sacar cuanto antes" el texto porque creen que las movilizaciones en Madrid van a continuar "dada la situación y la respuesta de la Comunidad". 

La Universidad de Alcalá de Henares, por su parte, asegura a este diario que han dado el visto bueno a una primera versión de la norma y están dispuestos a aprobarla, pero que su retraso se debe, según su versión, a una falta de acuerdo entre los estudiantes del Consejo sobre detalles de la convocatoria del paro académico. 

La universidad Carlos III de Madrid tampoco ha regulado el paro académico de los estudiantes. Jorge Rodal, delegado general de la UC3M, explica a este diario que su Consejo de estudiantes presentó un borrador de la regulación del paro hace dos años. Pero, a pesar de la voluntad y la presión del Consejo para sacarlo adelante, una reforma de estatutos internos y la presentación de la LESUC han hecho que el rectorado aparque su aprobación. "Se decidió no cerrar un texto ni aprobarlo hasta que estuviese aprobada la LESUC", explica el delegado a Público. 

Hasta ahora, entre otras medidas, la ley que plantea el Gobierno de la Comunidad de Madrid contempla sanciones de miles de euros por manifestaciones estudiantiles en las universidades. Por eso, entre otros motivos, el reglamento para el paro académico en la UC3M todavía no existe. 

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"No queríamos aprobar nada que pudiese contradecirla y queríamos ver qué iba a hacer la Comunidad de Madrid para, a raíz de eso, poder regular el paro académico. Aunque entendemos las justificaciones del Rectorado, si fuese por el Consejo de Estudiantes el texto saldría ya", confiesa Jorge Rodal a este medio.

Público ha tratado de ponerse en contacto con la UC3M para conocer su versión oficial, pero no ha recibido una respuesta en la fecha de publicación de este artículo.

Los estudiantes seguirán reivindicando

Por su parte, el delegado de la UC3M considera que no tener esta normativa desarrollada no ha disuadido a los estudiantes de acudir a la huelga. De hecho, confía en la buena voluntad y flexibilidad de los profesores para no impedir este derecho. Pero, Marta Díaz considera que es "un punto contra los estudiantes" en universidades en las que apenas hay movilización.

En la UC3M, Mónica, estudiante de administración de empresas, fue una de las personas que se vio obligada a acudir a clase el jueves 27 de noviembre, en plena huelga estudiantil. Su profesor anunció en un correo electrónico que ese día iba a hacer un examen parcial y aseguraba que daría indicaciones muy importantes, que no repetiría, para un trabajo final. Aunque de las dos clases que tenía, una fue cancelada por voluntad del profesor, la estudiante tuvo que desplazarse a Getafe mientras miles de personas se manifestaban en las calles de Madrid. 

En vista de que la situación de Mónica no fue una excepción, la Universidad Complutense aceleró las negociaciones con el Rectorado para aprobar una normativa antes de que comenzara el curso académico. "Nosotros teníamos en mente la situación que venía y que íbamos a necesitar este instrumento", explica a Público Pablo Pezo, presidente de la Delegación Central de Estudiantes de la UCM. "Esto no es un invento, es lo mínimo que hay que hacer por ley". 

Para Pezo es importante que las universidades sean un espacio donde "el estudiantado se pueda expresar políticamente, que no de manera partidista", aclara. "Los estudiantes no son ajenos a lo que pasa y deben tener herramientas para manifestarse o dar su opinión", concluye el presidente de la Delegación.

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Sin embargo, es probable que miles de estudiantes matriculados en las universidades públicas de Madrid vean cómo se aprueba la LESUC sin contar con las herramientas necesarias para poder manifestarse contra ella.